Un informe de la Guardia Civil acorrala a Ruiz de Lopera.
Nuestras investigaciones ponen de manifiesto la existencia de una forma de operar, contable y mercantil, en la que se confunde todo lo relativo al Real Betis con el patrimonio personal de Manuel Ruiz de Lopera».

«Sin duda ninguna, nos encontramos ante una falsedad en el contrato mercantil que viene a perjudicar los intereses del Real Betis, que ha de pagar unas cantidades que correspondería asumir a Tegasa».

Éstas son dos de las conclusiones a las que llega el exhaustivo informe, de más de 500 páginas, que la unidad de Delincuencia Económica de la Guardia Civil ha remitido al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, donde se investigan los presuntos delitos societarios y de apropiación indebida de Lopera en el Betis.

La Guardia Civil se puso a disposición de la juez Mercedes Alaya una vez que ésta admitió a trámite la querella interpuesta contra Lopera por grupos de accionistas opositores y por la Fiscalía de Sevilla.

Lopera ya fue acusado y condenado por delitos fiscalesLos grupos especializados en delincuencia económica ya habían investigado el fraudulento entramado societario que Lopera montó en torno al Betis con ocasión de un anterior juicio (caso Hacienda), en el que el dirigente bético fue acusado y finalmente condenado por dos delitos fiscales.

La juez reclamó otra aportación de la unidad de la Benemérita, que practicó nuevas diligencias y tomó más declaraciones a los imputados. Sus conclusiones forman parte de un macroinforme que pone patas arriba el tinglado con el que se ha venido administrando ilícitamente el Betis.

El informe de la UCO (Unidad Central Operativa) resulta concluyente respecto a la trama familiar con que Lopera controlaba las empresas satélites del Betis; y sobre las graves irregularidades en la gestión, en perjuicio del club y a favor de estas sociedades fantasma.

El primer punto resultaba pertinente dado que Lopera negó tajantemente tener alguna relación con las empresas que, supuestamente, gestionaban el Betis, Tegasa (Técnica y Garantía del Deporte, SA) y Encadesa (Encaje del Deporte, SA). Sin embargo, los investigadores de la Guardia Civil pronto pusieron de manifiesto que sucedía todo lo contrario. «Los administradores de Tegasa y Encadesa son personas del entorno más cercano a Lopera».

Su conclusión admite poca interpretación: «Las personas que forman parte del accionariado de Tegasa y Encadesa, así como la mayoría del accionariado del Real Betis, no son otras que las que sustentan el patrimonio personal de Ruiz de Lopera».

El principal ‘testaferro’ de Lopera fue quien admitió «la trama familiar»Pero es que, incluso, fue el principal testaferro de Lopera, Guillermo Molina, quien reveló la vinculación de todas estas empresas con su jefe, durante los interrogatorios a los que le sometió la Guardia Civil.

Molina (también imputado, y célebre por ser el mandado de Lopera en el famoso vídeo donde escenificaron la salvación del Betis en el 92) señaló entre los testaferros a la suegra o al cuñado del dirigente bético, además de algunas «amigas muy próximas desde siempre a la familia», casos de Teresa González, Mercedes Ferraro o Ana Peña, estas dos últimas, igualmente, imputadas en la causa del presunto delito societario.

Asentada la trama familiar, el grupo de Delincuencia Económica se centró en poner de relieve los fraudes, a su juicio, cometidos. Lo primero que llama la atención es lo minúsculo de las empresas a las que Lopera cedió la gestión del Betis, por la que supuestamente cobraron millones de euros.

El primer contrato entre el Betis y Tegasa corresponde al año 1993: dicha empresa contaba entonces con dos empleados. En 1999, su año de mayor actividad (en el que tuvo que negociar los millonarios contratos de obra en el estadio), tenía seis trabajadores a su servicio.

[En investigaciones más extensas sobre este apartado, la Audiencia Nacional llegó a la conclusión, en tres sentencias, de que era el Betis quien realmente realizaba los trabajos por los que cobraba Tegasa, sociedad a la que «financiaba»]

Las empresas fantasma de Lopera, por cierto, no tuvieron más actividad que la realizada con el Betis. Y ésta, precisamente, no estuvo marcada por la claridad.

Tras estudiar los contratos entre ambas entidades y las deudas supuestamente contraídas por el Betis, la Guardia Civil advierte diversas irregularidades que, casualmente, redundan en perjuicio del club. «La forma de operar confunde todo lo relativo al Real Betis con el patrimonio personal de Lopera».

Más concretamente, los agentes llaman la atención sobre el incumplimiento de diversas cláusulas en los contratos entre Tegasa y el Betis, y su modificación para que beneficien a la empresa fantasma de Lopera.

El dirigente siempre alardeó de que sus empresas garantizaban la supervivencia del Betis. Efectivamente, en 1993 el club adquirió algunos blindajes interesantes. Por ejemplo, respecto a las obras del campo, se reservaba el derecho «de pedir a Tegasa la restitución del Estadio a su estado original o quedarse con las mejoras realizadas, sin tener que abonarle ningún tipo de indemnización».

A la hora de la verdad, eso se convirtió en papel mojado. De hecho, sin mayor sentido, unos años después el Betis firmó otro contrato en el que quedó «obligado» a indemnizar a la sociedad fantasma con casi 7 millones de euros por la ¡no realización de las obras!

Los investigadores reflejan éstas y algunas otras «falsedades en documento mercantil que vienen a perjudicar los intereses del Real Betis».

El macroinforme de la Guardia Civil es pieza central en la investigación que el juzgado 6 de Sevilla viene desarrollando. Además, dos peritos de la Agencia Tributaria llevan más de un año en el club obteniendo toda la documentación posible. La juez vio indicios «continuados» de delito por parte de Lopera desde el año 1993. Se espera que, en breve, concluyan su trabajo.

Le tocará entonces a la juez calificar los delitos y fijar las penas, que ya resolvería otro juzgado tras el proceso correspondiente. Por un delito societario, Lopera se enfrentaría a condenas de hasta cuatro años de prisión y multas de hasta el triple de lo defraudado.