La juez que instruye la causa por delito societario contra Manuel Ruiz de Lopera reclama a la Junta que pague a una gran auditora para que examine las cuentas del Real Betis y las de dos sociedades del entramado del consejero delegado del club: Tegasa y Encadesa

La juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, ha reclamado a la Junta de Andalucía la designación de una empresa auditora de gran peso específico para la elaboración del informe pericial de las cuentas del Real Betis Balompié si no se quiere que la investigación a Manuel Ruiz de Lopera “se eternice en años de espera”.

El objetivo del examen pericial es determinar qué efectos financieros y patrimoniales se han derivado de los contratos de arrendamientos de servicios firmados por el club con las entidades Tegasa y Encadesa y de los que hayan firmado ambas empresas entre sí ligados a la entidad verdiblanca (ambas sociedades forman parte del entramado empresarial del dueño del club) y, como consecuencia de esta relación, averiguar cuáles son “las cantidades que se hubieran distraído de las arcas del Real Betis como consecuencia de la firma de los mismos”.

La solicitud forma parte del conjunto de diligencias que reclamó la juez en un auto firmado el 19 de marzo, tras llegar a su juzgado la denuncia por delito societario que formalizó la Fiscalía de Sevilla contra el consejero delegado del Betis, Manuel Ruiz de Lopera.

En ella, el ministerio público acusaba al accionista mayoritario de la entidad de descapitalizar el club en beneficio de sus empresas Tegasa y Encadesa. La denuncia sostenía que el consejero delegado de la entidad actuó “con abuso de las funciones de su cargo y en beneficio propio o de un tercero” y que ocasionó la descapitalización del club a través de la sociedad Encaje del Deporte Sociedad Anónima (Encadesa).

Pues bien, ahora, tres meses después, la juez ha remitido un auto a la Consejería de Justicia en el que reclama que el informe pericial sea elaborado por un equipo de expertos que esté especializado en este tipo de asuntos y que sea numeroso. La magistrada remarca la complejidad del caso y el gran volumen de documentación contable susceptible de examen, que ha obligado incluso a habilitar una dependencia exclusiva para el sumario del caso en las dependencias de los Juzgados.

Mercedes Alaya sostiene en su escrito que las exigencias de solvencia y de disponibilidad de medios y personal sólo pueden ser atendidas por las grandes compañías auditoras que operan en el país, y avisa de que su contratación es esencial para que esta investigación “no se eternice en años de espera, sino que se realice con eficacia en el menor tiempo posible”.

Así, además del auto se adjunta la relación de las cuatro auditoras que podrían desarrollar este trabajo con las garantías requeridas (Deloitte, Pricewaterhousecoopers auditores, Ernst&Young y KPMG Auditores). Al respecto, la juez hace una salvedad y ruega que no se tome en consideración a la empresa KPMG “por razones de transparencia”, pues su marido ha tenido una relación laboral prolongada con esta consultora.

La titular del Juzgado de Instrucción 6 solicita además “desentenderse por completo” de todo lo relativo a los honorarios de estos profesionales al carecer de competencias en la materia (expertos en la materia cifran en 50.000 euros un coste aproximado de la minuta de los consultores) y concluye su misiva con el ruego de que la designación se realice a la mayor brevedad y advierte que de ello depende que se pueda llevar a cabo esta investigación judicial de las cuentas de Manuel Ruiz de Lopera.

Los problemas con la Justicia del consejero delegado del Betis se reprodujeron poco después de haber cerrado un acuerdo en el que aceptaba dos penas de siete meses y medio de cárcel por sendos delitos fiscales (redujo indebidamente el pago a la Hacienda Pública del impuesto de sociedades). En noviembre de 2007, el consejero delegado del Betis recibió el revés de una sentencia de la sección segunda de la Audiencia Nacional, fruto también de una supuesta irregularidad detectada por Hacienda.

En ella se resolvía un recurso del Betis por el supuesto fraude en el IRPF en los contratos de imagen de cinco jugadores de la primera plantilla del club. La entidad verdiblanca se escudaba en un convenio de gestión con Tegasa para eximirse de cualquier responsabilidad. La sentencia desestimó la petición del Betis. Y, además, terminó por desmontar la idea de Lopera de que cedía la gestión del club a la sociedad Tegasa a cambio de unos ingresos que garantizaban la estabilidad del presupuesto de la entidad.

Al contrario de lo argumentado, los redactores de la sentencia aseguraron que “más que financiar al club, era éste quien financiaba a Tegasa”. Es más, en los fundamentos jurídicos del fallo se subrayaba que Tegasa no realizaba actividad económica alguna y que hubo temporadas en las que no tenía ni empleados (ejercicio 93/94) y, sin embargo, cobraba dinero por ejercer una actividad que no era real.

En virtud de estas conclusiones, la asociación Béticos por el Villamarín, opositora de Lopera, presentó una querella contra éste y, por su parte, la Fiscalía General del Estado remitió el caso a la fiscalía sevillana, que denunció al consejero delegado del Betis por un delito societario que ahora investiga el Juzgado de Instrucción número de la capital andaluza.