El Ministerio Fiscal ha recurrido la decisión del Juzgado de Instrucción número 6 de solicitar a la Consejería de Justicia que designe una empresa auditora para que analice la situación económica del Betis y su relación con Tegasa y Encadesa. Considera que “no es ajustada a Derecho”.

En el recurso, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal entiende que esa decisión atribuye a la titular de Justicia, Evangelina Naranjo, competencias jurisdiccionales referidas a la prueba pericial y a la valoración de sus conocimientos, algo que, a juicio del Ministerio Público, contraviene lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En este sentido, prosigue el recurso, “la procedencia de la intervención de la Junta se reduce a funciones de gestión de los medios necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Administración de Justicia”, aunque “en ningún caso” para el nombramiento de peritos.
El fiscal considera que la Administración de Justicia, y por tanto el órgano judicial, dispone de medios legales, personales y profesionales necesarios “para la realización de la pericial acordada sin intervención de la Consejería de Justicia para el peritaje y sus gastos en tanto no recaiga condena”.

La titular del juzgado, Mercedes Alaya, pide que una empresa realice una auditoría para “determinar los efectos en la situación económica, financiera y patrimonial” de la entidad y de las empresas Tegasa y Encadesa, vinculadas al máximo accionista del Betis, Manuel Ruiz de Lopera. La magistrada entiende que con este estudio se deben determinar “las cantidades que se hubieran distraído de las arcas del Betis” como consecuencia de los contratos suscritos entre las citadas empresas y el club.

Así las cosas, la jueza dice que la “complejidad del informe pericial ordenado exige un equipo de profesionales de la auditoría sumamente formado y especializado” por la “ingente” documentación contable que se tiene que analizar. Por ello, “estas exigencias de solvencia profesional y de disponibilidad de medios y personal sólo las pueden cumplir las más importantes firmas auditoras del país”, reza el escrito del juzgado, que añade que dicha investigación debe realizarse con “eficacia” para que “no se eternice en años de espera”.

Ante esto, la Fiscalía pide que se revoque la diligencia acordada por el Juzgado de Instrucción 6 y que se proceda al nombramiento de peritos de la Administración Pública que gozan de “imparcialidad, objetividad y capacitación por su alto grado de especialización”.


La fuente aquí: El Correo