ALFINALDELAPALMERA
El abogado de Manuel Ruiz de Lopera, ex consejero delegado del Betis, ha pedido a la juez Mercedes Alaya que le devuelva los derechos sobre sus acciones y releve al administrador judicial, cuya existencia cree innecesaria ante la "intensa fiscalización" a que está sometido el club por el concurso de acreedores. En un escrito al que ha tenido acceso Efe, el abogado de Lopera, del bufete Montero-Aramburu, dice que el concurso voluntario de acreedores en que se encuentra el Betis otorga "amplias posibilidades de control a la administración concursal", por lo que "se hace materialmente inviable cualquier supuesto de ejercicio delictivo del poder ni de administración desleal". Al mismo tiempo, el administrador nombrado por el Juzgado de lo Mercantil "protege la integridad patrimonial de la sociedad frente a cualquier tipo de acto de sus administradores sociales". Por ello, la defensa de Lopera pide que la juez de instrucción 6 cese al abogado José Antonio Bosch como administrador judicial de sus acciones, cargo que desde el pasado 10 de marzo ejerce en exclusividad tras el cese del ex futbolista Rafael Gordillo y el economista Carlos Ruiz de Huidobro, nombrados en julio de 2010.
Además, reclama que deje sin efecto las medidas cautelares relativas a la suspensión de sus derechos políticos sobre las acciones de su empresa FARUSA en el Real Betis, pues la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé el levantamiento de las medidas cautelares "cuando sobrevengan nuevos hechos que no pudieron tenerse en cuenta en el momento de su acuerdo". En la actualidad, "con el nombramiento de la administración concursal sobre el Real Betis se da sobrado cumplimiento a los fines perseguidos por las medidas cautelares acordada", según la defensa. Señala en su escrito que esta reflexión "resulta especialmente trascendente" a la vista del informe del fiscal en el que consideró que los 12.000 euros mensuales que la jueza ha fijado como emolumentos de los administradores "han de pesar exclusivamente sobre el Estado o, en su caso, la Administración Autonómica, pero no sobre el patrimonio del imputado". Lopera está imputado de delitos societarios en base a un informe pericial que cifró en más de 12 millones de euros los perjuicios al Betis causados por su gestión.
El abogado de Manuel Ruiz de Lopera, ex consejero delegado del Betis, ha pedido a la juez Mercedes Alaya que le devuelva los derechos sobre sus acciones y releve al administrador judicial, cuya existencia cree innecesaria ante la "intensa fiscalización" a que está sometido el club por el concurso de acreedores. En un escrito al que ha tenido acceso Efe, el abogado de Lopera, del bufete Montero-Aramburu, dice que el concurso voluntario de acreedores en que se encuentra el Betis otorga "amplias posibilidades de control a la administración concursal", por lo que "se hace materialmente inviable cualquier supuesto de ejercicio delictivo del poder ni de administración desleal". Al mismo tiempo, el administrador nombrado por el Juzgado de lo Mercantil "protege la integridad patrimonial de la sociedad frente a cualquier tipo de acto de sus administradores sociales". Por ello, la defensa de Lopera pide que la juez de instrucción 6 cese al abogado José Antonio Bosch como administrador judicial de sus acciones, cargo que desde el pasado 10 de marzo ejerce en exclusividad tras el cese del ex futbolista Rafael Gordillo y el economista Carlos Ruiz de Huidobro, nombrados en julio de 2010.
Además, reclama que deje sin efecto las medidas cautelares relativas a la suspensión de sus derechos políticos sobre las acciones de su empresa FARUSA en el Real Betis, pues la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé el levantamiento de las medidas cautelares "cuando sobrevengan nuevos hechos que no pudieron tenerse en cuenta en el momento de su acuerdo". En la actualidad, "con el nombramiento de la administración concursal sobre el Real Betis se da sobrado cumplimiento a los fines perseguidos por las medidas cautelares acordada", según la defensa. Señala en su escrito que esta reflexión "resulta especialmente trascendente" a la vista del informe del fiscal en el que consideró que los 12.000 euros mensuales que la jueza ha fijado como emolumentos de los administradores "han de pesar exclusivamente sobre el Estado o, en su caso, la Administración Autonómica, pero no sobre el patrimonio del imputado". Lopera está imputado de delitos societarios en base a un informe pericial que cifró en más de 12 millones de euros los perjuicios al Betis causados por su gestión.
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