breve y sencilla misiva que se me publicó hace unos días en una humilde sección de cartas al director en réplica a un orlado artículo de mi antecesor en la presidencia del Real Betis parece haber tenido, entre otros efectos, el de obligarle a ofrecer explicaciones sobre sus propias afirmaciones. Curioso y significativo efecto, ya que en mi carta -escrita no sé si con pluma cervantina o machadiana, pero desde luego con pluma inteligible- me limité a exponer unas consideraciones de carácter general sobre la justicia, que todo buen ciudadano debería suscribir, y a apuntar un par de relevantes lances judiciales que desacreditan las fabulosas y extraordinarias tesis acusatorias sostenidas contra mí. Tesis, estas sí, propias del fértil e imaginativo genio del autor del Quijote.
Vuelve el citado a la carga, y vuelvo yo a replicar. Y no por gusto propio. Hasta ahora me he limitado a hablar en los tribunales -miles de folios de alegaciones acogen mis razones en los diferentes procedimientos-, y así seguiré haciendo. A estas alturas tiene poco, o ningún sentido, traer a las tribunas de papel las cuitas de los procedimientos judiciales. Pero a nadie escapa que la intensa actividad mediática emprendida por el citado tras el fracaso de las negociaciones mantenidas a iniciativa de los representantes del club y de otras partes demandantes carece, evidentemente, de otra finalidad que la de intentar reflotar el crédito perdido por las acusaciones y paliar el debilitamiento de esa "conciencia" o "sentir popular" al que luego, según su criterio, deben vincularse las resoluciones de los jueces.
Refiere el citado mi alusión al despliegue judicial del que soy protagonista desde 2007. Claro está que no ha sido iniciativa de los jueces, ya que no les corresponde esta función: desde luego, el múltiple embate judicial fue diseñado a escuadra y cartabón por un significado grupo de opositores, ajustándose a un guión operativo que hasta quedó escrito y publicado. Su finalidad: echarme del club a base de condenas pecuniarias y carcelarias, abocándome a una especie de muerte civil; o, dicho con otras palabras más afinadas, despojarme a mí y a las sociedades de mi entorno familiar de sus acciones del Real Betis sin contraprestación alguna, razón de ser última de esta iniciativa (sin perjuicio de que alguno haya querido aprovechar la oportunidad para tratar de vengar viejas rencillas personales). Diez años después de trazada la "hoja de ruta", sus promotores podrán valorar si han logrado, o llevan camino de lograr, sus objetivos; y la fiel afición bética, si los daños colaterales para nuestro querido club derivados de semejante estrategia han merecido la pena.
Menciona este segundo artículo el procedimiento por delito fiscal relativo a los ejercicios 1996 y 1997 -hace 20 años- sobre el que recayó en 2005 sentencia condenatoria en conformidad, y justifica en ello, aunque sólo en ello, el término "infractor" con el que me identifica. Allí se ventiló un asunto de impuestos y, como es propio, el único sujeto perjudicado en un asunto así es la Hacienda Pública, nunca el Real Betis. Y, además, ninguno de los múltiples intervinientes en aquel proceso -el Juzgado de Instrucción, la Audiencia Provincial, los peritos de Hacienda, la Fiscalía o la Abogacía del Estado- advirtió en ningún momento indicio alguno de que mi gestión del club hubiera conllevado "apoderamiento" de sus recursos; claro está que en caso contrario la causa se habría extendido a este otro supuesto delito. Curiosamente, los mismos hechos han sido encausados de nuevo en el procedimiento penal en curso, iniciado varios años después de concluso el anterior, y la Fiscalía, órgano garante de la legalidad, no ha apreciado, en su escrito de acusación, la existencia de delito alguno por tales hechos.
Se refiere luego el artículo al mencionado procedimiento penal en curso. Habla del "apoderamiento", ni siquiera presunto, de cierto número de acciones del Real Betis. Nuevamente da por enjuiciado lo que está por enjuiciarse, confundiendo sus deseos con la realidad. Lo que en verdad arroja la causa a día de hoy es que la Fiscalía tampoco aprecia delito por estos hechos. Por cierto que, hablando de acciones, el citado olvida mencionar que el procedimiento de suscripción en 1992 mediante un "préstamo puente de suma brevedad", ahora sometido a escrutinio en un juzgado de lo Mercantil, fue idea suya, algo de lo que incluso se ha jactado públicamente.
El artículo sí cita a la Fiscalía para subrayar que acusa por un importe de 3,5 millones de euros, aunque omite mencionar la abismal diferencia de esta cifra con la que su asociación y otras acusaciones particulares han venido defendiendo, que alcanza los 25 millones de euros. Y, respecto a esos 3,5 millones de euros a que alude la Fiscalía, referidos a 18 años de gestión del club y unos recursos gestionados de muchos cientos de millones de euros, quien tenga interés en conocer mi réplica y explicaciones sólo ha de leer el escrito de defensa presentado al cierre de la instrucción.
Continúa el artículo explicando su referencia a la justicia popular y a cómo deberán conformarse las futuras sentencias. Claro está que la justicia emana del pueblo, pero los jueces no deben dictar sentencia ajustándose a los estados de opinión del momento, en función de juicios mediáticos o paralelos, sino aplicando la ley. Una cosa es que la justicia -como, en definitiva, todas las instituciones del Estado al amparo de la Carta Magna- hunda sus raíces en la comunidad a la que sirve y otra muy distinta que las sentencias deban prescindir de las reglas dadas para ajustarse a la "conciencia popular" -tan voluble, tan influenciable, pero también tan difusa e indeterminable- que prime en cada momento. Y lo digo yo, que, a diferencia de otros, me siento, y estoy, mucho más cerca del pueblo llano que de las élites académicas y sociales.
