Re: Las tácticas para condicionar al juez que decidirá las cautelares
Saqueo o rescate
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[LEFT]Lopera y Oliver se abrazan tras sellar su pacto de compraventa en el Betis, anulado por la Justicia. CONCHITINA
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ANTONIO FÉLIXSevilla
Actualizado:27/07/2015 08:12 horas
La vida del Betis late al ritmo de las resoluciones que emiten los tribunales, que serán profusas y absolutamente determinantes en los próximos meses, en los próximos años. Cada una de esas sentencias amenaza con darle un giro copernicano al estado de las cosas, como sucedió con el levantamiento de la administración judicial decretado por la Audiencia el pasado 10 de julio, que devolvió el poder a Manuel Ruiz de Lopera. Y como sucederá con la inminente decisión del juzgado Mercantil 1, que podría disponer una nueva administración judicial sobre la mayoría de esas acciones de Lopera (31,38%), supuestamente impagadas en 1992, lo que en la práctica evitaría que el exdirigente recuperara el mando del Betis. Una decisión que voltearía drásticamente la situación de las piezas en el gigantesco tablero donde se juega el presente y futuro del Betis.
Cada resolución judicial desvela, a su vez, nuevas tramas de pactos e intenciones entre los actores que buscan el poder y el dinero del Betis. La última de la Audiencia ha servido para poner en evidencia la endeblez de la supuesta enemistad entre Lopera y Luis Oliver, el insolvente empresario a quien vendió sus acciones del club en 2010, una vez se vio acosado por la justicia.
«Ha sido todo una burda opereta. Ha sido falso que se hubieran denunciado mutuamente en los tribunales. Ha sido falso que entre ellos hubiera tensiones. En cuanto ha llegado la ocasión, no han tardado en asociarse buscando su provecho común. Estamos ante el saqueo final», claman desde las plataformas denunciantes. «Si tuviera que sonar una música para explicar la relación entre Lopera y Oliver, sería la de 'Amigos para siempre'», añade Emilio Soto, portavoz de la principal de éstas, Béticos por el Villamarín.
Extraoficialmente, los abogados de Lopera, del bufete Montero-Aramburu, ya habían adelantado las prioridades de su representado, una vez reabiertas las puertas del Betis. «Lo que don Manuel desea es cobrar lo suyo y descansar». El pasado viernes, en sede judicial, fueron más explícitos: «La venta de las acciones del Betis a Bitton Sport (Oliver) sigue vigente y la intención de las partes es concretarla de inmediato».
En julio de 2010, Lopera y Oliver se abrazaban, ufanos, tras sellar la venta del 51% del club por 16 millones de euros. Días después, la juez Alaya, en plena instrucción de los presuntos fraudes al Betis, abortó tal operación al considerarla «ficticia», y adoptó la administración judicial de dichas acciones.
En cuanto no pudo acceder a los fondos del club, Oliver dejó de pagar todos los plazos convenidos a Lopera. Éste consideró el trato nulo. Desde ahí, se escenificó una supuesta trifulca en la que cada parte proclamó la interposición de diferentes querellas. «Todo era falso. Y lo sucedido ahora termina de evidenciarlo hasta a los más incrédulos», señala Adolfo Cuéllar, de la Liga de Juristas.
Hace 17 días, la Audiencia decidió levantar la administración judicial, atendiendo a su presunta desproporcionalidad por el tiempo trascurrido (cinco años). Sin embargo, en su auto, esos mismos jueces consideraban que, durante tal tiempo, los indicios delictivos contra Lopera y Oliver no habían hecho sino acentuarse. Y, entre ellos, subrayaban cómo la compraventa seguía teniendo «apariencia de simulada». «Podían haberse escondido un poco más, pero les da igual. Apenas han advertido otra vez la cercanía del dinero, y se han quitado las caretas de inmediato», declara Cayetano García de la Borbolla, de Por Nuestro Betis.
Si, en los próximos días, el Juzgado Mercantil no decreta una nueva administración judicial (que en realidad mantendría el status quoactual, en espera de los diversos juicios, en especial los penales) se reactivará el pacto de compraventa. Éste supondría el ascenso al poder del Betis de Oliver y la inmediata reactivación de los pagos a Lopera.
Estos días, en sus círculos privados, ambos se jactan del éxito de sus estrategias de defensa, que en la práctica se han volcado más en recursos de forma que de fondo. Ya ha quedado dicho que la Audiencia consideró la «excesiva prolongación en el tiempo» como la causa principal para levantar la administración judicial de las acciones de Lopera.
