La causa se abrió hace cuatro años a petición de la Agencia Tributaria, que imputó al Betis un posible delito fiscal de diez millones de euros en los ejercicios comprendidos entre 1995 y 1998.

La Audiencia de Sevilla ha confirmado el procesamiento del presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, por un presunto delito fiscal de unos diez millones de euros en la gestión del club deportivo.

Fuentes judiciales dijeron a la agencia Efe que la Sección Séptima de la Audiencia ha confirmado el auto de procedimiento abreviado dictado por el juzgado de instrucción 17 de Sevilla, por lo que ahora las actuaciones se remitirán al fiscal y al abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, para que presenten su calificación de los hechos y su petición de condena.

Junto a Lopera se encuentran procesados el vicepresidente del club, Angel Martín Vega, y la representante legal M.T.G.M. La causa se abrió en noviembre de 2000 a instancias de la Agencia Tributaria, que imputó a los directivos del Betis un posible delito fiscal de diez millones de euros en los ejercicios comprendidos entre 1995 y 1998.

La Agencia Tributaria les imputó esas irregularidades en la declaración fiscal relativa a los derechos federativos de Albert Nadj, la prima con el CSK de Moscú, las obras de ampliación del estadio del Betis, los servicios prestados por Euroeiski Sport, el salario del jugador Denilson y las entradas para la final de la Copa del Rey.

Estaba recurrido

Los abogados del Betis pidieron el archivo de la causa porque Lopera no ocultó ningún dato a Hacienda, no llevó doble contabilidad ni manejó dinero negro y sólo le acusan por "distintos criterios contables". Según su recurso, las acusaciones de la Agencia Tributaria se basaron en "intuiciones" no demostradas y en distintos criterios contables, pues en ningún momento el Betis "ocultó datos, falsificó documentos, usó doble contabilidad o manejó dinero negro" y por el contrario "hubo una colaboración con los inspectores expresamente reconocida" por ellos.

Junto a ello, denunciaron que el futuro juicio "someterá a pena de banquillo a una persona con evidente proyección pública". La defensa del presidente bético aportó tres periciales de los catedráticos de Derecho Financiero Fernando Pérez Royo y Vicente Martín Queralt y del inspector de Hacienda en excedencia Miguel Angel Garrido para asegurar que "no se produjo ningún perjuicio para la Hacienda Pública" al no haber "eludido" ninguno de los impuestos implicados.

Junto a estas razones de fondo, la defensa alegó que la juez de instrucción 17 de Sevilla causó indefensión, en su auto de conclusión del sumario, a los tres imputados al no concretar cual de las 18 liquidaciones posibles del impuesto sería delictiva.