Cuando el pasado 20 de noviembre Javier Páez, representante de Farusa, exconsejero del Betis y sobrino de Manuel Ruiz de Lopera, y Manuel Castaño acudieron a las oficinas de Heliópolis para solicitar, en virtud del porcentaje accionarial de dicha sociedad (superior al cinco), la inclusión del cese y nombramiento de consejeros como punto del orden del día de la junta de accionistas del 17 de diciembre se observaba la posibilidad de la repetición de una campaña electoral como la previa al 23 de septiembre pero ahora, a nueve días de la cita en el hotel Silken Al-Ándalus, se constata que las estrategias han cambiado. Mientras Ángel Haro y José Miguel López Catalán tratan de volver a movilizar a la mayor parte del beticismo para superar el 27,4 por ciento que alcanzaron entonces, por la parte contraria el silencio se ha convertido en la consigna principal puesto que las esperanzas de Farusa, Castaño y Bitton Sport, todos interrelacionados en esta causa, pasan no por ganar convenciendo a los béticos por número de acciones con las circunstancias actuales, sino a cambiar las tornas en sede judicial y hacer desaparecer antes de esa fecha las medidas cautelares que pesan sobre el 31,38 por ciento de las acciones de Farusa en virtud de una resolución del Mercantil 1 a finales del mes de julio.
Entonces, una vez levantadas parcialmente por la Audiencia Provincial las medidas que mantuvo el Juzgado de Instrucción número 6 durante cinco años para que la mayoría accionarial (51,34 por ciento)se gobernara a través de una administración judicial (Juan Manuel Gómez Porrúa, Rafael Gordillo, Luis Ruiz de Huidobro, José Antonio Bosch y Francisco Estepa, en diferentes etapas), los 17 accionistas que iniciaron el procedimiento en el Mercantil por el presuntamente irregular desembolso del 31,38 por ciento por parte de Farusa en junio de 1992 solicitaron al juez Javier Carretero la activación de la intervención suplente que ya se formuló años atrás y que la Audiencia validó para una circunstancia así (levantamiento de las medidas por lo penal). Sin embargo, la defensa de José León, denunciado también en el caso Mercantil, solicitó la recusación de Carretero y éste decidió sobre la misma, algo que finalmente ha llegado a la Audiencia ya que es esta instancia la que opinará finalmente sobre este aspecto. León ha ampliado su recusación, mientras que la defensa de Lopera y Farusa, amparándose en esta iniciativa, ha pedido un incidente de nulidad para dejar el caso sin efecto.
El éxito de estas solicitudes por la vía judicial es la única esperanza de Farusa, Castaño y Bitton, no así la pugna por convencer a los béticos con acciones en la junta del 17 de diciembre. Cuentan con un porcentaje difícilmente superior al 25,5 (en la anterior asamblea alcanzaron un 25,9 pero han perdido apoyos relevantes) fundamentado en el 24,1 que suman directamente la sociedad de Lopera y el abogado bollullero y con un exiguo respaldo social, más cercano al rechazo que a la indiferencia. La táctica, pues, según algunas fuentes, es la de no hacer declaraciones públicas y buscar el menor ruido posible para trabajar en segundo plano en el juzgado y no promover la agitación y la participación activa de los béticos para esta asamblea. De tal manera Castaño aún no ha dado entrevistas, tampoco ha presentado su proyecto y se filtra que éste no sería siquiera considerado candidato para el 17-D, con el objetivo de hacer ver a la opinión pública que Haro y Catalán vencerán con facilidad en esta cita y desinflar así el histórico espíritu de reacción que motivó el éxito del 23 de septiembre.
El efecto manifiestamente contrario que tuvo la denuncia de Tres Cantos, con claros vínculos con Castaño (el denunciante estaba en su propuesta de consejo y se cita al abogado en primera persona en cuatro pasajes del texto) y Bitton (Zulategui reconoció la autoría por parte de sus abogados), planteada como bomba contra el consejo actual y finalmente un refuerzo, ha incidido en esta apreciación de mantener un plano más discreto y presionar por la vía judicial en el mismo tono que en los procedimientos precedentes.
Y es que la intención de centrar el debate en el proceder del juez Carretero recuerda a diferentes actuaciones anteriores con la instructora Mercedes Alaya, los administradores concursales y el magistrado de la Audiencia Calle Peña. Una táctica más directa hacia los jueces que tienen que examinar los procecidimientos que en la intensificación de los argumentos para defenderse. En cualquier caso, fuentes judiciales apuntan a que la sentencia sobre el concurso de acreedores, que puede afectar a los acusado Lopera, León, Oliver y Castaño, entre otros, está al caer.
Mientras, Haro, Catalán, Galera y otros continúan acumulando acciones importantes. Prácticamente todos los paquetes más relevantes votarán a favor del consejo actual, que ha hecho campaña basándose en la diferencia de esta junta (defensa de la gestión y las cuentas anuales) con la del 23-S, en la que sólo se evaluaba el cambio de consejo. El deseo de la directiva actual y sus apoyos (plataformas, peñas, grupos de béticos, etc) es alcanzar el 30 por ciento del accionariado y consolidar la legitimidad que le otorgaron los más de 5.000 béticos que votaron a su favor con sus acciones en septiembre. Para ello intensificarán esfuerzos estos días con la carpa y el movimiento puerta a puerta como principales armas ahora.