Re: Venta centralizada Televison LFP - Como afectará al Betis

Venta centralizada Televison LFP - Como afectará al Betis

El sfc se lleva 50, yo con 45 me conformo...

Re: Venta centralizada Televison LFP - Como afectará al Betis

Al Betis le afectara lo que digan los dos grandes,y si no estas conforme te mandan a la venta.
Eso es así y lo que te vendan los dirigentes es porque no tienen web...

Re: Venta centralizada Televison LFP - Como afectará al Betis

Es una ley aprobada por el Congreso y que será de obligatorio cumplimiento. Los grandes pueden decir misa, el reparto se va a hacer así así se ponga el Madrid y Barcelona en contra.
No entiendo tu comentario berrinchero la verdad

Re: Venta centralizada Televison LFP - Como afectará al Betis

Lo que es increíble es que esto se tenga que hacer por Decreto político.
Hay que ser burros en la LFP para no crear internamente ese reparto más justo, por mucho que rebuznen los tres de siempre.

Re: Venta centralizada Televison LFP - Como afectará al Betis

Llegas tarde compañero por que la venta centralizada ya se ha hecho para esta temporada, la 2015-2016. Los ha comprado Telefónica, el dinero que ha pagado ni me acuerdo ni tengo ganas de buscarlo. Creo recordar, además, que la clave de la negociación está en el 25% referente a implantación social, por eso, también, el club ha primado el número de abonados sobre los ingresos de esa partida.

A fecha de hoy todavía no se sabe el dinero que cada club recibirá por los derechos de televisión. Si me equivoco espero tablas oficiales con el dinero que cobrará cada club.

Re: Venta centralizada Televison LFP - Como afectará al Betis

ESTO VIENE DE El modelo de venta centralizada, a examen
TOCHO PARA EL QUE LE INTERESE, PERO CREO QUE INTERESANTE.


" No descubrimos nada al decir que la venta centralizada de los derechos de retransmisión del fútbol profesional es una reclamación que viene de lejos, sobre todo desde que la mayoría de clubes se dio cuenta de que la venta individual no les ofrecería el dinero que habían estimado. La avaricia que a mediados de los noventa les impulsó a subastar unilateralmente sus derechos se había vuelto en su contra, pues las audiencias acabaron determinando que no eran lo suficientemente atractivos para las televisiones como para seguir inflando sus contratos. Sólo los dos gigantes de nuestra Liga se beneficiaban realmente de esta venta fragmentada, que les permitía liderar holgadamente el ranking europeo de ingresos por televisión, mientras el resto veía como las diferencias se incrementaban contrato a contrato hasta llegar a poner en jaque la propia supervivencia del modelo de competición. Pero la crisis económica (que en el fútbol parece más bien estructural) y el progreso de otras ligas en este campo gracias a modelos de venta conjunta han ido acercando unas posturas aparentemente irreconciliables. Se puede afirmar que entre los clubes había ya un consenso para comenzar la venta centralizada a partir de la temporada 2016-2017, puesto que muchos de ellos (incluido alguno de los grandes) sólo habían firmado contratos de un año para la temporada 2015-2016; sin embargo, la batalla ha sido tan intensa que nadie terminaba de fiarse del todo del de al lado, y por ello se reclamó la intervención legislativa, algo inédito en nuestro entorno competitivo. El jueves pasado, por fin, se ponía negro sobre blanco el modelo de negocio que marcará el futuro del fútbol profesional español.
Es jurídica y políticamente discutible el uso del Decreto-Ley, figura prevista constitucionalmente para casos de extraordinaria y urgente necesidad, como vehículo para establecer este modelo de venta centralizada. Más allá del propio contenido de la norma, pues se trata de regular de forma extraordinariamente minuciosa un sector de actividad privada en el que debería imperar el libre mercado, el hecho de que se apruebe directamente por el Gobierno sin trámite parlamentario (dada la actual mayoría absoluta del Partido Popular, la necesaria convalidación del decreto-ley por parte de las Cortes no deja de ser una mera formalidad) despierta dudas sobre la constitucionalidad del procedimiento elegido. Pero, como este presunto abuso del “decretazo” no es precisamente un caso aislado, sólo cabe exponer la justificación que aporta el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: los agentes implicados (clubes, LFP y RFEF) han pedido una ley que regule la materia y la situación contractual de los derechos televisivos impone estas prisas.

