El juez Eduardo Gómez López, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, hizo ayer público el auto de declaración de concurso de acreedores voluntario del Real Betis Balompié. El escrito, con fecha del pasado viernes 14 de enero y entregado ayer a las partes, confirma el procedimiento iniciado por el club a finales de octubre cuando solicitó el acogimiento en lo que anteriormente se conocía como suspensión de pagos debido a las altas deudas de la entidad que le impedían desarrollar normalmente su devenir como empresa. En el auto de Gómez López se recogen varios datos ya adelantados por abcdesevilla.es el miércoles de la semana pasada, en el que se recoge el nombre de dos de los administradores concursales, el abogado Antonio González Díaz, el que fuera presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas del Betis que dio paso al trascendental cambio en el consejo de administración, y el economista Francisco Tato Jiménez, que pertenece a Sánchez-Mejías Tato Auditores.
El juez se reservó la designación del tercer administrador, que saldrá de la enorme relación de acreedores, y que no tiene por qué ser el principal, que es la Agencia Tributaria, ya que puede ser cualquiera con un crédito ordinario. Por tanto, quizás sea elegido por los actuales y ex jugadores o por los clubes afectados. Los honorarios de los administradores están por decidir y de ellos se hará cargo el Betis. Sin embargo, el dato fundamental residía en la fecha en la que el Betis entraba definitivamente en el concurso y es el 14 de enero, con lo que todos los movimientos que haga la entidad a partir de este momento estarán bajo la supervisión de la administración concursal, que se une a la judicial que lleva en marcha desde verano cuando la juez Mercedes Alaya decidió la intervención del paquete mayoritario de acciones, lo que supuso el cambio del gobierno de la entidad, hoy presidida por Rafael Gordillo. El auto, entonces, produce de inmediato los efectos previstos en la Ley Concursal para la declaración de concurso.
En el escrito, al que tuvo acceso ABC, Gómez López señala que con la documentación que presentó el Betis para acogerse al concurso "se desprende el estado de insolvencia del deudor", ya que reconocía que debía pagarle a sus acreedores 58,1 millones de euros, una cantidad que ha podido crecer en este tiempo, y declara el concurso como "voluntario", al ser solicitado por el propio club. Al ser de esta manera, el juez tenía la potestad de intervenir o suspender las facultades de los gestores de la entidad, el consejo de administración, pero se ha decidido mantenerlas pero con una supervisión realmente muy estricta debido a la posible inestabilidad que pueda producirse por futuras decisiones judiciales, inquietud que recoge el mismo auto, ya que aclara que al haber "procedimientos penales que pueden tener una importante incidencia en la composición del órgano de administración de la sociedad" (refiriéndose a la inminente decisión de la Audiencia Provincial sobre el recurso contra el auto de medidas cautelares decretado por la juez Alaya) y "para evitar que tales posibles cambios puedan afectar al devenir de este procedimiento, se acuerda que el deudor (Betis) conserve las facultades de administración y disposición de su patrimonio, sometido en su ejercicio a la intervención de los administradores del concurso mediante su autorización o conformidad", pero hace unas precisiones que son las realmente relevantes en este sentido: que cualquier convocatoria de junta o asamblea debe ser comunicada a estos administradores, quienes tendrán derecho de asistencia y voz; que los acuerdos de la junta o asamblea de contenido patrimonial o cuando tengan relevancia para el concurso sólo podrán ser ejecutados con la autorización de la administración concursal; y que la administración concursal llevará un control exhaustivo de la entidad mediante el traslado, cada quince días, de los movimientos de las cuentas corrientes del Betis, debiéndose comunidcar previamente a la administración concursal la apertura de nuevas cuentas. De esta manera, cualquier acción relevante en la entidad será supervisada por estos administradores para proteger el buen gobierno del Betis, ya sea por parte del actual consejo o si se produce el regreso del equipo de Luis Oliver tras la decisión de la Audiencia.
A partir de que se publique la declaración de concurso en el Boletín Oficial del Estado (algo que debe producirse en unos días) se abre un periodo de un mes por el cual los acreedores deben ir comunicando a los administradores concursales la existencia de sus créditos. Deberán hacerlo directamente al despacho de González Díaz, aunque la administración concursal realizará "una comunicación individualizada" a cada uno de los acreedores para comunicarles que forman parte de la lista de acreedores y que deben presentar la comunicación correspondente para "la entrega directa de los créditos". Todo ello se recoge en la redacción de la nueva Ley Concursal. Además, se señala que el Betis está obligado a presentarse en el Juzgado número 1 cuantas veces le sea requerido, y que tanto el Fogasa como la LFP y la RFEF han sido informados de este procedimiento. La administración concursal tiene entonces un plazo de dos meses para presentar el listado de acreedores una vez efectuado su análisis y que se hayan cotejado las deudas reclamadas con las que reconoce la entidad.
El hecho de que el Betis esté ya en el concurso de acreedores es valorado como positivo por parte de los actuales miembros del consejo de administración, dado que la capacidad de maniobra era prácticamente nula para un club con estos peajes económicos que llegan como herencia de la nefasta gestión en los últimos años de Manuel Ruiz de Lopera y, más recientemente, de Luis Oliver. De hecho, con la confirmación de la entrada en concurso se habilita ya al Betis para poder abrir su libro de inscripciones, por lo que podría fichar ya en este mercado invernal y darle ficha del primer equipo a jugadores del filial, como pretendía Mel. La AFE ya ha expresado su queja por la entrada del Betis en el concurso y ha manifestado su insistencia en que la ley está en trámite de ser renovada, pero no tendrá carácter retroactivo y, por lo tanto, no debe afectar al nuevo escenario en el que moverá a partir de ahora el club, que beneficia notablemente a su viabilidad.