Reitero, para concluir, que a estas alturas ya sólo procede hablar en los tribunales, no en otros foros. Déjese en paz a los jueces y la justicia. Y déjese en paz también al Real Betis, esa bandera en la que algunos se han envuelto, y lo siguen haciendo, para defender intereses meramente personales.
CARTA
MANUEL RUIZ DE LOPERA
El Betis: causas y excusas
Vuelve el citado a la carga, y vuelvo yo a replicar. Y no por gusto propio. Hasta ahora me he limitado a hablar en los tribunales -miles de folios de alegaciones acogen mis razones en los diferentes procedimientos-, y así seguiré haciendo. A estas alturas tiene poco, o ningún sentido, traer a las tribunas de papel las cuitas de los procedimientos judiciales. Pero a nadie escapa que la intensa actividad mediática emprendida por el citado tras el fracaso de las negociaciones mantenidas a iniciativa de los representantes del club y de otras partes demandantes carece, evidentemente, de otra finalidad que la de intentar reflotar el crédito perdido por las acusaciones y paliar el debilitamiento de esa "conciencia" o "sentir popular" al que luego, según su criterio, deben vincularse las resoluciones de los jueces.
Refiere el citado mi alusión al despliegue judicial del que soy protagonista desde 2007. Claro está que no ha sido iniciativa de los jueces, ya que no les corresponde esta función: desde luego, el múltiple embate judicial fue diseñado a escuadra y cartabón por un significado grupo de opositores, ajustándose a un guión operativo que hasta quedó escrito y publicado. Su finalidad: echarme del club a base de condenas pecuniarias y carcelarias, abocándome a una especie de muerte civil; o, dicho con otras palabras más afinadas, despojarme a mí y a las sociedades de mi entorno familiar de sus acciones del Real Betis sin contraprestación alguna, razón de ser última de esta iniciativa (sin perjuicio de que alguno haya querido aprovechar la oportunidad para tratar de vengar viejas rencillas personales). Diez años después de trazada la "hoja de ruta", sus promotores podrán valorar si han logrado, o llevan camino de lograr, sus objetivos; y la fiel afición bética, si los daños colaterales para nuestro querido club derivados de semejante estrategia han merecido la pena.
Menciona este segundo artículo el procedimiento por delito fiscal relativo a los ejercicios 1996 y 1997 -hace 20 años- sobre el que recayó en 2005 sentencia condenatoria en conformidad, y justifica en ello, aunque sólo en ello, el término "infractor" con el que me identifica. Allí se ventiló un asunto de impuestos y, como es propio, el único sujeto perjudicado en un asunto así es la Hacienda Pública, nunca el Real Betis. Y, además, ninguno de los múltiples intervinientes en aquel proceso -el Juzgado de Instrucción, la Audiencia Provincial, los peritos de Hacienda, la Fiscalía o la Abogacía del Estado- advirtió en ningún momento indicio alguno de que mi gestión del club hubiera conllevado "apoderamiento" de sus recursos; claro está que en caso contrario la causa se habría extendido a este otro supuesto delito. Curiosamente, los mismos hechos han sido encausados de nuevo en el procedimiento penal en curso, iniciado varios años después de concluso el anterior, y la Fiscalía, órgano garante de la legalidad, no ha apreciado, en su escrito de acusación, la existencia de delito alguno por tales hechos.
Se refiere luego el artículo al mencionado procedimiento penal en curso. Habla del "apoderamiento", ni siquiera presunto, de cierto número de acciones del Real Betis. Nuevamente da por enjuiciado lo que está por enjuiciarse, confundiendo sus deseos con la realidad. Lo que en verdad arroja la causa a día de hoy es que la Fiscalía tampoco aprecia delito por estos hechos. Por cierto que, hablando de acciones, el citado olvida mencionar que el procedimiento de suscripción en 1992 mediante un "préstamo puente de suma brevedad", ahora sometido a escrutinio en un juzgado de lo Mercantil, fue idea suya, algo de lo que incluso se ha jactado públicamente.
El artículo sí cita a la Fiscalía para subrayar que acusa por un importe de 3,5 millones de euros, aunque omite mencionar la abismal diferencia de esta cifra con la que su asociación y otras acusaciones particulares han venido defendiendo, que alcanza los 25 millones de euros. Y, respecto a esos 3,5 millones de euros a que alude la Fiscalía, referidos a 18 años de gestión del club y unos recursos gestionados de muchos cientos de millones de euros, quien tenga interés en conocer mi réplica y explicaciones sólo ha de leer el escrito de defensa presentado al cierre de la instrucción.
Continúa el artículo explicando su referencia a la justicia popular y a cómo deberán conformarse las futuras sentencias. Claro está que la justicia emana del pueblo, pero los jueces no deben dictar sentencia ajustándose a los estados de opinión del momento, en función de juicios mediáticos o paralelos, sino aplicando la ley. Una cosa es que la justicia -como, en definitiva, todas las instituciones del Estado al amparo de la Carta Magna- hunda sus raíces en la comunidad a la que sirve y otra muy distinta que las sentencias deban prescindir de las reglas dadas para ajustarse a la "conciencia popular" -tan voluble, tan influenciable, pero también tan difusa e indeterminable- que prime en cada momento. Y lo digo yo, que, a diferencia de otros, me siento, y estoy, mucho más cerca del pueblo llano que de las élites académicas y sociales.
Reitero, para concluir, que a estas alturas ya sólo procede hablar en los tribunales, no en otros foros. Déjese en paz a los jueces y la justicia. Y déjese en paz también al Real Betis, esa bandera en la que algunos se han envuelto, y lo siguen haciendo, para defender intereses meramente personales.
CARTA
MANUEL RUIZ DE LOPERA
El Betis: causas y excusas
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