Llega el turno de la declaración de Lopera
En el juicio en el que se le acusa de un presunto delito de apropiación indebida en su gestión del Betis
El expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera comenzará mañana su declaración en el juicio que se celebra en la Audiencia de Sevilla y en el que se le acusa de un presunto delito de apropiación indebida durante su gestión del club, por lo que le piden tres años de cárcel. Las previsiones de la Audiencia de Sevilla son que Lopera declare durante varias sesiones del juicio, que comenzó el pasado 18 de abril y se desarrollará en 24 días repartidos entre los meses de junio, julio, septiembre y octubre. El testimonio de Lopera se producirá una vez que la Audiencia rechazó esta semana todas las cuestiones previas que planteó el expresidente bético. Una de las cuestiones se refería a la petición de Lopera de expulsar del procedimiento a las plataformas “Béticos por el Villamarín”, “Por Nuestro Betis” y “Liga de Juristas Béticos”, que podrán seguir con su actividad en el juicio.
Los magistrados tampoco admiten la nulidad solicitada por la defensa de Lopera respecto al nombramiento de los peritos judiciales y las pruebas encontradas, al ser extemporáneas. La Fiscalía planteará que “de forma alternativa” se condene a Lopera a dos años si considera que el delito es de administración desleal. El Ministerio Fiscal reclama a Lopera, en concepto de indemnización para el Real Betis Balompié, una cantidad de 591.017,41 euros además de otra de 3.078.000 euros, cantidades de las que deben responder solidariamente María Teresa González Martínez y Mercedes Ferraro, también encausadas.
La Fiscalía acusa también al perito Guillermo Molina, y no lo hace contra otras tres personas que se sentarán en el banquillo de los acusados por iniciativa de los abogados de la acusación: Ana María Ruiz, Francisco Javier Páez y Ángel Guillermo Martín. Igualmente, la Fiscalía reclama que se condene a Encadesa, otra de las empresas controladas por Lopera, al pago de ese algo más de tres millones de euros de manera solidaria con los dos primeros acusados, a la entidad Farusa solidariamente por las cantidades de 450.759,08 euros y 592.593,93 euros, y a Frigimueble solidariamente a 90.151,82 euros.
En el escrito de calificación, el fiscal pide tres años de prisión por un presunto delito de apropiación indebida, además de una pena de nueve meses de multa a razón de diez euros diarios, de inhabilitación para desempeño de cargo público y de sufragio pasivo, además del pago de las costas. No obstante, el Fiscal plantea una pena de dos años de prisión para el exmandatario por un presunto delito de administración desleal, además de inhabilitación tanto para el desempeño de cargo público como para el derecho de sufragio pasivo si el juez determina que debe ser dicho delito y no el de apropiación indebida.
A Lopera la Fiscalía le pide tres años por un presunto delito de apropiación indebida y como alternativa, dos años por administración desleal e indemnización de 3,6 millones de euros; Béticos por el Villamarín catorce años de cárcel, nueve por apropiación indebida y seis por administración desleal, así como inhabilitación de quince años e indemnización superior a los 25,6 millones de euros; el Betis y la Liga de Juristas Béticos doce años de prisión por supuesta apropiación indebida y administración desleal más indemnización de quince millones; y Por Nuestro Betis diez años por apropiación indebida con una inhabilitación por quince años o subsidiariamente seis años por administración desleal y dos por alzamiento de bienes con indemnización de 17 millones.
