El discurso de Luis Oliver no convence a los administradores designados por la jueza Alaya, que piensan ir al Juzgado de lo Mercantil para apoyar la petición de la oposición de que haya una junta de accionistas lo antes posible.
Durante la media hora larga que duró su comparecencia, Luis Oliver tuvo tiempo para los administradores de las acciones de Farusa. "Hay palmos y palmos de papeles que ha costado mucho preparar pero que todavía no han venido a ver", protestó. Juan Manuel Gómez Porrúa y Rafael Gordillo, en cambio, llevan semanas lamentando la nula disposición del Betis a darles los documentos que ellos piden. "A Oliver lo consideraba una persona elegante no sólo en los ademanes y en la forma de vestir y peinarse, pero la información que le pedimos seguimos sin tenerla", denunció ayer Porrúa en Canal Sur.
El abogado, alejado de su tradicional postura diplomática, incluso anunció que acudirá al Juzgado de lo Mercantil número 1 para respaldar la petición de los grupos de oposición de celebrar una junta extraordinaria de accionistas. "Nuestra intención es vernos con el juez y decirle que haremos todo lo posible por favorecer que la junta se celebre, incluso avalaremos la solicitud si nos lo pide el magistrado. Intentaremos que se celebre otra junta mucho antes del 30 de noviembre", dijo. Porrúa, de hecho, añadió que "no hay ninguna garantía de que el 30 de noviembre se vaya a celebrar la junta".
En cuanto a la teoría de Oliver de que el poder de los interventores se restringe a las asambleas, Porrúa le replicó con el mismo ejemplo que acostumbra a usar el navarro: Telefónica. "Si en vez de ser un simple accionista de Telefónica tuviese el 51% del capital social, no sólo tendría que llamar al presidente, sino que el consejo de administración se le pondría a sus pies. No somos unos simples accionistas, somos los administradores judiciales del 51% del Betis y realizamos un empeño que nos ha mandado una jueza. Algunos no lo han querido entender y otros que lo entienden han echado balones fuera", criticó. Y si Oliver argumenta que para qué va a dar datos económicos a un hombre que no es economista, Porrúa le recuerda que es "abogado mercantilista y catedrático". "Tengo conocimientos contables. Eso sólo es una excusa de última hora. La primera era que esa información no existía", relató.
Gordillo también lanzó una advertencia: "La jueza ha sido benévola, porque ha hecho todo lo posible por evitar la intervención del club". Y por supuesto fue muy ácido con los consejeros del club: "Todas las reuniones que hemos tenido con ellos eran una comedia. Se veía que algo tramaban". Se refería al retraso de la junta, claro.
Durante la media hora larga que duró su comparecencia, Luis Oliver tuvo tiempo para los administradores de las acciones de Farusa. "Hay palmos y palmos de papeles que ha costado mucho preparar pero que todavía no han venido a ver", protestó. Juan Manuel Gómez Porrúa y Rafael Gordillo, en cambio, llevan semanas lamentando la nula disposición del Betis a darles los documentos que ellos piden. "A Oliver lo consideraba una persona elegante no sólo en los ademanes y en la forma de vestir y peinarse, pero la información que le pedimos seguimos sin tenerla", denunció ayer Porrúa en Canal Sur.
El abogado, alejado de su tradicional postura diplomática, incluso anunció que acudirá al Juzgado de lo Mercantil número 1 para respaldar la petición de los grupos de oposición de celebrar una junta extraordinaria de accionistas. "Nuestra intención es vernos con el juez y decirle que haremos todo lo posible por favorecer que la junta se celebre, incluso avalaremos la solicitud si nos lo pide el magistrado. Intentaremos que se celebre otra junta mucho antes del 30 de noviembre", dijo. Porrúa, de hecho, añadió que "no hay ninguna garantía de que el 30 de noviembre se vaya a celebrar la junta".
En cuanto a la teoría de Oliver de que el poder de los interventores se restringe a las asambleas, Porrúa le replicó con el mismo ejemplo que acostumbra a usar el navarro: Telefónica. "Si en vez de ser un simple accionista de Telefónica tuviese el 51% del capital social, no sólo tendría que llamar al presidente, sino que el consejo de administración se le pondría a sus pies. No somos unos simples accionistas, somos los administradores judiciales del 51% del Betis y realizamos un empeño que nos ha mandado una jueza. Algunos no lo han querido entender y otros que lo entienden han echado balones fuera", criticó. Y si Oliver argumenta que para qué va a dar datos económicos a un hombre que no es economista, Porrúa le recuerda que es "abogado mercantilista y catedrático". "Tengo conocimientos contables. Eso sólo es una excusa de última hora. La primera era que esa información no existía", relató.
Gordillo también lanzó una advertencia: "La jueza ha sido benévola, porque ha hecho todo lo posible por evitar la intervención del club". Y por supuesto fue muy ácido con los consejeros del club: "Todas las reuniones que hemos tenido con ellos eran una comedia. Se veía que algo tramaban". Se refería al retraso de la junta, claro.
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