Queda más de un año para el comienzo de la temporada 2016-2017, pero el Gobierno, aunque no lo dice de forma tan clara, estima que era necesario establecer ya este marco legal para evitar que, durante el periodo de tramitación parlamentaria de un proyecto de ley ordinario, algún club se saltara el pacto de caballeros sellado en el seno de la LFP y firmara un contrato más extenso que dificultara o retrasara aún más la implantación del modelo de venta centralizada. Igualmente, los derechos internacionales vencían al final de esta misma temporada y era preciso delimitar la horquilla temporal del próximo contrato, que debería estar ya negociándose. Por todo ello, y tras varios meses de suspense, el pasado jueves se aprobaba en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.

Sin discutir la titularidad de los derechos de retransmisión de los partidos, que siguen perteneciendo a los clubes participantes, el citado decreto-ley obliga a dichos clubes a ceder esos derechos al organizador de la competición para que éste realice una venta conjunta. Así, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) será la encargada de comercializar los derechos de emisión de la Primera y Segunda división, y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ocupará de vender los derechos de la Copa del Rey y la Supercopa de España. Esto en principio, claro, porque más adelante el decreto abre la posibilidad de que la RFEF ceda su función a la LFP en las condiciones que veremos. Como legítimos propietarios de estos derechos (algo que no concuerda del todo con la normativa FIFA), los clubes podrán emitir sus partidos como local a través de sus propios canales, pero siempre en diferido y una vez concluida toda la jornada.

De manera francamente vaga, la norma fija los principios a los que deberán atenerse LFP y RFEF a la hora de subastar los contratos (de no más de tres temporadas) entre los operadores, siempre bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Manteniendo el partido en abierto, se habla de dividir la licitación en lotes de partidos, pero no se especifica qué condiciones deben reunir esos lotes. Sí se dice que ningún operador podrá acumular más de dos lotes (salvo que nadie más puje por esos hipotéticos lotes extra), pero también se autoriza expresamente una comercialización en régimen de explotación exclusiva. En principio, todo este proceso deberá atenerse a las normas sobre competencia de la Unión Europea, que intentan evitar que una sola plataforma televisiva monopolice el fútbol de pago y consiga con ello aplastar a la competencia en su sector, para perjuicio de los consumidores. Es, sin duda, uno de los aspectos que habrá que seguir con más atención en el futuro, dado el panorama televisivo español.



LIGA

Pero el meollo del decreto-ley, al menos para los clubes y sus aficionados, es el modelo de reparto de estos ingresos por televisión. De entrada, el 90% de los ingresos totales se destinará a los equipos de Primera División y el 10% restante a los de Segunda. Dentro de la máxima categoría se procederá a repartir de forma equitativa el 50% de la cantidad asignada, un 25% se distribuirá en función de los resultados de las últimas 5 temporadas y el 25% restante en función de la implantación social de cada club. En Segunda División la parte a asignar de modo equitativo aumenta hasta el 70% del total, repartiéndose otro 15% según la clasificación de la última temporada y el 15% restante según la implantación social de los equipos.