Oliver, por su parte, tiene en jaque a la juez instructora, Mercedes Alaya, después de pedir su apartamiento de la carrera judicial acusándola de «prevaricación» por las escuchas a las que le sometió. Como informó EL MUNDO, a pesar de que en su día el entonces fiscal (y hoy consejero de Justicia) Emilio de Llera, consideró totalmente legales tales escuchas, el actual Fiscal Jefe superior examina todavía el caso. Su dictamen es crucial para la aceptación o no por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sólo ser admitido a trámite pondría patas arriba toda la instrucción del caso Betis.
¿Pero qué dice el fondo de la causa? La prolija instrucción ha ido dejando un reguero de escandalosas pruebas de la irregular administración del Betis que realizaron primero Lopera y luego Oliver. Con la misma ya concluida, en los próximos meses debería abrirse el juicio oral contra ambos. Lopera, a quien se acusa de haber sustraído 30 millones, se enfrentará a una multa de hasta el triple de lo defraudado y penas de 13 años de prisión. A Oliver le piden seis años y 4,1 millones.
El último delito del que se acusó oficialmente al comprador del Betis fue el de blanqueo de capitales procedentes del club, y realizado a través de diversos testaferros y empresas pantalla. A propósito, es de especial interés el auto en el que se detallaba el porqué de esta imputación, trasladado hace unos días por la asociación Béticos por el Villamarín al Consejo Superior de Deportes.
Dicho auto, curiosamente, no lo redactó Mercedes Alaya, sino el magistrado Álvaro Martín Gómez, el juez de refuerzo que el Poder Judicial colocó en Instrucción 6 para que Alaya pudiera dedicarse con más exclusividad a las otras macrocausas que manejó (Eres, Formación...).
En apenas seis folios Martín Gómez resume los hechos que condujeron a la acusación de Oliver, sus testaferros Escrig, Mayayo, Gálvez, y los expresidentes José León y Jaime Rodríguez Sacristán como autores de un posible «delito continuado de administración desleal y blanqueo de capitales».
Su arranque es éste: «Entre el 7 de julio y el 13 de diciembre de 2010, Luis Oliver Albesa ejerció como administrador de hecho del Real Betis Balompié, periodo durante el cual, obrando en connivencia con los presidentes de dicha entidad José León y Jaime Rodríguez-Sacristán, simuló encomendar la gestión del traspaso de futbolistas del Betis y concertó contratos de prestación de servicios con carácter ficticio, logrando así detraer diversas cantidades del patrimonio del club».
En adelante, el magistrado va detallando las cuantías y el modus operandi de lo sustraído. «Para el caso del futbolista Mehmet Aurelio, Luis Oliver actuó en connivencia con J.A. Mayayo, el cual presentó al Betis una factura emitida por la entidad Bastogne Corporation (íntimamente ligada al sr. Oliver) por importe de 354.000 euros, supuestamente por su intermediación en el traspaso del jugador al Besiktas, sin que la misma correspondiese a servicios efectivamente prestados, teniendo como objeto detraer esa cantidad del patrimonio del Betis para destinarlo a los fines propios del sr. Oliver».
En el caso del delantero Sergio García, Oliver sí recurrió a un representante de jugadores como supuesto intermediario, pero también había trampa. «El agente Plácido Roblas facturó al Betis 589.000 euros como comisión por su intervención en el traspaso del jugador (al Espanyol). De esta suma descontó 489.000 euros que pagó a Bastogne Corporation por el desbloqueo de la operación, sin que se documentase ni justificase esta suma». El juez llega a la misma conclusión que el caso anterior: «Ello tuvo como objeto detraer tal cantidad del Betis para destinarlo a fines propios de Oliver».
En este punto cabe recordar que tanto el Besiktas como el Espanyol negaron haber realizado ninguna gestión con tales intermediarios para la compra de Mehmet y Sergio.
De cuantías menores, el magistrado refleja también los supuestos fraudes cometidos por Oliver con la contratación en el Betis de diversas empresas que cobraron sin ejecutar su labor. Alguna, de hecho, ni siquiera tenía empleados para poder hacerlo. Es el caso de Lucerna Technology, a la que se pagaron 27.600 euros por el mantenimiento de las instalaciones que hacía el propio personal del club.
Oliver, que por autos como éste tachó a la juez Alaya de «nazi loca» (fue condenado a abonar una multa de 4.500 euros por afrentas) lleva días proclamando su inminente regreso al poder, gracias al ya público pacto con Lopera. El controvertido empresario salió indemne en 2010, tras haberse declarado insolvente, de una querella por delito societario en el Cartagena, al que casi liquidó.
