Cada vez se conocen más detalles del primer informe realizado por peritos de la Agencia Tributaria sobre el periodo comprendido entre 1993 y 1998 en la gestión del Betis por parte de Manuel Ruiz de Lopera y las empresas controladas por él en el marco de la instrucción llevada a cabo por el Juzgado número 6 en el caso del presunto delito societario del máximo accionista bético. El dato más relevante, y del que ya informó ayer ABC de Sevilla, se refiere a que una de esas empresas, Tegasa, se hizo con, al menos, once millones de euros por su interposición en la gestión de los recursos económicos del Betis, algo innecesario, puesto que, como señala el informe, esta operación se realizaba «dando la apariencia de que esta entidad (Tegasa) habría venido a garantizar la viabilidad económica del Betis, cuando la realidad ha sido, al menos para esta pericia, lo contrario, es decir, que ha sido el Betis quien ha garantizado la viabilidad de Tegasa; o dicho de otra forma, el Betis no necesitaba a Tegasa para su funcionamiento como club de fútbol y sí Tegasa necesitaba al Betis para obtener beneficios». Demoledor.
La vinculación de Tegasa con el Betis comienza en abril de 1993 y los peritos ponen en cuestión esta unión debido a que «Tegasa no ha realizado actividad económica alguna diferente de la gestión de los recursos del Betis, en consecuencia difícilmente podría garantizar la viabilidad del Betis, al tiempo que tampoco disponía de fondos propios para cumplir tal función de garantía. En consecuencia, la garantía que haya podido prestar Tegasa, para esta pericia ninguna, no es otra que la propia garantía del Betis, generador de los recursos garantizados». Además, se demuestra que «el control de Tegasa es ejercido por Lopera» a través de entidades partícipes en su capital, «lo que vendrá a suponer la conjunción» en su persona de «una confusión de intereses: los del Betis con los suyos particulares», además de privar al resto de accionistas del Betis «del conocimiento de la gestión económica de los recursos propios del club». Y se concluye que «de no haber existido la interposición de Tegasa» los recursos generados por el Betis «hubieran estado en su patrimonio». Por ello, los peritos no comparten la idea de la necesidad de Tegasa «salvo que se quiera dar como fundamento mantener la opacidad en la gestión del Betis».
Así, según este primer informe, los perjuicios económicos por la interposición de Tegasa en este tiempo se cuantifican en: dos millones en recursos obtenidos por Tegasa por la actividad ordinaria del club; 1,1 millones por ingresos financieros; 1,2 en la operación de venta de Roberto Ríos; y el pago de la responsabilidad civil de Lopera en la condena por delito fiscal que recayó sobre él en diciembre de 2005 (2,9 millones). Además, se demuestra que el club sufrió una pérdida patrimonial de 1,2 millones en la compra de un paquete de acciones (el 31,38 por ciento) por parte de Farusa, lo que le dio el control total de la entidad a Lopera y por lo que se pone en cuestión la legalidad de su mandato. Todo ello suma 8,5 millones, pero los intereses moratorios hacen que se alcancen los 12,4, de los que se deducen las cantidades por las acciones si son restituidas.
El prolijo informe tendrá una segunda parte referente a la temporada 98-99 y posteriores e incidirá en las relaciones del Betis esta vez con Encadesa. Según las estimaciones de los grupos de oposición que son parte en la causa (Por Nuestro Betis, Béticos por el Villamarín y Liga de Juristas Béticos), el perjuicio para la entidad puede ser mayor y se cifró recientemente en unos 14 millones más.
El primer informe también revela detalles ciertamente controvertidos. Se le presta especial atención a que a partir de la 96-97 el Betis cede «gratuitamente» a Tegasa el diez por ciento de los importes por rescisión de contrato de jugadores y se le concede a Tegasa un derecho de tanteo o de opción de compra con una reducción de un diez por ciento de las cantidades a percibir por un tercer club.
Además, los saldos positivos en favor de Tegasa no revirtieron en el patrimonio del club, sino que sí sirvieron para financiar gastos propios, como las obras en el inmueble de San Juan Bosco. Y, por último, se refleja que «los flujos financieros» entre el Betis y Tegasa «arrojan una situación muy favorable» para la empresa de Lopera causada por «las diferencias temporales entre el momento del cobro de los derechos y el momento del pago de las obligaciones».
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YA ESTÁN AQUIIIIIIIIII......[/CENTER]
La vinculación de Tegasa con el Betis comienza en abril de 1993 y los peritos ponen en cuestión esta unión debido a que «Tegasa no ha realizado actividad económica alguna diferente de la gestión de los recursos del Betis, en consecuencia difícilmente podría garantizar la viabilidad del Betis, al tiempo que tampoco disponía de fondos propios para cumplir tal función de garantía. En consecuencia, la garantía que haya podido prestar Tegasa, para esta pericia ninguna, no es otra que la propia garantía del Betis, generador de los recursos garantizados». Además, se demuestra que «el control de Tegasa es ejercido por Lopera» a través de entidades partícipes en su capital, «lo que vendrá a suponer la conjunción» en su persona de «una confusión de intereses: los del Betis con los suyos particulares», además de privar al resto de accionistas del Betis «del conocimiento de la gestión económica de los recursos propios del club». Y se concluye que «de no haber existido la interposición de Tegasa» los recursos generados por el Betis «hubieran estado en su patrimonio». Por ello, los peritos no comparten la idea de la necesidad de Tegasa «salvo que se quiera dar como fundamento mantener la opacidad en la gestión del Betis».
Así, según este primer informe, los perjuicios económicos por la interposición de Tegasa en este tiempo se cuantifican en: dos millones en recursos obtenidos por Tegasa por la actividad ordinaria del club; 1,1 millones por ingresos financieros; 1,2 en la operación de venta de Roberto Ríos; y el pago de la responsabilidad civil de Lopera en la condena por delito fiscal que recayó sobre él en diciembre de 2005 (2,9 millones). Además, se demuestra que el club sufrió una pérdida patrimonial de 1,2 millones en la compra de un paquete de acciones (el 31,38 por ciento) por parte de Farusa, lo que le dio el control total de la entidad a Lopera y por lo que se pone en cuestión la legalidad de su mandato. Todo ello suma 8,5 millones, pero los intereses moratorios hacen que se alcancen los 12,4, de los que se deducen las cantidades por las acciones si son restituidas.
El prolijo informe tendrá una segunda parte referente a la temporada 98-99 y posteriores e incidirá en las relaciones del Betis esta vez con Encadesa. Según las estimaciones de los grupos de oposición que son parte en la causa (Por Nuestro Betis, Béticos por el Villamarín y Liga de Juristas Béticos), el perjuicio para la entidad puede ser mayor y se cifró recientemente en unos 14 millones más.
El primer informe también revela detalles ciertamente controvertidos. Se le presta especial atención a que a partir de la 96-97 el Betis cede «gratuitamente» a Tegasa el diez por ciento de los importes por rescisión de contrato de jugadores y se le concede a Tegasa un derecho de tanteo o de opción de compra con una reducción de un diez por ciento de las cantidades a percibir por un tercer club.
Además, los saldos positivos en favor de Tegasa no revirtieron en el patrimonio del club, sino que sí sirvieron para financiar gastos propios, como las obras en el inmueble de San Juan Bosco. Y, por último, se refleja que «los flujos financieros» entre el Betis y Tegasa «arrojan una situación muy favorable» para la empresa de Lopera causada por «las diferencias temporales entre el momento del cobro de los derechos y el momento del pago de las obligaciones».
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