El Consejo de Administración del Real Betis Balompié SAD ha tenido conocimiento a través de diversos medios de comunicación social del estado de absoluta paralización procesal de todos los recursos presentados por la defensa y el Ministerio Fiscal en el marco del procedimiento que por presunto delito societario se sigue en el Juzgado de instrucción nº 6 de Sevilla.


En efecto, se informaba que ninguna de las impugnaciones sobre las medidas cautelares adoptadas y que afectan directamente al Real Betis Balompié SAD han sido resueltos en reforma ni tramitados ante la Audiencia Provincial, siendo que la fecha de los primeros se remontan ya a cinco meses. Esta circunstancia resulta especialmente grave y alarmante por cuanto se atropellan e ignoran los derechos fundamentales de los perjudicados por tales cautelas, a una tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, ambos consagrados en la Constitución Española. La sobrecarga puntual de trabajo que pudiera pesar sobre el citado órgano judicial no es excusa válida cuando se trata de activar un sencillo y simple mecanismo procesal consistente en remitir los recursos directos de apelación al Tribunal correspondiente. Debe entenderse por tanto que la dilación durante casi medio año de estos trámites obedece únicamente a la voluntad consciente de retrasar al máximo la resolución definitiva sobre tales medidas cautelares y que corresponde a la Audiencia Provincial de Sevilla.


Así, dado que tanto si se confirman como si son revocadas las mismas, el contexto de incertidumbre e inestabilidad se acrecienta, tan injustificada y arbitraria demora sólo puede irrogar perjuicios a esta entidad. Por ello este Consejo de Administración como actual órgano rector y asimismo sus consejeros a título individual se reservan expresamente el ejercicio de cuantas acciones jurídicas en derecho procedan sobre reclamación por los daños que tanto al club como a ellos mismos pudieran serle infligidos.