Destaca en el escrito de conclusiones que la Fiscalía aprecia una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, achacable a la juez Mercedes Alaya, que lo comenzó a instruir en 2008. La defensa del expresidente, que ejerce Encarnación Molino, por su parte, asegura que Lopera presentó garantías por más de 200 millones de euros entre 1993 y 2008 en forma de un “auténtico mecenazgo gratis y desinteresado”, y añade que no cometió la apropiación de la que se le acusa y tampoco perjudicó a la entidad ni obtuvo beneficios para él y su entorno familiar
Llega el turno de la declaración de Lopera - Al final de la Palmera
En el juicio en el que se le acusa de un presunto delito de apropiación indebida en su gestión del Betis
El expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera comenzará mañana su declaración en el juicio que se celebra en la Audiencia de Sevilla y en el que se le acusa de un presunto delito de apropiación indebida durante su gestión del club, por lo que le piden tres años de cárcel. Las previsiones de la Audiencia de Sevilla son que Lopera declare durante varias sesiones del juicio, que comenzó el pasado 18 de abril y se desarrollará en 24 días repartidos entre los meses de junio, julio, septiembre y octubre. El testimonio de Lopera se producirá una vez que la Audiencia rechazó esta semana todas las cuestiones previas que planteó el expresidente bético. Una de las cuestiones se refería a la petición de Lopera de expulsar del procedimiento a las plataformas “Béticos por el Villamarín”, “Por Nuestro Betis” y “Liga de Juristas Béticos”, que podrán seguir con su actividad en el juicio.
Los magistrados tampoco admiten la nulidad solicitada por la defensa de Lopera respecto al nombramiento de los peritos judiciales y las pruebas encontradas, al ser extemporáneas. La Fiscalía planteará que “de forma alternativa” se condene a Lopera a dos años si considera que el delito es de administración desleal. El Ministerio Fiscal reclama a Lopera, en concepto de indemnización para el Real Betis Balompié, una cantidad de 591.017,41 euros además de otra de 3.078.000 euros, cantidades de las que deben responder solidariamente María Teresa González Martínez y Mercedes Ferraro, también encausadas.
La Fiscalía acusa también al perito Guillermo Molina, y no lo hace contra otras tres personas que se sentarán en el banquillo de los acusados por iniciativa de los abogados de la acusación: Ana María Ruiz, Francisco Javier Páez y Ángel Guillermo Martín. Igualmente, la Fiscalía reclama que se condene a Encadesa, otra de las empresas controladas por Lopera, al pago de ese algo más de tres millones de euros de manera solidaria con los dos primeros acusados, a la entidad Farusa solidariamente por las cantidades de 450.759,08 euros y 592.593,93 euros, y a Frigimueble solidariamente a 90.151,82 euros.
En el escrito de calificación, el fiscal pide tres años de prisión por un presunto delito de apropiación indebida, además de una pena de nueve meses de multa a razón de diez euros diarios, de inhabilitación para desempeño de cargo público y de sufragio pasivo, además del pago de las costas. No obstante, el Fiscal plantea una pena de dos años de prisión para el exmandatario por un presunto delito de administración desleal, además de inhabilitación tanto para el desempeño de cargo público como para el derecho de sufragio pasivo si el juez determina que debe ser dicho delito y no el de apropiación indebida.
A Lopera la Fiscalía le pide tres años por un presunto delito de apropiación indebida y como alternativa, dos años por administración desleal e indemnización de 3,6 millones de euros; Béticos por el Villamarín catorce años de cárcel, nueve por apropiación indebida y seis por administración desleal, así como inhabilitación de quince años e indemnización superior a los 25,6 millones de euros; el Betis y la Liga de Juristas Béticos doce años de prisión por supuesta apropiación indebida y administración desleal más indemnización de quince millones; y Por Nuestro Betis diez años por apropiación indebida con una inhabilitación por quince años o subsidiariamente seis años por administración desleal y dos por alzamiento de bienes con indemnización de 17 millones.
Destaca en el escrito de conclusiones que la Fiscalía aprecia una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, achacable a la juez Mercedes Alaya, que lo comenzó a instruir en 2008. La defensa del expresidente, que ejerce Encarnación Molino, por su parte, asegura que Lopera presentó garantías por más de 200 millones de euros entre 1993 y 2008 en forma de un “auténtico mecenazgo gratis y desinteresado”, y añade que no cometió la apropiación de la que se le acusa y tampoco perjudicó a la entidad ni obtuvo beneficios para él y su entorno familiar
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