El esperado informe de los peritos de la Agencia Tributaria que había encargado la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado número 6 de Sevilla, en el marco de la instrucción del caso del presunto delito societario cometido por Manuel Ruiz de Lopera y las empresas controladas por él en la gestión del Betis, llegó ayer a las partes y reveló conclusiones realmente esperanzadoras para las partes denunciantes (Por Nuestro Betis, Béticos por el Villamarín y Liga de Juristas Béticos) y preocupantes para el aún consejero delegado del club heliopolitano, puesto que el informe pericial señala que el daño que ha causado la interposición de Tegasa en la gestión de los recursos del Betis entre los años 1993 y 1998 alcanza una cantidad no inferior a once millones de euros. Es el primer informe y se refiere al quinquenio inicial del mandato de Lopera. Se supone que es el menos cuantioso de todos, puesto que las cantidades económicas manejadas son menores que en años posteriores, con lo que se espera que los próximos informes sean incluso más escandalosos, según anuncian las partes, sobre todo por la irrupción del dinero de las televisiones.

La venta de Roberto Ríos


ABC ha tenido acceso a varios de los datos más interesantes contenidos en este informe pericial que llegó ayer a las partes del caso vía CD y que es muy extenso (282 folios sin contar los 17 anexos). El asunto más grave es que Tegasa, sociedad controlada por Lopera, se hizo con esa cantidad, no inferior a once millones de euros, interviniendo en la gestión de los recursos del club. Además, se detalla, incluso, que Farusa, otra de las empresas controladas por Lopera, se hizo con 1,2 millones de euros del traspaso de Roberto Ríos al Athletic en el verano de 1997, valorado entonces en doce millones de euros. Todo ello se recoge en el apartado «Conclusiones» del informe pericial que ayer llegó a las partes, que apenas han tenido tiempo para profundizar en su contenido. Otro dato es que el crédito solicitado para el pago de las acciones de Farusa lo abonó el propio Betis.

Sin embargo, todo esto refleja la gravedad de lo denunciado y, según fuentes jurídicas consultadas por ABC, inciden en que apenas hay ya problemas en demostrar el delito societario del que se acusa a Lopera, su presunta administración fraudulenta y que la imputación del máximo accionista es «inevitable».

Además, en delitos de esta catalogación, la pena obliga al infractor a restituir el daño causado (es decir, abonar las cantidades sustraídas) y se contempla un castigo del tanto al cuádruple del total, por lo que la condena, en caso de llegar, sería descomunal. Y siempre teniendo en cuenta que se habla hasta ahora del primer quinquenio de la gestión de Lopera y aún restan dos por evaluarse por los peritos de la Agencia Tributaria los años restantes.

Con este informe pericial se reactiva el caso del presunto delito societario por el que tanto han trabajado desde la oposición, que recibió una mala noticia recientemente con el rechazo de la Audiencia Provincial a que se investigara desde 1992, con la discutida conversión del club en sociedad anónima deportiva. La extensa instrucción ha despertado muchas expectativas aunque ésta aún no ha concluido y será entonces cuando se conozca si Lopera es imputado y si hay un juicio posterior en otro juzgado.

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Si se reconoce el delito de Lopera y es condenado, ¿El paquete accionaral de este se vendera a los beticos?