Día D en el proceso judicial sobre la gestión de Lopera al frente del Real Betis. El ex consejero delegado bético está citado a declarar a las 10.30 horas de esta misma mañana en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para responder, como imputado, por un presunto delito societario y otro de apropiación indebida y, aunque la expectación es máxima, la presencia en los Juzgados de año Ruiz de Lopera podría ser más corta de lo que se esperaba.

Y es que, tal y como ha podido saber ABC de Sevilla, la defensa ha presentado un escrito ante la jueza, Mercedes Alaya, aclarando varios puntos antes de que se celebre la vista y asegurando que el de El Fontanal no va a responder a ninguna pregunta referente a cualquier tema anterior a 1993. En este sentido, los abogados de Lopera entienden que, en el auto de la Audiencia Provincial del pasado 26 de febrero, los hechos acaecidos antes del año 93 no tienen relación ni cabida en esta vista. Por tanto, el famoso 92 podría estar ausente en la declaración de hoy.

A pesar de ello, y considerando además que la jueza tiene un amplio carrusel de desencuentros con el ex dirigente bético y con varios de sus abogados, fuentes judiciales consultadas por este periódico aseguran que Alaya podría emitir un auto de medidas cautelares tras la declaración como imputado de Lopera, pudiéndole imponer además una fianza en función de los supuestos delitos cometidos por el ex consejero delegado verdiblanco. Nunca se llegará al extremo de la prisión preventiva, según indicaron a ABC de Sevilla dichas fuentes, que explicaron también que la jueza no quiere que el proceso se alargue demasiado y que no se dilaten las resoluciones, sobre todo por la llegada del mes de agosto, inhábil para los asuntos judiciales.

La presentación del escrito, según estas fuentes consultadas, no ha sentado nada bien en el seno del Juzgado de Instrucción número 6, ya que las condiciones que éste presenta y que los abogados de Montero y Aramburu solicitan podrían desvirtuar parte de la vista y condicionar el desarrollo de la misma, esperada por muchos colectivos béticos y por parte de la afición, sobre todo tras el proceso de venta accionarial emprendido por Bitton Sport y el propio Lopera.

Por ello, la declaración de Ruiz de Lopera no tiene pocos argumentos para la expectación suscitada. A pesar de que el proceso está aún en fase de instrucción y de que no se trata de un juicio, el de El Fontanal tendrá que responder a las preguntas de la acusación particular (formada por diversos colectivos béticos: Por Nuestro Betis, Liga de Juristas Béticos y Béticos por el Villamarín), de su propia defensa y de la Fiscalía, aunque podría acogerse a su derecho constitucional de no declarar y responder así sólo a las preguntas de sus letrados.

Alerta ante la venta
Por otra parte, aunque no menos importante, la posible venta entre Bitton Sport y Farusa podría quedar hoy mismo congelada por orden judicial. Mercedes Alaya podría ordenar, dentro de ese auto de medidas cautelares, la suspensión del proceso de venta, sobre el que ha pedido toda la documentación necesaria y existente al Consejo Superior de Deportes. La posible existencia, como indicaron algunos juristas de la oposición verdiblanca el pasado jueves, de un supuesto alzamiento de bienes ha puesto en alerta a la jueza, que ya emitió, como recogió ABC de Sevilla ayer, una providencia por la que puede estudiar si considera necesario paralizar el traspaso accionarial al nuevo grupo liderado por Luis Oliver.

A pesar de ello, sea cual sea la resolución de Alaya y los posibles recursos que la defensa presente posteriormente en caso de no salir satisfecha de la vista, en el futuro habrá más noticias de los juzgados en clave bética. El segundo informe pericial aún no ha llegado a los tribunales y la oposición sigue anunciando que ofrecerá más batallas en la gestión de un club que sigue salpicado por la polémica y sin centrarse, del todo, en los asuntos meramente deportivos.