Saqueo o rescate | Sevilla | EL MUNDO
Saqueo o rescate
- Los denunciantes critican la connivencia de Lopera y Oliver para la compraventa del Betis
- La inmediata resolución del Mercantil podría devolver el 'status quo' con nuevas cautelares
- El juez: "Oliver detrajo patrimonio del Betis simulando en las ventas de Mehmet y Sergio"
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[LEFT]Lopera y Oliver se abrazan tras sellar su pacto de compraventa en el Betis, anulado por la Justicia. CONCHITINA[/LEFT]
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ANTONIO FÉLIXSevilla
Actualizado:27/07/2015 08:12 horas
La vida del Betis late al ritmo de las resoluciones que emiten los tribunales, que serán profusas y absolutamente determinantes en los próximos meses, en los próximos años. Cada una de esas sentencias amenaza con darle un giro copernicano al estado de las cosas, como sucedió con el levantamiento de la administración judicial decretado por la Audiencia el pasado 10 de julio, que devolvió el poder a Manuel Ruiz de Lopera. Y como sucederá con la inminente decisión del juzgado Mercantil 1, que podría disponer una nueva administración judicial sobre la mayoría de esas acciones de Lopera (31,38%), supuestamente impagadas en 1992, lo que en la práctica evitaría que el exdirigente recuperara el mando del Betis. Una decisión que voltearía drásticamente la situación de las piezas en el gigantesco tablero donde se juega el presente y futuro del Betis.
Cada resolución judicial desvela, a su vez, nuevas tramas de pactos e intenciones entre los actores que buscan el poder y el dinero del Betis. La última de la Audiencia ha servido para poner en evidencia la endeblez de la supuesta enemistad entre Lopera y Luis Oliver, el insolvente empresario a quien vendió sus acciones del club en 2010, una vez se vio acosado por la justicia.
«Ha sido todo una burda opereta. Ha sido falso que se hubieran denunciado mutuamente en los tribunales. Ha sido falso que entre ellos hubiera tensiones. En cuanto ha llegado la ocasión, no han tardado en asociarse buscando su provecho común. Estamos ante el saqueo final», claman desde las plataformas denunciantes. «Si tuviera que sonar una música para explicar la relación entre Lopera y Oliver, sería la de 'Amigos para siempre'», añade Emilio Soto, portavoz de la principal de éstas, Béticos por el Villamarín.
Extraoficialmente, los abogados de Lopera, del bufete Montero-Aramburu, ya habían adelantado las prioridades de su representado, una vez reabiertas las puertas del Betis. «Lo que don Manuel desea es cobrar lo suyo y descansar». El pasado viernes, en sede judicial, fueron más explícitos: «La venta de las acciones del Betis a Bitton Sport (Oliver) sigue vigente y la intención de las partes es concretarla de inmediato».
En julio de 2010, Lopera y Oliver se abrazaban, ufanos, tras sellar la venta del 51% del club por 16 millones de euros. Días después, la juez Alaya, en plena instrucción de los presuntos fraudes al Betis, abortó tal operación al considerarla «ficticia», y adoptó la administración judicial de dichas acciones.
En cuanto no pudo acceder a los fondos del club, Oliver dejó de pagar todos los plazos convenidos a Lopera. Éste consideró el trato nulo. Desde ahí, se escenificó una supuesta trifulca en la que cada parte proclamó la interposición de diferentes querellas. «Todo era falso. Y lo sucedido ahora termina de evidenciarlo hasta a los más incrédulos», señala Adolfo Cuéllar, de la Liga de Juristas.
Hace 17 días, la Audiencia decidió levantar la administración judicial, atendiendo a su presunta desproporcionalidad por el tiempo trascurrido (cinco años). Sin embargo, en su auto, esos mismos jueces consideraban que, durante tal tiempo, los indicios delictivos contra Lopera y Oliver no habían hecho sino acentuarse. Y, entre ellos, subrayaban cómo la compraventa seguía teniendo «apariencia de simulada». «Podían haberse escondido un poco más, pero les da igual. Apenas han advertido otra vez la cercanía del dinero, y se han quitado las caretas de inmediato», declara Cayetano García de la Borbolla, de Por Nuestro Betis.
Si, en los próximos días, el Juzgado Mercantil no decreta una nueva administración judicial (que en realidad mantendría el status quoactual, en espera de los diversos juicios, en especial los penales) se reactivará el pacto de compraventa. Éste supondría el ascenso al poder del Betis de Oliver y la inmediata reactivación de los pagos a Lopera.
Estos días, en sus círculos privados, ambos se jactan del éxito de sus estrategias de defensa, que en la práctica se han volcado más en recursos de forma que de fondo. Ya ha quedado dicho que la Audiencia consideró la «excesiva prolongación en el tiempo» como la causa principal para levantar la administración judicial de las acciones de Lopera.
