Los servicios jurídicos de la entidad se personan en el proceso por la presunta compra de partidos para impedir que las escuchas acaben en el CSD y la Federación .El club blanquiazul esgrime como argumento que el empresario no es consejero ni directivo.El Hércules solicitó ayer en el Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante personarse en las diligencias sobre la presunta compra de partidos de la pasada temporada con el fin de impedir que las escuchas telefónicas que reflejan esas sospechas acaben en el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Los servicios jurídicos del club ya esgrimen su defensa un argumento cuanto menos sorprendente: Enrique Ortiz, principal implicado en la causa, es el máximo accionista, pero no figura en el organigrama directivo ni en el Consejo de Administración.
Sin entrar en la veracidad de los hechos que se desprenden de las conversaciones grabadas por la Policía en el marco del 'caso Brugal', la entidad parece tratar así de desvincularse del empresario. Las fuentes del club consultadas ayer rechazaron confirmar si este argumento ya está plasmado en los documentos presentados en el juzgado. Tampoco si a la solicitud de personación como parte interesada en la causa, cuestión pendiente aún de la decisión del magistrado José Luis la Fuente, los abogados han adjuntado escritos de impugnación contra los recursos planteados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
La entidad presidida por Valentín Botella pretende evitar que se ponga en duda el ascenso a Primera División conseguido la pasada temporada, sobre todo porque la vía penal fue archivada en su día por el juez porque los hechos no son constitutivos de delito.
A partir del 22 de diciembre, fecha en la que entra en vigor la reforma del Código Penal, estas conductas podrán ser castigadas con penas que van desde los seis meses a los cuatro años de cárcel.
El debate jurídico, por tanto, se ciñe en estos momentos a la validez de los 'pinchazos' telefónicos como prueba para perseguir una infracción administrativa muy grave. La Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo ampara el empleo de estas diligencias restrictivas de los derechos fundamentales para la persecución de graves delitos.
El juez La Fuente ha rechazado dar cuenta a los organismos deportivos de las actuaciones, que también implican al capitán del equipo, Jorge López 'Tote', en el papel de presunto intermediario de los supuestos amaños. El magistrado se escuda en que las escuchas afectan a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado han recurrido esa decisión, de manera que la última palabra la tendrá probablemente un tribunal de la Audiencia Provincial.
Por si acaso, el Hércules baraja desligarse de Ortiz. Una de las alegaciones que contempla en el procedimiento es que el máximo accionista no forma parte del organigrama de la sociedad en ningún sentido, ya que ni siquiera es miembro del consejo de administración.
Las fuentes antes citadas insisten en que está por demostrar que el constructor, imputado por varios delitos de corrupción en la 'Operación Brugal', haya podido participar en el presunto amaño de los encuentros.
En cualquier caso, recuerdan que su figura es ajena a la de la institución herculana, lo que en su opinión deja a ésta al margen de cualquier actuación irregular en que pudiera haber incurrido Ortiz.
Es decir, vienen a advertir de que cualquier persona (accionista o no) podría haber incurrido en una infracción sin la necesidad de que el Hércules tuviera conciencia de ello.
Para proporcionar fuste a ese argumento, las fuentes ponen un ejemplo: en los últimos meses Hacienda amenazó a los miembros del Consejo de Administración con embargar sus bienes particulares ante el incumplimiento en los pagos del Hércules y su dueño quedó al margen de esa situación.
Los abogados de la sociedad también respaldan las tesis del juez instructor en el sentido de considerar «desproporcionado» utilizar las conversaciones grabadas en el 'caso Brugal' para actuar contra una infracción administrativa.
Pero de TOTE ni mú.
Los servicios jurídicos del club ya esgrimen su defensa un argumento cuanto menos sorprendente: Enrique Ortiz, principal implicado en la causa, es el máximo accionista, pero no figura en el organigrama directivo ni en el Consejo de Administración.
Sin entrar en la veracidad de los hechos que se desprenden de las conversaciones grabadas por la Policía en el marco del 'caso Brugal', la entidad parece tratar así de desvincularse del empresario. Las fuentes del club consultadas ayer rechazaron confirmar si este argumento ya está plasmado en los documentos presentados en el juzgado. Tampoco si a la solicitud de personación como parte interesada en la causa, cuestión pendiente aún de la decisión del magistrado José Luis la Fuente, los abogados han adjuntado escritos de impugnación contra los recursos planteados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
La entidad presidida por Valentín Botella pretende evitar que se ponga en duda el ascenso a Primera División conseguido la pasada temporada, sobre todo porque la vía penal fue archivada en su día por el juez porque los hechos no son constitutivos de delito.
A partir del 22 de diciembre, fecha en la que entra en vigor la reforma del Código Penal, estas conductas podrán ser castigadas con penas que van desde los seis meses a los cuatro años de cárcel.
El debate jurídico, por tanto, se ciñe en estos momentos a la validez de los 'pinchazos' telefónicos como prueba para perseguir una infracción administrativa muy grave. La Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo ampara el empleo de estas diligencias restrictivas de los derechos fundamentales para la persecución de graves delitos.
El juez La Fuente ha rechazado dar cuenta a los organismos deportivos de las actuaciones, que también implican al capitán del equipo, Jorge López 'Tote', en el papel de presunto intermediario de los supuestos amaños. El magistrado se escuda en que las escuchas afectan a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado han recurrido esa decisión, de manera que la última palabra la tendrá probablemente un tribunal de la Audiencia Provincial.
Por si acaso, el Hércules baraja desligarse de Ortiz. Una de las alegaciones que contempla en el procedimiento es que el máximo accionista no forma parte del organigrama de la sociedad en ningún sentido, ya que ni siquiera es miembro del consejo de administración.
Las fuentes antes citadas insisten en que está por demostrar que el constructor, imputado por varios delitos de corrupción en la 'Operación Brugal', haya podido participar en el presunto amaño de los encuentros.
En cualquier caso, recuerdan que su figura es ajena a la de la institución herculana, lo que en su opinión deja a ésta al margen de cualquier actuación irregular en que pudiera haber incurrido Ortiz.
Es decir, vienen a advertir de que cualquier persona (accionista o no) podría haber incurrido en una infracción sin la necesidad de que el Hércules tuviera conciencia de ello.
Para proporcionar fuste a ese argumento, las fuentes ponen un ejemplo: en los últimos meses Hacienda amenazó a los miembros del Consejo de Administración con embargar sus bienes particulares ante el incumplimiento en los pagos del Hércules y su dueño quedó al margen de esa situación.
Los abogados de la sociedad también respaldan las tesis del juez instructor en el sentido de considerar «desproporcionado» utilizar las conversaciones grabadas en el 'caso Brugal' para actuar contra una infracción administrativa.
Pero de TOTE ni mú.
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