El Juzgado de Instrucción número 6 continúa avanzando en el proceso abierto contra Manuel Ruiz de Lopera por un presunto delito societario y ayer la juez Mercedes Alaya notificó a las partes el informe pericial que ordenó realizar sobre los seis primeros años de gestión de Lopera en el Betis. Y, según pudo conocer Diario de Sevilla, el informe concluye, algo que ya se apuntaba desde la acusación realizada por las diferentes plataformas de la oposición, que Lopera se apropió de no menos de 11 millones de euros pertenecientes al Betis, en esos seis primeros años de gestión que transcurren desde 1993 a 1998. El informe elaborado por los técnicos de Hacienda es muy técnico, por lo que para su perfecto entendimiento se requiere de especialistas en la materia económica, pero sí se pueden extraer algunos puntos que señalan que Lopera, a través de empresas como Tegasa, se ha apropiado de gran parte de los ingresos que correspondían al Betis y no al revés, como siempre había pregonado el máximo accionista.

En primer lugar, los técnicos apuntan a que los ingresos por explotación del negocio y de tesorería no fueron para el Betis, sino que las empresas de Lopera se quedaron con ellos, con el consiguiente perjuicio económico para el club verdiblanco. Además, en el informe se resalta que Farusa se quedó con 200 millones de pesetas del traspaso de Roberto Ríos al Athletic, un 10% de la cifra total por la que el defensa central fue vendido al club vasco. Otro punto en el que hacen hincapié los peritos reside en la responsabilidad civil y económica que el Betis asumió en el anterior proceso judicial de Lopera, en el que Tegasa tuvo que asumir una fuerte multa, pero que ésta fue pagada por el club verdiblanco. Pero si las anteriores conclusiones apuntan al presunto delito societario cometido por Lopera a través de su entramado de empresas, un punto de gran importancia del informe reside en la afirmación de que el Betis fue quien pagó el préstamo a las cajas, por valor de 1,8 millones de euros, con el que Lopera acometió la compra de las acciones, por lo que la posibilidad de volver a abrir el proceso hasta 1992 se reactiva, pese a que hace escasas fechas la Audiencia de Sevilla rechazase esa petición de la juez. Los peritos insisten en esa posible apropiación indebida de Lopera, lo que permitiría a la juez extender el proceso, como fue su pretensión anteriormente.

En definitiva, el informe pericial otorga la razón a la denuncia formulada por los grupos opositores, al entender que existió, en esos seis primeros años investigados, un presunto delito societario cometido por Lopera a través de sus empresas, por el que se apropió de no menos de 11 millones de euros del Betis. Además, la posible existencia de una apropiación indebida de las acciones volvería a dejar en el aire la legalidad de Lopera como máximo accionista de la entidad. Según expertos sobre la materia, ahora la juez solicitará la ratificación del informe por parte de los peritos y, en principio, llamaría a declarar a Manuel Ruiz de Lopera como imputado, tras las pruebas aportadas en dicho informe.

Los diferentes grupos de la oposición consultados por este periódico no quisieron realizar valoraciones sobre el informe, a la espera de estudiarlo en profundidad, al igual que la defensa de Lopera, que incluso asegura desconocer la existencia del mismo. Lo único claro es que la juez estrecha el cerco sobre Lopera, ya que este informe representa únicamente el primero de los solicitados, por lo que el fraude del máximo accionista a la entidad verdiblanca aún podría aumentar, teniendo en cuenta que los años que faltan por investigar son los de mayores ingresos por televisión.