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El aval de los pisos de Roquetas

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  • El aval de los pisos de Roquetas

    En noviembre del año pasado Farusa presentó en un juzgado de primera instancia de Madrid dos demandas en las que reclamaba 500.000 y 800.000 euros, respectivamente, por los impagos de Bitton Sport en la operación de venta de sus acciones en el Betis, que suman el 51,34 por ciento del total del club. En estas demandas se recogen los fundamentos que esgrime Manuel Ruiz de Lopera para exigir dicho pago pero no es eso lo más curioso y llamativo, sino que la atención se desvía rápidamente hacia la relación de bienes con los que se había avalado una operación de compra-venta cifrada en 16 millones de euros de los que los anteriormente reseñados se referían al segundo y tercer plazo. La lista es, simplemente, ridícula por cuanto Bitton no presentaba solvencia alguna y sólo las avalistas Dinaqua y Financiación, Desarrollo y Gestión mostraban alguna propiedad, pero éstas eran poco menos que figurativas en un negocio de tanto calado.
    Desde participaciones sociales en empresas no sólo de dudosa solvencia sino ya en quiebra como El Bosque de Aljarafe o en El Reino de Don Quijote de La Mancha, un proyecto urbanístico varado desde hace años, hasta tres pisos en construcción en la localidad almeriense de Roquetas de Mar cuyo tamaño no sería superior a los 40 metros cuadrados. Además, los propios letrados de Lopera consideran «insuficientes» los bienes señalados para los fines de la ejecución, con lo que solicitaban que se investigaran las propiedades de estas sociedades y del propio Luis Oliver, como se puede leer en ABC de Sevilla.



    En estas dos demandas ejecutivas se puede comprobar la evidente insolvencia de Oliver y las empresas con las que operó la compra de las acciones de Farusa en una transacción que puede tomarse como ficticia no sólo por estos documentos, sino por el amplio informe pericial y las consideraciones de la juez Alaya y la Audiencia Provincial en sus más recientes autos. La falta de solvencia para hacer frente a una deuda teóricamente menor como era la referente a los primeros pagos, que alcanzaban 1,3 millones de euros, evidencia que la operación estaba marcada por un halo de sospecha desde el inicio hasta que la Audiencia ha tumbado las opciones de Oliver y su grupo, que ya anunciaron que se rendían en su lucha por seguir en el Betis pero que amenazaban con denuncias a Lopera de las que aún no se tiene noticia.

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