El beticismo aún no ha asimilado la noticia que ayer emanó del arrojo sin límites de Mercedes Alaya. Pero, sobre todo, el bético se hace hoy varias preguntas sobre el futuro más inmediato de ese club que ve más libre.

1¿En manos de quién queda ahora el gobierno del Betis?

En principio, con Manuel Ruiz de Lopera inhabilitado y sin el 51,3% que controlaban entre él y Farusa (y que, salvo un pequeño porcentaje, vendió a Luis Oliver), la sociedad queda en manos del resto del consejo de administración (miembros inscritos en el Registro Mercantil), es decir, José León, Rufino González, Manuel Castaño, Jaime Rodríguez Sacristán, Antonio Álvarez, Ángel Martín, Francisco Nuchera, José María Blanco y Luis Navarro, salvo que éste quedase inhabilitado por ser sobrino político de Lopera, ya que la juez habla en su auto de excluir a personas con afinidad o consanguineidad con Lopera. Luis Oliver y Ángel Vergara, nombrado miembros por cooptación, estarían fuera a no ser que su inscripción en el Registro Mercantil estuviese en trámites (y que éste la aprobara en vista de un auto judicial que no la avala precisamente por ser miembros de Bitton Sport en una compraventa nula).

2¿Hasta cuándo se mantendrá este consejo?

Si la Junta General Extraordinaria de la que Luis Oliver habló para el 20 de agosto no se publica a tiempo en el Borme y en un diario local con una tirada representativa ni el actual consejo convoca otra, seguramente sea el Juzgado Mercantil quien fije una fecha en vista de la que PNB solicitó por vía judicial el 14 de junio, que incluye en su orden del día la dimisión del consejo actual y nombramientos.

3¿Y si la juez nombrase un administrador judicial?

Lo prevé en el auto, pero éste es un proceso largo y probablemente llegaría tras la Junta. De todos modos, si ha anulado los derechos políticos de las acciones de Farusa, antes de nombrar un administrador judicial los reintegraría. En cualquier caso, éste velaría por el buen funcionamiento de la sociedad, pero podría dejar ejercer al consejo de administración entrante en la sociedad.

4¿Entonces quiénes formarían parte del nuevo consejo de administración?

Sin Farusa, el máximo accionista es PNB, con un 6%, seguido de BxV, con algo más de un 5%. Si se uniesen, posiblemente decidirían, según los estatutos, entre un consejo de 13 a 20 miembros. Manuel Castaño y Rufino González, con más de un 2% cada uno, formarían por ley si quisiesen parte de él, al igual que posiblemente algún otro independentista con más de un 1% como Balbino de Bernardo, ya que se estima que en la Junta pudiese estar representado entre un 20% y un 25% del capital social.

5¿Puede Luis Oliver apoyarse en el fallo de la Audiencia para hacer valer sus derechos?

No, porque el fundamento del auto de Alaya no va por el mismo camino. Éste no discute la propiedad de las acciones de Farusa, sino que anula sus derechos políticos y anula la compraventa porque cree que con ella Lopera trata de sustraerse a la acción de la justicia. E inhabilita esas acciones porque han sido el instrumento de Lopera para el cada día menos supuesto delito societario y pretende evitar que otro accionista mayoritario pueda actuar en una línea similar con ese poder absoluto que otorga una mayoría accionarial.

6¿Cuál será la siguiente maniobra de Lopera?

Al no especificar la juez en su auto los plazos procesales hábiles se entiende que dispone de tres días laborables, es decir, hasta el miércoles de la próxima semana, para recurrir el auto dictado ayer por su señoría. Independientemente del recurso, Lopera deberá depositar la fianza de 25 millones de euros que le es solicitada en el plazo de cinco días para hacerlo, también laborables, es decir, hasta el viernes, 23 de julio.

7¿Podría el CSD dar validez a la compraventa?

No. En este punto hay que destacar que las formas empleadas por Lopera, por su premura de tiempo antes la existencia en su agenda de esa vista del 14-J, no son las habituales ni correctas en este sentido, ya que antes de que se produzca una operación de compraventa de este calibre hay que enviar toda la documentación al Consejo Superior de Deportes para que éste la autorice, ya que mientras ésta no se considera válida. Él y Oliver lo hicieron al revés, primero firmaron los documentos y luego atendieron a los requerimientos del CSD. La venta, por tanto, como negocio jurídico-civil podría estar consumada, pero no tendrá efecto porque no está autorizada administrativamente por el CSD ni podrá estarlo ya después de la prohibición expresa de la juez Alaya en su auto.

8¿Entonces las acciones siguen siendo de Farusa?

Sí. Pero, sin derechos políticos, hoy carecen de valor en una Junta General, sólo tienen un valor económico (similar al famoso paquete maldito del Sevilla).

9¿Y qué hará Oliver a partir de ahora?

Es difícil de saber por las condiciones en que pudo haberse hecho esa compraventa. Pero si fuese absolutamente lícita, estaría legitimado para reclamar los 2,1 millones de euros que dice haber pagado ya y romper unilateralmente el contrato.

Fuente: http://www.diariodesevilla.es/articl...beticismo.html