Un año esperando una sentencia clave para el futuro del Betis

Una perita calígrafa certifica que Lopera falsificó la firma de Galera en la venta de acciones del 92.

Esta noticia puede ser clave para el devenir judicial de los procesos que tiene el Betis.

Tengo claro que hasta que no se arregle este tema, vía sentencias o vía pacto, el Betis vivirá en situación de interinidad permanente.

El tema clave es el reparto de las acciones que pasen a autocartera del Real Betis Balompié





Se acaba marzo y el Betis tiene un ojo en su primer equipo y otro en el director deportivo, pero quienes mandan en Heliópolis tampoco pierden de vista los juzgados, y no sólo la Audiencia Provincial, pendiente de fijar una fecha para el juicio penal contra Manuel Ruiz de Lopera. También están atentos al Juzgado de lo Mercantil, que debe decidir si el expresidente es el legítimo propietario del 31,38% del capital social de la entidad. El problema es que la justicia, a veces, es muy lenta. La prueba es que ese juicio concluyó hace ya un año. Eso sí, hay una novedad importante. Uno de los asuntos que retrasaba la sentencia era una prueba caligráfica que certificase si la firma de Hugo Galera había sido falsificada o no en el proceso de adquisición de acciones por parte de Lopera. Pues bien, una perita designada por el juzgado hizo al fin la prueba y falló a favor de los denunciantes. Es decir, que hubo falsificación. La perita en cuestión fue el cuarto especialista llamado por el Mercantil, que en los tres primeros casos se topó con negativas por distintos motivos.


La sentencia está ahora pendiente de que la Audiencia resuelva la recusación del juez que llevó el caso, Francisco Javier Carretero. Fue presentada el 22 de julio de 2015 por la defensa del expresidente José León, que se basaba en la presunta «falta de imparcialidad» del magistrado. El propio Carretero rechazó esa recusación, pero la Audiencia la admitió a trámite en septiembre. El juicio, por cierto, tampoco quedó visto para sentencia en marzo del año pasado por un oficio al Banco de España que no se pudo efectuar debido a la negativa de Farusa.


La vista para dilucidar si 36.869 acciones del Betis pertenecen de verdad a Lopera se celebró el 23 y el 24 de marzo de 2015. El caso es tan trascendental que se trata de las acciones cuya intervención judicial impidió que Lopera recuperase el control del Betis después de que la Audiencia Provincial levantase el embargo del 51,34% total de Farusa que la jueza Mercedes Alaya había dictado en 2010. La medida, que entró en vigor en julio de 2015, resultó clave para que José Miguel López Catalán y Ángel Haro ganasen la junta extraordinaria de accionistas del 23 de septiembre.


Los abogados de Lopera han reclamado varias veces la suspensión de las medidas cautelares que pesan sobre ese 31,38%, aunque en ningún caso han conseguido su objetivo. De hecho, también solicitaron un incidente de nulidad contra el juez Carretero, cuyo auto fue bastante contundente contra Lopera, ya que apreciaba «indicios de fraude» consistentes en la compra de los títulos.


El caso nace de una demanda de dieciséis accionistas del Betis contra Farusa que dudan de que 36.869 de las 60.327 acciones que posee sean propiedad legítima de la sociedad de Lopera. El expresidente está acusado de no pagar 30.869 acciones adquiridas mediante la subrogación de un préstamo de las cajas. Las otras 6.000 acciones eran de José Léon y Manuel Morales, pero Farusa las recobró en 1995. Según la demanda, provenían de un préstamo impagado a Unicaja incluido en la deuda que asumió el plan de saneamiento en 1992.


Si la sentencia es favorable a los denunciantes, Lopera ya no controlaría nunca más el 51,34% del capital social del Betis y se quedaría con algo menos del 20% (19,96%). López Catalán y Haro han aglutinado más del 25% en las dos últimas juntas de accionistas.