Esa parte variable, la mitad del pastel en Primera y el 30% en Segunda, es la más compleja de explicar. Por un lado están los criterios deportivos: en Primera, a cada una de las 5 temporadas anteriores se le asigna un coeficiente de ponderación (35% a la última, 20% a la penúltima y 15% a las otras tres anteriores), y a cada puesto en la clasificación final le corresponderá un porcentaje concreto dentro del importe asignado a cada temporada (el campeón recibirá un 17%, el subcampeón un 15%, el tercer clasificado un 13% y así sucesivamente hasta llegar al 0’25% que percibirá el colista). En Segunda este cálculo será mucho más sencillo, ya que sólo se tendrán en cuenta las posiciones de la temporada anterior, aunque habrá que adaptar los porcentajes a la existencia de 22 equipos. No queda claro si se arrastrarán las cantidades “devengadas” en los casos de descenso (es decir, si un equipo que hoy juegue en Segunda tiene derecho a percibir la parte correspondiente a los puestos ocupados en Primera en años anteriores que aún estén ponderados), aunque la lógica parece indicar que debe ser así. En cuanto a la implantación social, se trata de un etéreo concepto por el que la LFP repartirá un tercio del correspondiente porcentaje (25% en Primera y 15% en Segunda) según los ingresos por abonos y taquillas de cada club, y los dos tercios restantes según la contribución de cada equipo a la obtención de ingresos por televisión (entiendo que en función de las audiencias, pero la LFP deberá establecer los criterios concretos). El decreto no detalla métodos de cálculo para este apartado, pero sí especifica que el reparto deberá ser proporcional y que ningún club podrá obtener ni menos del 2% ni más del 20% del total a asignar por este concepto.


Como ejemplo, y suponiendo que el total anual a repartir en Primera fuera similar a la suma de los contratos actuales (755 millones según los datos recopilados por Roberto Bayón para la temporada 2013-2014), 377’5 millones se distribuirían a partes iguales, lo que supondría 18’875 millones anuales para cada uno de los 20 equipos. A esta cantidad habría que sumar el variable: 188’75 millones se repartirían en función de los resultados de las 5 últimas campañas y los otros 188’75 restantes según la implantación social de cada club. Dependiendo del equipo, el importe a ingresar por este último concepto oscilaría entre 3’775 y 37’75 millones, por lo que cada club tendría garantizados unos ingresos de 22’65 millones de euros (los 18’875 fijos y los 3’775 del mínimo por implantación social), cantidad que ya sería superior a los 18 millones de los contratos más bajos a día de hoy, antes de recibir la parte correspondiente a los resultados deportivos. Clara mejora, por tanto, para esos equipos de la zona baja, aunque para poder evaluarla debidamente habrá que esperar a las cifras del primer contrato.

Por último, una vez realizado el reparto, y siempre que el contrato no supere los 1.000 millones de euros anuales, el club con más ingresos televisivos no podrá recibir una cantidad más de 4’5 veces superior a la del club que menos ingrese: si lo hace, habrá que reajustar a la baja y de manera proporcional las cantidades asignadas a todos los clubes para aumentar las de los menos favorecidos, hasta que se alcance esa diferencia máxima. Si el contrato supera los 1.000 millones anuales, esa proporción de 4'5 a 1 se reducirá paulatinamente hasta llegar a una de 3 a 1 si el contrato es de 1.500 millones anuales. Actualmente, esa diferencia entre los que más ganan y los que menos está en casi un 8 a 1.

Vamos con unos números “reales”. Tomando como referencia al Getafe, uno de los equipos con un contrato actual de tipo medio (de unos 25 millones de euros según los datos de Bayón) y que ha venido ocupando puestos relativamente uniformes en las últimas campañas, este año debería haber recibido 1.321.250 euros por su clasificación de la temporada pasada (el 2%, por alcanzar el decimotercer puesto, del 35% que corresponde a la última temporada de los 188’75 millones a repartir por resultados), 1.038.125 euros por el 10º puesto de hace dos años (un 2’75% del 20% de los 188’75 millones), 707.812 euros por el 11º puesto de hace tres años (el 2’50% del 15% de 188’75 millones), 353.906 euros por su 16ª plaza de hace 4 años (1’25% del 15% de 188’75 millones) y 1.981.875 euros por haber acabado 6º en la 2009/2010 (3’50% del 15% de 188’75 millones). Es decir, un total de 5.402.968 euros sólo por resultados deportivos, a lo que habría que sumar los casi 19 millones fijos y la fracción que le correspondiera por implantación social (en su caso, más cerca de los 3’775 millones que de los 37’75). En el peor de los escenarios, y con las cifras actuales, el Getafe debería ingresar algo más de 28 millones de euros, por los 25 que cobra realmente hoy. No parece un salto sustancial, pero en el hipotético caso de que el contrato global supusiera unos 1.000 millones anuales para la Primera División (algo aparentemente factible según los dirigentes de la LFP), con esas mismas posiciones el Getafe pasaría a cobrar más de 37 millones. Es decir, con un aumento del importe total pagado por las televisiones de aproximadamente un 30%, el club azulón cobraría casi un 50% más de lo que cobra hoy. Y eso suponiéndole la mínima implantación social, por lo que el resultado real sería probablemente aún mejor.

