LOPERA CONSIDERA QUE EL OFRECIMIENTO A GORDILLO ES "UNA ABERRACIÓN JURÍDICA"





Manuel Ruiz de Lopera, más bien sus abogados, ha emitido un comunicado a través del ex director de comunicación del Real Betis, en el que denuncia, entre otras cosas, las medidas tomadas por la jueza, a las que tacha de "marcadamente populistas y carentes del más mínimo rigor y fundamento jurídico". Estos son los puntos que Lopera ha querido aclarar desde su óptica:


1. Denuncia públicamente el lamentable espectáculo, por entregas, en que se ha convertido, con las últimas decisiones judiciales, marcadamente populistas y carentes del mínimo rigor y fundamento jurídico, el procedimiento judicial en curso, dirigido a unos fines que no deberían ser amparados y apartándose de los más elementales principios y normas jurídicas a las que debe sujetarse.


2. Denuncia ante la opinión pública la aberración jurídica que sería nombrar en esta causa, para cualquier cargo judicial referido a las acciones que FARUSA ha vendido a BITTON SPORT, a un futbolista retirado, sin conocimientos económicos ni jurídicos. Por otra parte, este candidato carece de la necesaria imparcialidad para desempeñar un cargo de naturaleza judicial, como acreditan tanto sus recientes y pasadas manifestaciones públicas contra FARUSA y contra BITTON SPORT como el conocido hecho de la sindicación de acciones de la “Peña Gordillo” en una de las asociaciones que ejercen la acusación en la causa. Es evidente y cualquiera puede entender que, si fuera nombrado, sería “una mera tapadera” de quienes verdaderamente pretenden apropiarse de ese paquete de acciones y que, como es ya habitual, permanecerían escondidos a fin de evitar riesgos y las responsabilidades en que estarían incurriendo.


3. Denuncia ante la opinión pública la que sería, de producirse algún nombramiento, la utilización en este procedimiento penal, por tercer año consecutivo, del mes de agosto para la adopción de resoluciones judiciales trascendentes pero carentes de urgencia que justifique su adopción.


4. Recuerda que todas las excepcionales e inexplicables decisiones recientemente adoptadas por el Juzgado, que alteran gravemente el normal funcionamiento de una sociedad anónima deportiva, pues privan de voto al accionista mayoritario provocando una mayoría ficticia, son unas simples "medidas cautelares" y no ninguna decisión definitiva sobre lo que es objeto del procedimiento. El Juzgado de Instrucción es incompetente para cualquier decisión final, que corresponderá, en su caso, a otros órganos judiciales. Las citadas medidas cautelares han sido recurridas tanto por la Fiscalía, garante de la legalidad e intereses públicos, como por las defensas, por su falta absoluta de fundamento, y pueden ser revocadas. Así ocurrió precisamente con la decisión de ampliar la investigación a la adquisición y desembolso de las acciones de FARUSA, adoptada en el mes de agosto del año pasado a instancias de uno de los peritos judiciales, tras manifestaciones públicas del Sr. Galera, y que fue revocada por Auto de la Audiencia Provincial en el mes de febrero pasado.


5. Quiere hacer un llamamiento a toda la afición bética, para que no olvide y desenmascare a quienes están detrás de tan irresponsables y oscuras maniobras, y para que sepan que, tras quince años de silencio, esos grupos que ahora quieren hacerse de forma tan temeraria e irregular con el poder bajo el lema del “Betis Libre” iniciaron su retorno a escena en el año 2006, coincidiendo con la aparición de fuertes intereses urbanísticos alrededor del Estadio, que ya vendieron en 1991, y la Ciudad Deportiva. Quienes se esconden tras esas maniobras nunca han hecho ningún esfuerzo económico ni han apostado por el Betis, jamás han aportado el capital necesario, ni han apoyado financieramente al Club y ahora, con su actitud, secundada inexplicablemente por el juzgado, están poniendo, una vez más, en peligro su supervivencia.


6. Asimismo, recuerda que, aunque ha dado por cerrada su etapa como accionista mayoritario y mandatario de esa entidad, a diferencia de quienes le insultan, tiene avalado aún al día de hoy con su patrimonio deudas del Betis frente a terceros por valor de 30 millones de euros, por lo que es el primer perjudicado por esta situación. A pesar de todo, quiere expresar de nuevo su confianza en la Administración de Justicia pues tiene la certeza de que, al final, le dará amparo frente a las excepcionales irregularidades de las que adolece este proceso que se sigue contra su persona.


7. Finalmente recuerda públicamente que hace expresa reserva de las acciones judiciales, de toda índole, que le asisten, y que con todo rigor ejercitará en su momento contra quienes resulten responsables y beneficiarios de tan graves irregularidades, que están siendo conocidas por la opinión pública y han sido, y seguirán siendo, puntualmente denunciadas.