Oliver, por su parte, tiene en jaque a la juez instructora, Mercedes Alaya, después de pedir su apartamiento de la carrera judicial acusándola de «prevaricación» por las escuchas a las que le sometió. Como informó EL MUNDO, a pesar de que en su día el entonces fiscal (y hoy consejero de Justicia) Emilio de Llera, consideró totalmente legales tales escuchas, el actual Fiscal Jefe superior examina todavía el caso. Su dictamen es crucial para la aceptación o no por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sólo ser admitido a trámite pondría patas arriba toda la instrucción del caso Betis.
¿Pero qué dice el fondo de la causa? La prolija instrucción ha ido dejando un reguero de escandalosas pruebas de la irregular administración del Betis que realizaron primero Lopera y luego Oliver. Con la misma ya concluida, en los próximos meses debería abrirse el juicio oral contra ambos. Lopera, a quien se acusa de haber sustraído 30 millones, se enfrentará a una multa de hasta el triple de lo defraudado y penas de 13 años de prisión. A Oliver le piden seis años y 4,1 millones.
El último delito del que se acusó oficialmente al comprador del Betis fue el de blanqueo de capitales procedentes del club, y realizado a través de diversos testaferros y empresas pantalla. A propósito, es de especial interés el auto en el que se detallaba el porqué de esta imputación, trasladado hace unos días por la asociación Béticos por el Villamarín al Consejo Superior de Deportes.
Dicho auto, curiosamente, no lo redactó Mercedes Alaya, sino el magistrado Álvaro Martín Gómez, el juez de refuerzo que el Poder Judicial colocó en Instrucción 6 para que Alaya pudiera dedicarse con más exclusividad a las otras macrocausas que manejó (Eres, Formación...).
En apenas seis folios Martín Gómez resume los hechos que condujeron a la acusación de Oliver, sus testaferros Escrig, Mayayo, Gálvez, y los expresidentes José León y Jaime Rodríguez Sacristán como autores de un posible «delito continuado de administración desleal y blanqueo de capitales».
Su arranque es éste: «Entre el 7 de julio y el 13 de diciembre de 2010, Luis Oliver Albesa ejerció como administrador de hecho del Real Betis Balompié, periodo durante el cual, obrando en connivencia con los presidentes de dicha entidad José León y Jaime Rodríguez-Sacristán, simuló encomendar la gestión del traspaso de futbolistas del Betis y concertó contratos de prestación de servicios con carácter ficticio, logrando así detraer diversas cantidades del patrimonio del club».
En adelante, el magistrado va detallando las cuantías y el modus operandi de lo sustraído. «Para el caso del futbolista Mehmet Aurelio, Luis Oliver actuó en connivencia con J.A. Mayayo, el cual presentó al Betis una factura emitida por la entidad Bastogne Corporation (íntimamente ligada al sr. Oliver) por importe de 354.000 euros, supuestamente por su intermediación en el traspaso del jugador al Besiktas, sin que la misma correspondiese a servicios efectivamente prestados, teniendo como objeto detraer esa cantidad del patrimonio del Betis para destinarlo a los fines propios del sr. Oliver».
En el caso del delantero Sergio García, Oliver sí recurrió a un representante de jugadores como supuesto intermediario, pero también había trampa. «El agente Plácido Roblas facturó al Betis 589.000 euros como comisión por su intervención en el traspaso del jugador (al Espanyol). De esta suma descontó 489.000 euros que pagó a Bastogne Corporation por el desbloqueo de la operación, sin que se documentase ni justificase esta suma». El juez llega a la misma conclusión que el caso anterior: «Ello tuvo como objeto detraer tal cantidad del Betis para destinarlo a fines propios de Oliver».
En este punto cabe recordar que tanto el Besiktas como el Espanyol negaron haber realizado ninguna gestión con tales intermediarios para la compra de Mehmet y Sergio.
De cuantías menores, el magistrado refleja también los supuestos fraudes cometidos por Oliver con la contratación en el Betis de diversas empresas que cobraron sin ejecutar su labor. Alguna, de hecho, ni siquiera tenía empleados para poder hacerlo. Es el caso de Lucerna Technology, a la que se pagaron 27.600 euros por el mantenimiento de las instalaciones que hacía el propio personal del club.
Oliver, que por autos como éste tachó a la juez Alaya de «nazi loca» (fue condenado a abonar una multa de 4.500 euros por afrentas) lleva días proclamando su inminente regreso al poder, gracias al ya público pacto con Lopera. El controvertido empresario salió indemne en 2010, tras haberse declarado insolvente, de una querella por delito societario en el Cartagena, al que casi liquidó.
Saqueo o rescate | Sevilla | EL MUNDO
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