Betis: momento para negociar el futuro

El Mercantil suspende el 31,38 por ciento de las acciones de Farusa y declina nombrar un administrador


Un nuevo escenario se ha abierto en la primera página del Betis. El motivo no es otro más que la decisión tomada por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla de suspender los derechos políticos del 31,38 por ciento de las acciones del Betis propiedad de Farusa, es decir, del que fuera presidente y consejero delegado de la entidad, Manuel Ruiz de Lopera.

Además, desaparece la figura del administrador judicial tras la decisión tomada por el juez encargado de llevar el caso, Javier Carretero. Desde que se apartó a Lopera del mando del club en el verano de 2010, la figura del administrador judicial ha sido la encargada de nombrar a los componentes del consejo de administración. Ahora llegan novedades. Todo ello implica que el gobierno de la entidad verdiblanca saldrá del acuerdo entre los accionistas del club.

Lo más noticioso del asunto es el estado en el que queda ahora el mapa accionarial de la entidad verdiblanca. Lopera sigue siendo el accionista mayoritario, aunque ya no con el 51,34 por ciento, sino con el 19,96. A partir de ahí entra en escena un grupo en el que, bien a título individual o colectivo, son muchos los que tienen cosas que decir en la futura composición del órgano de gobierno del club.

Cercana a Lopera queda la figura de Manuel Castaño, eterno aspirante a la presidencia de la entidad y que aglutina un porcentaje de acciones cercano al cinco por ciento. Castaño se convierte en el principal apoyo de Lopera en los muchos frentes abiertos para la composición del futuro consejo de administración. «El Betis vuelve a la normalidad. Tenemos que ser los béticos los que decidamos el futuro del club. Estábamos en una situación extraordinaria», dijo Castaño poco después de conocer la noticia.

Enfrente queda un accionariado atomizado pero unido, la mayoría, en sus deseos de ver a Lopera y su gente de confianza lejos de Heliópolis. Dos miembros del actual consejo de administración, José Miguel López Catalán y Ángel Haro, atesoran un paquete de acciones cifrado en un casi cuatro por ciento el primero y en algo más del 1,5 el segundo. En cuanto a las plataformas, Béticos por el Villamarín suma un 3,3 por ciento, cifra parecida a la de Por Nuestro Betis.

Más allá, y dejando a un lado el 31,84 de las acciones suspendidas en el Mercantil, queda un amplísimo porcentaje, superior al 30 por ciento, correspondiente a pequeños accionistas, muchos de los cuáles ni siquiera han comparecido en la celebración de las juntas de los últimos años. Sin embargo, el escenario puede presentar novedades.

Así lo piensa una de las personas encargadas de llevar el peso en la parte demandante, Adolfo Cuéllar. «Cambia el panorama de la entidad, era prioritario que las acciones no quedaran en manos de determinadas sociedades que podrían ser dañinas para el Betis», reconoció a ABC el representante de la Liga de Juristas Béticos, que quiso destacar como, en los próximos meses, «se plantea un escenario importante. Ahora es el momento de los béticos. Nos tenemos que poner a trabajar para gestionar el Betis con tranquilidad y desde el consenso. Aspiramos a que las acciones pasen al Betis para que sacarlas a suscripción entre los socios. A los que tienen interés en la historia hay que decirles que hay que ponerse a trabajar».

Llega el momento de descolgar muchos teléfonos para intentar alcanzar acuerdos. El trabajo de «fontanería» se cotiza al alza y serán necesarias buenas dosis de sutileza y diplomacia para acercar unas posturas que, en un principio, parecen irreconciliables.

Lo ocurrido ayer fue celebrado por los 17 accionistas verdiblancos que, hace apenas tres semanas, tras conocer la decisión de la Audiencia Provincial de levantar las medidas cautelares que pesaban sobre las acciones de Lopera, decidieron solicitar las cautelares en la vía mercantil. Los accionistas dudan de la correcta adquisición de este porcentaje del paquete mayoritario por parte de Lopera en 1992, cifrado en más de 36.000 acciones, ya que consideraban que no estaba nada claro si se podía acreditar que ese desembolso se hiciera con aportación de patrimonio externo y que no saliera de los fondos del club. En el juicio, la defensa de Lopera admitió que empleó un descubierto entre la cuenta del club y la de las acciones que los demandantes interpretan como un movimiento contable para simular un saldo que no existía y con el que se cubriría el capital social (1.175 millones).

Los accionistas llevan un lustro sospechando de la puesta en escena protagonizada por Lopera y Luis Oliver con la presunta venta de las acciones de la entidad verdiblanca como telón de fondo. Con la decisión anunciada ayer por el Mercantil, se prohíbe la venta de las acciones por parte de Farusa y, por tanto, la posible operación de venta a Bitton Sport, queda paralizada.

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