Las tácticas para condicionar al juez que decidirá las cautelares
Nueve abogados del mismo despacho en la vista, un amago de recusación, una posible querella...
Por Mateo González, 26 de julio de 2015 4:00 h.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha de decidir en los próximos días acerca de si activa o no las medidas cautelares sobre el 31,38 por ciento de las acciones del Betis propiedad de Farusa tal y como han solicitado 17 accionistas en la causa ya juzgada pero sin sentencia aún sobre la presunta adquisición irregular de este porcentaje accionarial por parte de Farusa en 1992. A la espera de que se conozca la decisión del juez Javier Carretero, uno de los titulares de esta sala, algunas circunstancias poco usuales han ido sucediendo con la presunta intención de condicionar de alguna manera la decisión de este magistrado. Ocurre que en la vista, celebrada el pasado viernes, hasta nueve abogados del despacho Montero-Aramburu, que defiende a Manuel Ruiz de Lopera y a su sociedad Farusa, estuvieron presentes en la sala. Una “demostración de fuerza” inaudita en un procedimiento de esta magnitud ante una situación realmente delicada.
A ello se le unió el anuncio de recusación del juez por parte de la defensa de José León, que finalmente no fue planteada a última hora por los abogados del expresidente del Betis. Y, en las últimas horas, en las redes sociales se ha insinuado la presentación de una querella contra este mismo juez, Javier Carretero, por una supuesta opinión suya declarada en privado acerca del caso que ha de juzgar. Tres medidas sorprendentes que pueden tener como objetivo condicionar al magistrado en las horas previas a la toma de una de las decisiones más importantes para el futuro del Betis, ya que si, tal y como ya dictaminó este mismo juzgado y apuntaba la Audiencia Provincial en el auto del levantamiento parcial de las medidas cautelares y en otro previo, activa esta administración del 31,38 por ciento el gobierno del Betis seguiría regido por un juzgado y evitaría el retorno al mando de la entidad de personas o sociedades que están imputadas por presuntos delitos de mala administración del Betis en años anteriores.
Nueve abogados del mismo despacho en la vista, un amago de recusación, una posible querella...
Por Mateo González, 26 de julio de 2015 4:00 h.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha de decidir en los próximos días acerca de si activa o no las medidas cautelares sobre el 31,38 por ciento de las acciones del Betis propiedad de Farusa tal y como han solicitado 17 accionistas en la causa ya juzgada pero sin sentencia aún sobre la presunta adquisición irregular de este porcentaje accionarial por parte de Farusa en 1992. A la espera de que se conozca la decisión del juez Javier Carretero, uno de los titulares de esta sala, algunas circunstancias poco usuales han ido sucediendo con la presunta intención de condicionar de alguna manera la decisión de este magistrado. Ocurre que en la vista, celebrada el pasado viernes, hasta nueve abogados del despacho Montero-Aramburu, que defiende a Manuel Ruiz de Lopera y a su sociedad Farusa, estuvieron presentes en la sala. Una “demostración de fuerza” inaudita en un procedimiento de esta magnitud ante una situación realmente delicada.
A ello se le unió el anuncio de recusación del juez por parte de la defensa de José León, que finalmente no fue planteada a última hora por los abogados del expresidente del Betis. Y, en las últimas horas, en las redes sociales se ha insinuado la presentación de una querella contra este mismo juez, Javier Carretero, por una supuesta opinión suya declarada en privado acerca del caso que ha de juzgar. Tres medidas sorprendentes que pueden tener como objetivo condicionar al magistrado en las horas previas a la toma de una de las decisiones más importantes para el futuro del Betis, ya que si, tal y como ya dictaminó este mismo juzgado y apuntaba la Audiencia Provincial en el auto del levantamiento parcial de las medidas cautelares y en otro previo, activa esta administración del 31,38 por ciento el gobierno del Betis seguiría regido por un juzgado y evitaría el retorno al mando de la entidad de personas o sociedades que están imputadas por presuntos delitos de mala administración del Betis en años anteriores.
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