Los grandes hombres muestran su talla precisamente en este tipo de situaciones, encontrando caminos y pactos cuando la maraña no deja atisbar mayor esperanza. Lopera tiene la última oportunidad para terminar su ciclo con decencia, y ser más recordado como el hombre que salvó el Betis que como el sátrapa que lo hundió. Hay, sin embargo, poderosas razones para el pesimismo. Digamos tres, especialmente, que dificultan la venta de sus acciones.
Trapos sucios. En todas las compras, más serias o más ficticias, con Portillo o Castel, con Bsport o el jeque, hubo un punto en común: Lopera siempre exigió una cláusula de confidencialidad a posteriori. O sea, que el comprador no aireara ningún trapo sucio que pudiera encontrar sobre su etapa en el club.
Su temor es fundado: sólo hay que recordar que una juez ha visto indicios de delito en su gestión en el Betis desde el año 1993, y que dos inspectores de Hacienda llevan meses revolviendo estanterías y obteniendo toda la información al respecto posible. El máximo accionista bético quería evitar que su sucesor hiciera lo que están haciendo ahora los peritos.
Necesidad de dinero. Cuando Lopera puso 70 millones de euros como precio a sus acciones, el personal lo interpretó de manera unívoca: lo que busca es no vender. Hay que recordar que él adquirió ese paquete accionarial por 4 millones. Hay, sin embargo, otra perspectiva.
El panorama que ofrece el proceso judicial en que está inmerso Lopera es escalofriante. En el peor de los escenarios, que fuera condenado por los delitos societarios de que se le acusa, tendría que afrontar, además de una pena de cárcel, una tremenda multa económica, de hasta el «triple de lo defraudado». En una estimación muy por lo bajo y de sólo un periodo de cinco años, Por Nuestro Betis cuantificó en 15 millones lo desviado por Lopera hacia sus empresas fantasma. La juez investiga un periodo de 15 años. En el peor de los casos, a Lopera le conviene tener su caja lo más llena posible.
Megalomanía. Hasta aquí, las razones materiales. Pero quizá por encima incluso esté la psicológica. Sencillamente, Lopera no puede soportar que su sucesor mejore su legado.
Trapos sucios. En todas las compras, más serias o más ficticias, con Portillo o Castel, con Bsport o el jeque, hubo un punto en común: Lopera siempre exigió una cláusula de confidencialidad a posteriori. O sea, que el comprador no aireara ningún trapo sucio que pudiera encontrar sobre su etapa en el club.
Su temor es fundado: sólo hay que recordar que una juez ha visto indicios de delito en su gestión en el Betis desde el año 1993, y que dos inspectores de Hacienda llevan meses revolviendo estanterías y obteniendo toda la información al respecto posible. El máximo accionista bético quería evitar que su sucesor hiciera lo que están haciendo ahora los peritos.
Necesidad de dinero. Cuando Lopera puso 70 millones de euros como precio a sus acciones, el personal lo interpretó de manera unívoca: lo que busca es no vender. Hay que recordar que él adquirió ese paquete accionarial por 4 millones. Hay, sin embargo, otra perspectiva.
El panorama que ofrece el proceso judicial en que está inmerso Lopera es escalofriante. En el peor de los escenarios, que fuera condenado por los delitos societarios de que se le acusa, tendría que afrontar, además de una pena de cárcel, una tremenda multa económica, de hasta el «triple de lo defraudado». En una estimación muy por lo bajo y de sólo un periodo de cinco años, Por Nuestro Betis cuantificó en 15 millones lo desviado por Lopera hacia sus empresas fantasma. La juez investiga un periodo de 15 años. En el peor de los casos, a Lopera le conviene tener su caja lo más llena posible.
Megalomanía. Hasta aquí, las razones materiales. Pero quizá por encima incluso esté la psicológica. Sencillamente, Lopera no puede soportar que su sucesor mejore su legado.
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