La Fiscalía de Sevilla ha recurrido el nombramiento de tres administradores judiciales, entre ellos el ex futbolista Rafael Gordillo, para hacerse cargo de las acciones de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis, según decidió la juez que investiga un presunto delito societario en el club. Fuentes del caso han informado hoy a Efe de que la petición ha sido presentada por la fiscal jefe sevillana, María José Segarra, y es consecuencia de su anterior oposición a la decisión de la juez instructora de suspender los derechos de Lopera sobre su paquete mayoritario de acciones y exigirle una fianza de 25 millones de euros. En aplicación de dicha intervención judicial, el pasado 3 de agosto la juez de instrucción 6 de Sevilla nombró administradores mancomunados del 52 por ciento de las acciones que posee Lopera a Rafael Gordillo, el abogado Juan Manuel Gómez Porrúa y el auditor de cuentas Luis Carlos Ruiz de Huidobro.
Ahora, la Fiscalía ha pedido que se revoque y deje sin efecto dicho nombramiento, recurre directamente ante la Audiencia provincial y no ante el juzgado instructor y pide que este último recurso se debata de manera conjunta con el que presentó para oponerse a la intervención judicial, han explicado las fuentes a Efe. La Fiscalía también recurrió en julio pasado la decisión de la juez de intervenir judicialmente el paquete mayoritario de acciones que posee Ruiz de Lopera y paralizar su venta al empresario Luis Oliver. La Fiscalía consideró que la medida no era ajustada a Derecho y además la juez debería haber impuesto una caución a las tres asociaciones opositoras a Lopera personadas como acusaciones en el caso. Para ello se remitió al artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé que "el solicitante de la medida cautelar deberá prestar caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado".
La Fiscalía argumenta en su recurso que la presunta gestión fraudulenta de Lopera en el Betis no se puede demostrar hasta que los peritos judiciales no concluyan su informe, ya que hasta ahora solo han presentado el que abarca los años 1993 a 1998 y tienen pendiente de entregar el referido al periodo entre 1998 y 2008. Por ello, el recurso hace referencia a la "dudosa tipicidad penal" de los hechos que la juez imputa al hasta ahora máximo accionista del Betis. La Fiscalía de Sevilla, que inicialmente presentó en 2008 la denuncia contra Ruiz de Lopera por delito societario, decidió en mayo pasado pedir el archivo de todo lo investigado entre 1993 y 1998 por considerar que los delitos se habían cometido hace más de diez años y estaban prescritos. La juez lo rechazó porque la prescripción para este tipo de delitos es de quince años, en un auto en el que sostuvo que el denunciado "ideó un plan" para apoderarse de patrimonio del club, dentro del cual los peritos judiciales han cifrado en 12,4 millones de euros los perjuicios causados al Betis.
Ahora, la Fiscalía ha pedido que se revoque y deje sin efecto dicho nombramiento, recurre directamente ante la Audiencia provincial y no ante el juzgado instructor y pide que este último recurso se debata de manera conjunta con el que presentó para oponerse a la intervención judicial, han explicado las fuentes a Efe. La Fiscalía también recurrió en julio pasado la decisión de la juez de intervenir judicialmente el paquete mayoritario de acciones que posee Ruiz de Lopera y paralizar su venta al empresario Luis Oliver. La Fiscalía consideró que la medida no era ajustada a Derecho y además la juez debería haber impuesto una caución a las tres asociaciones opositoras a Lopera personadas como acusaciones en el caso. Para ello se remitió al artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé que "el solicitante de la medida cautelar deberá prestar caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado".
La Fiscalía argumenta en su recurso que la presunta gestión fraudulenta de Lopera en el Betis no se puede demostrar hasta que los peritos judiciales no concluyan su informe, ya que hasta ahora solo han presentado el que abarca los años 1993 a 1998 y tienen pendiente de entregar el referido al periodo entre 1998 y 2008. Por ello, el recurso hace referencia a la "dudosa tipicidad penal" de los hechos que la juez imputa al hasta ahora máximo accionista del Betis. La Fiscalía de Sevilla, que inicialmente presentó en 2008 la denuncia contra Ruiz de Lopera por delito societario, decidió en mayo pasado pedir el archivo de todo lo investigado entre 1993 y 1998 por considerar que los delitos se habían cometido hace más de diez años y estaban prescritos. La juez lo rechazó porque la prescripción para este tipo de delitos es de quince años, en un auto en el que sostuvo que el denunciado "ideó un plan" para apoderarse de patrimonio del club, dentro del cual los peritos judiciales han cifrado en 12,4 millones de euros los perjuicios causados al Betis.
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