El juez hace público el auto del concurso y protege al club ante la decisión de la Audiencia
El juez se reservó la designación del tercer administrador, que saldrá de la enorme relación de acreedores, y que no tiene por qué ser el principal, que es la Agencia Tributaria, ya que puede ser cualquiera con un crédito ordinario. Por tanto, quizás sea elegido por los actuales y ex jugadores o por los clubes afectados. Los honorarios de los administradores están por decidir y de ellos se hará cargo el Betis. Sin embargo, el dato fundamental residía en la fecha en la que el Betis entraba definitivamente en el concurso y es el 14 de enero, con lo que todos los movimientos que haga la entidad a partir de este momento estarán bajo la supervisión de la administración concursal, que se une a la judicial que lleva en marcha desde verano cuando la juez Mercedes Alaya decidió la intervención del paquete mayoritario de acciones, lo que supuso el cambio del gobierno de la entidad, hoy presidida por Rafael Gordillo. El auto, entonces, produce de inmediato los efectos previstos en la Ley Concursal para la declaración de concurso.
En el escrito, al que tuvo acceso ABC, Gómez López señala que con la documentación que presentó el Betis para acogerse al concurso "se desprende el estado de insolvencia del deudor", ya que reconocía que debía pagarle a sus acreedores 58,1 millones de euros, una cantidad que ha podido crecer en este tiempo, y declara el concurso como "voluntario", al ser solicitado por el propio club. Al ser de esta manera, el juez tenía la potestad de intervenir o suspender las facultades de los gestores de la entidad, el consejo de administración, pero se ha decidido mantenerlas pero con una supervisión realmente muy estricta debido a la posible inestabilidad que pueda producirse por futuras decisiones judiciales, inquietud que recoge el mismo auto, ya que aclara que al haber "procedimientos penales que pueden tener una importante incidencia en la composición del órgano de administración de la sociedad" (refiriéndose a la inminente decisión de la Audiencia Provincial sobre el recurso contra el auto de medidas cautelares decretado por la juez Alaya) y "para evitar que tales posibles cambios puedan afectar al devenir de este procedimiento, se acuerda que el deudor (Betis) conserve las facultades de administración y disposición de su patrimonio, sometido en su ejercicio a la intervención de los administradores del concurso mediante su autorización o conformidad", pero hace unas precisiones que son las realmente relevantes en este sentido: que cualquier convocatoria de junta o asamblea debe ser comunicada a estos administradores, quienes tendrán derecho de asistencia y voz; que los acuerdos de la junta o asamblea de contenido patrimonial o cuando tengan relevancia para el concurso sólo podrán ser ejecutados con la autorización de la administración concursal; y que la administración concursal llevará un control exhaustivo de la entidad mediante el traslado, cada quince días, de los movimientos de las cuentas corrientes del Betis, debiéndose comunidcar previamente a la administración concursal la apertura de nuevas cuentas. De esta manera, cualquier acción relevante en la entidad será supervisada por estos administradores para proteger el buen gobierno del Betis, ya sea por parte del actual consejo o si se produce el regreso del equipo de Luis Oliver tras la decisión de la Audiencia.
A partir de que se publique la declaración de concurso en el Boletín Oficial del Estado (algo que debe producirse en unos días) se abre un periodo de un mes por el cual los acreedores deben ir comunicando a los administradores concursales la existencia de sus créditos. Deberán hacerlo directamente al despacho de González Díaz, aunque la administración concursal realizará "una comunicación individualizada" a cada uno de los acreedores para comunicarles que forman parte de la lista de acreedores y que deben presentar la comunicación correspondente para "la entrega directa de los créditos". Todo ello se recoge en la redacción de la nueva Ley Concursal. Además, se señala que el Betis está obligado a presentarse en el Juzgado número 1 cuantas veces le sea requerido, y que tanto el Fogasa como la LFP y la RFEF han sido informados de este procedimiento. La administración concursal tiene entonces un plazo de dos meses para presentar el listado de acreedores una vez efectuado su análisis y que se hayan cotejado las deudas reclamadas con las que reconoce la entidad.
El hecho de que el Betis esté ya en el concurso de acreedores es valorado como positivo por parte de los actuales miembros del consejo de administración, dado que la capacidad de maniobra era prácticamente nula para un club con estos peajes económicos que llegan como herencia de la nefasta gestión en los últimos años de Manuel Ruiz de Lopera y, más recientemente, de Luis Oliver. De hecho, con la confirmación de la entrada en concurso se habilita ya al Betis para poder abrir su libro de inscripciones, por lo que podría fichar ya en este mercado invernal y darle ficha del primer equipo a jugadores del filial, como pretendía Mel. La AFE ya ha expresado su queja por la entrada del Betis en el concurso y ha manifestado su insistencia en que la ley está en trámite de ser renovada, pero no tendrá carácter retroactivo y, por lo tanto, no debe afectar al nuevo escenario en el que moverá a partir de ahora el club, que beneficia notablemente a su viabilidad.
El juez hace público el auto del concurso y protege al club ante la decisión de la Audiencia