Pero, ¿qué les ocurriría a los dos colosos de nuestra liga con este sistema de reparto? En el supuesto de que este año se hubiera implantado ya el modelo con un contrato global de 755 millones de euros, el F.C. Barcelona habría ingresado los 18’875 millones fijos, 30’2 millones por sus resultados deportivos entre 2010 y 2014 y otros 37’75 millones por implantación social (concedámosle ese valor máximo). Hablaríamos de casi 87 millones de euros en total, bastante menos de los cerca de 140 millones que ingresó la temporada pasada según los datos de Bayón, calculados a la baja. Por su parte, el Real Madrid debería ingresar algo más de 84 millones, cuando en la realidad está al mismo nivel de ingresos que su eterno rival. En cambio, el Atlético de Madrid, que según la tabla de Bayón ingresa 42 millones de euros, con este nuevo modelo (y una implantación social máxima) habría conseguido más de 77’5 millones. Si introducimos en el cálculo ese supuesto contrato de 1.000 millones anuales para la Primera división, el Barça ingresaría 115 millones y el Real Madrid 111’5, por los 102’75 del Atlético. Es decir, con un contrato que mejore en un 30% los ingresos actuales de la liga española, las cifras obtenidas por los grandes estarían por debajo de lo que ingresan ya hoy los mejores de la Premier. No hablemos por tanto de lo que pasará cuando entre en vigor el nuevo contrato inglés, con el que prácticamente sus 20 equipos pasarán a cobrar más que esas cantidades.

Queda claro que no es precisamente el modelo ideal para Real Madrid y F.C. Barcelona, así que es más que probable que su visto bueno (indudablemente necesario) se haya producido gracias a la inclusión en el decreto-ley de una garantía de nivel de ingresos: la disposición transitoria segunda de la nueva norma establece que, durante las seis primeras temporadas de implantación del sistema (de 2016 a 2022, que en teoría equivalen a los dos primeros contratos centralizados), cuando un club obtenga por el reparto menos dinero del que ingresaba en la temporada 2014-2015, los equipos que sí estén obteniendo más dinero que con su viejo contrato individual deberán entregar (siempre de forma proporcional) parte de ese “beneficio” hasta que todos obtengan al menos lo que venían ingresando individualmente. O lo que es lo mismo: del Atlético para abajo, todos deberán ceder parte de sus mayores ganancias para compensar las “pérdidas” de los dos grandes (podría darse el caso de que algún otro equipo que hoy tenga un contrato mediano también saliera ligeramente perjudicado, pero la cuantía a compensar sería insignificante al lado de las que necesitarán Real Madrid y F.C. Barcelona). Además, en ese caso no se aplicaría la proporción obligatoria de 4’5 entre los clubes que más y menos ingresan, por lo que este blindaje evitará que la tan demandada convergencia se produzca a medio plazo.

Suponiendo que merengues y culés continuaran alternándose en las dos primeras plazas de la clasificación liguera durante las próximas temporadas, haría falta un contrato que garantizase unos 1.400 millones de euros anuales a la Primera división para que ambos clubes alcanzaran su nivel actual de ingresos y permitieran por tanto que el resto de equipos percibieran íntegramente las cantidades que les corresponden según este decreto-ley. A priori no parece fácil que se alcance un contrato así en los próximos años, aunque en este mercado es difícil hacer pronósticos. Veremos en qué cifras se mueve nuestra liga en 2022, cuando venza esta disposición transitoria, o si la ley sigue intacta para entonces.



