Encarnación Molino, abogada que representa a Lopera en el juicio por el caso Betis que se desarrolla desde hoy en la Audiencia de Sevilla, ha solicitado que no se acepte a las plataformasBéticos por el Villamarín, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos como acusación particular, al considerar que se “vulneraría la tutela judicial efectiva” debido a que considera que no están legitimados para ello al no ser los accionistas, abonados o aficionados, que componen estas plataformas, los perjudicados del supuesto proceder de Manuel Ruiz de Lopera al frente del club, sino que el único que puede estar personado es el Betis. Además, señalaba que “es imposible reclamar una indemnización a favor de un tercero al que no se representa”, algo que considera “insólito, absurdo y jurídicamente insostenible” y destacando que “reclaman más de lo que pide el propio Betis”. Molino señala que las citadas plataformas “tienen que presentarse como acusación popular” y solicita igualmente que sean expulsadas del procedimiento y que se les condene al pago de las costas. Desde esta mañana, se celebra el juicio contra el expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera al que la Fiscalía solicita tres años de prisión por un delito de apropiación indebida durante su gestión en el club.

Además, la defensa de Lopera ha presentado también como cuestión previa la nulidad del nombramiento de los peritos Francisco Velasco y Julia Contreras, que emitieron los informes durante la instrucción del caso Betis que evaluaron el daño por la interposición de las sociedades Tegasa y Encadesa en la gestión del Betis durante 1993 y 2008. Encarnación Molino señalaba que se han producido “gravísimas irregularidades” y que los peritos no tenían “la capacidad suficiente ni la cualificación necesaria”, que su nombramiento no fue acorde y que Velasco estaba “contaminado” puesto que intervino en las actuaciones practicadas por la Agencia Tributaria en el caso por el cual se condenó a Manuel Ruiz de Lopera por delito fiscal en 2006. Además de considerar que hubo vulneración del derecho a nombrar perito de parte, Molino consideraba que existía vulneración del derecho a un juez imparcial. La letrada de Lopera se refería a la recusación del magistrado de la Audiencia Calle Peña, que confirmó hasta 48 resoluciones de la instrucción y que fue apartado del procedimiento por relación familiar con uno de los promotores de la Liga de Juristas Béticos. La Sección Primera de la Audiencia ya decidió al respecto denegando la nulidad de estas actuaciones a pesar de que la defensa de Lopera consideraba que lo argumentó “con una mezcla” de justificaciones, pero Molino defiende que esta situación ha de resolverse en este acto de cuestiones previas.