COPA DEL REY

El decreto-ley fija también el modelo de reparto de los ingresos por la Copa del Rey y la Supercopa de España. Como quedó dicho al comienzo del artículo, la comercialización de estos derechos corresponde a la RFEF, que distribuirá el 90% de los ingresos entre los equipos de la LFP y destinará el 10% restante a la promoción del fútbol aficionado y a los equipos de otras categorías que participen en el torneo. Los equipos profesionales se repartirán el dinero siguiendo el mismo modelo de la Liga (dependiendo de si están en Primera o Segunda: un 50 o un 70% a partes iguales, un 25 o un 15% según criterios deportivos y el resto por implantación social), con la lógica salvedad de que los criterios deportivos tendrán en cuenta la ronda copera alcanzada. Así, en el caso de los equipos de Primera división, se ponderará cada una de las 5 temporadas anteriores en los mismos porcentajes que para la Liga (35%, 20%, 15%, 15% y 15%) y los ingresos se calcularán en función del resultado obtenido en cada una de esas Copas (22% por ser campeón, 16% por ser finalista, 9% por llegar a semifinales, 6% para los cuartofinalistas y 2’5% para quienes lleguen a octavos de final; la temporada en la que no se llegue a esa ronda de octavos no devengaría ingresos por criterios deportivos).

Pero la RFEF puede ceder a la LFP la explotación televisiva de la Copa del Rey (salvo la final, que la Federación comercializará siempre por su cuenta junto con la Supercopa), a cambio de la cantidad que sea mayor de las dos siguientes: 10 millones de euros actualizados o el 1% del contrato que la LFP obtenga para la Liga. En este caso, la RFEF destinaría íntegramente ese dinero al fútbol aficionado y a los equipos de 2ªB y Tercera que jueguen la Copa del Rey. Por su parte, la LFP integraría la cantidad obtenida por la comercialización de la Copa en el total de ingresos a repartir por el contrato liguero, modificando ligeramente la distribución de la cantidad variable por resultados deportivos: en Primera, en lugar de repartir el 25% de los ingresos totales por la clasificación liguera de las últimas cinco temporadas, repartiría el 22% por ese concepto y el 3% restante según los resultados coperos de esas cinco temporadas. No se especifica en qué cambiaría el reparto para los equipos de Segunda, pero mientras la Copa no cambie de formato tampoco es algo que vaya a tener un gran impacto en sus cuentas, porque rara vez llegan a esas rondas.



OTRAS CONSIDERACIONES

Si ya es discutible que, en una economía teóricamente de libre mercado, el Gobierno tenga que imponer por ley cómo deben obtener sus ingresos unas empresas privadas de un sector no estratégico, es francamente pasmoso que, además, la norma fije también cómo deben gastar parte de ese dinero. Porque, una vez realizado el reparto, cada club deberá aportar hasta un 7% de lo ingresado a diversos fines, algunos bastante llamativos. En primer lugar, un 3’5% se destinará a un fondo de compensación por descensos, vieja aspiración de la LFP que ahora se pondrá por fin en marcha: cada año, los equipos que desciendan a Segunda se repartirán un 90% de esa cantidad, y los que bajen a Segunda B recibirán el otro 10%. Los clubes deberán ceder también un 1% de sus ingresos a la LFP, a modo de canon para publicitar la competición en los mercados nacional e internacional, y otro 1% a la RFEF, que destinará el dinero a la promoción del fútbol aficionado a través de sus federaciones territoriales. El Gobierno también se cobra su “comisión” por haber tenido que intervenir para fijar este modelo de venta y reparto: cada club deberá pagar al Consejo Superior de Deportes un 1% de lo obtenido, cantidad que el CSD dedicará a costear la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel y a financiar su participación en competiciones internacionales.

Pero más extraño aún es el último 0’5% extra que los equipos deberán abonar al CSD, puesto que ese dinero deberá dedicarse a pagar, por este orden, la Seguridad Social de las futbolistas y entrenadores de la Primera división femenina, la Seguridad Social de los futbolistas de 2ªB y una serie de ayudas a sindicatos y asociaciones de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos de fútbol (ayudas que se repartirán en función del número de afiliados por categoría). Resulta muy difícil de entender que este 0’5% deba gestionarlo el CSD y no la propia RFEF, responsable de las competiciones en las que participan estos beneficiarios; sin duda, la conflictividad reciente entre todos los organismos implicados genera este tipo de sinsentidos.

Eso sí: la generosa cesión de este “solidario” 7% queda supeditada a la inexistencia de deudas exigibles y vencidas con Hacienda y la Seguridad Social, puesto que su pago gozará de prioridad. Por lo tanto, quien deba al erario público no tendrá que ceder su 7% a esos fines sociales, pero porque usará el dinero de las televisiones para ponerse al día con el fisco. El decreto establece que la LFP podrá usar los ingresos televisivos a percibir por la venta centralizada como garantía para facilitar el acceso a la financiación a los clubes morosos; es decir, la LFP podrá usar los contratos televisivos como aval para pedir préstamos que se destinarán a pagar las deudas tributarias de sus afiliados, quienes devolverán a la LFP ese dinero prestado con la parte de ingresos que les corresponda. Una medida que debe ayudar a sanear las cuentas de muchos equipos en problemas pero que no podrá ponerse en práctica hasta que se firme el primer contrato, por lo que este verano todavía se prevé bastante movido en los despachos.

Unos despachos a los que el decreto-ley también impone nuevas condiciones, al modificar algunos artículos de la Ley del Deporte de 1990. Quizás lo más importante sea que, a partir de ahora, se considerará una infracción muy grave incumplir los acuerdos económicos adoptados por los órganos de la Liga correspondiente, incluyendo los de control presupuestario. Esto confiere una nueva fuerza a las medidas de control económico implantadas por la LFP, puesto que infringirlas será ahora, casi indiscutiblemente, causa legal de descenso. Por otra parte, se establece que cuando alguna persona o entidad pase a controlar al menos el 5% del accionariado de un Sociedad Anónima Deportiva deberá comunicárselo al Consejo Superior de Deportes; además, si esa persona o entidad va a pasar a controlar al menos el 25% de la SAD, el CSD deberá autorizar expresamente dicha operación, y en ningún caso se permitirá que alguien controle el 5% de dos o más SAD del mismo deporte. Aparte de esa evidente comprobación de un posible conflicto de intereses, no se aclara en qué se basará el CSD para dar su visto bueno o no a esas operaciones.

Por último, cabe destacar que en los órganos que deberán crearse en el seno de LFP y RFEF para la gestión y comercialización de los derechos audiovisuales estarán presentes los dos clubes que más hayan ingresado por este concepto en los cinco años anteriores. No hace falta añadir qué dos equipos se garantizan así una presencia casi perpetua en la mesa que adjudicará los contratos y gestionará el reparto del dinero (incluyendo la valoración de los criterios de implantación social), mesa en la que también estarán otros dos equipos de Primera, uno de Segunda (elegidos los tres en Asamblea) y el presidente de la LFP. Al menos, a partir de la temporada 2016-2017 sabremos exactamente cuánto ingresa cada club y cuánto cede a esos peculiares fines solidarios: la LFP deberá publicarlo obligatoriamente en su web, junto con los criterios exactos de reparto. La transparencia llegará entonces; la igualdad, ya veremos."

Re: Venta centralizada Televison LFP - Como afectará al Betis

La venta centralizada ya se ha aplicado esta temporada.

Re: Venta centralizada Televison LFP - Como afectará al Betis

A ver si esto sirve para disputar hasta el ultimo punto aunque estemos salvados, que cada posicion en la clasificacion cuenta

Re: Venta centralizada Televison LFP - Como afectará al Betis

Permíteme que, con este entrenador y, por qué no decirlo, con gran parte de la afición, dude de esto que dices.

Re: Venta centralizada Televison LFP - Como afectará al Betis


Total, absoluta y completamente, lamentablemente.

Re: Venta centralizada Televison LFP - Como afectará al Betis

Que asco me da Tebas

Lo escuche hablando de los horarios y solo decía dinero dinero dinero y le importaba un ****** los aficionados.

El futbol cada vez da mas asco.

Aquí si apoyo a los ultras "odio al futbol moderno"

Re: Venta centralizada Televison LFP - Como afectará al Betis

Según el Diario Expansión, este sería el reparto de TV:

Ya se explicó que esos datosson falsos xDD a saber que se estarian fumando en la redaccion