Re: el TSJA investiga una querella contra alaya por el betis.

en este caso el betis no es el que cobra, sino el que paga, osea nadie le ofrece al betis un millon por portillo

Re: el TSJA investiga una querella contra alaya por el betis.

Estamos igual de mal que el Xerez y yo sin enterarme...

Re: el TSJA investiga una querella contra alaya por el betis.

Una querella por el

Una querella por el ‘caso Betis’ amenaza el futuro de Alaya

El empresario Luis Oliver se querella contra la magistrada por su actuación en la investigación del club de fútbol, que está intervenido judicialmente desde 2010



El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la fiscalía están analizando una querella del empresario Luis Oliver contra la juez Mercedes Alaya por la instrucción del caso Betis. En esta causa, que empezó en 2008 y ya está finalizada, Alaya ha investigado supuestas irregularidades de Manuel Ruiz de Lopera en su etapa de máximo dirigente del club de fútbol. En la querella, que amenaza el futuro de la juez, Oliver la acusa de prevaricar para tener el “control absoluto” del Betis, que lleva intervenido judicialmente desde 2010.
La querella fue presentada el martes de la semana pasada y tanto la Fiscalía Superior de Andalucía como el instructor designado para la causa, Juan Ruiz Rico, están analizando su admisión a trámite, lo que supondría un baldón en la estelar carrera de Alaya. Su futuro inmediato está ahora en manos del TSJA y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene que decidir si accede a la petición de la magistrada de seguir investigando las principales macrocausas que salpican al Gobierno andaluz (el caso ERE, los cursos de formación y un procedimiento sobra avales de la Junta a empresas), pese a que le ha sido concedido el ascenso que solicitó a la Audiencia de Sevilla.
El escrito de Luis Oliver, de 192 páginas y al que ha tenido acceso EL PAÍS, relata una treintena de polémicas decisiones que Alaya ha adoptado en el caso Betis desde 2010 cuyo objetivo final, según la querella, era tener el “control absoluto” del equipo de fútbol, que lleva intervenido judicialmente desde hace cinco años. En este tiempo, la Fiscalía de Sevilla se ha pronunciado en la mayoría de las ocasiones en contra de las actuaciones de la magistrada, cuyas decisiones ha recurrido una y otra vez.
Alaya inició la investigación sobre la gestión de Lopera en el Betis en 2008. Dos años después, Lopera decidió vender su participación en el equipo de fútbol, del que poseía el 51% de las acciones a través de una sociedad denominada Farusa. Oliver, representante de Bitton Sport, llegó a un acuerdo con el ex mandatario bético para comprar estas acciones el 6 de julio de 2010 por 16,1 millones de euros.
La respuesta de la magistrada fue inmediata: abortó la operación al considerar que se trataba de una venta simulada y que Oliver era un mero testaferro de Lopera. Para ello, dictó unas medidas cautelares entre las que destacaba una orden al Consejo de Superior de Deportes para que no tramitase la venta del club, una decisión troncal en el devenir de la causa. Paralelamente, y para garantizar ese “control absoluto”, Alaya intervino el equipo bético y nombró a tres administradores judiciales de su confianza. Entre ellos, el exfutbolista Rafael Gordillo, que en 2011 explicó en una entrevista su papel en el club: “Cuando recibí la llamada de Mercedes Alaya no sabía que tenía que hacer. Luego me lo explicaron bien. Tenía una misión muy concreta, que salieran estos personajes del Betis. Fueron meses duros”.
Estos administradores judiciales han cambiado con el tiempo y en la actualidad solo hay uno, el abogado Francisco Estepa, una “persona próxima”, subraya la querella, al marido de la magistrada, el administrador concursal Jorge Castro. Esta relación fue llevada por Lopera al Consejo General del Poder Judicial, que archivó la queja. La juez atribuyó a “bulos periodísticos” la relación entre Estepa y su marido, un reconocido aficionado del Betis, pero lo cierto es que hay dos datos que constatan la relación entre ambos. Estepa fue abogado de Castro en un caso en el que fue imputado, procedimiento que luego fue archivado. Y Estepa, procedente de Córdoba y que también trabaja como administrador concursal, ha compartido con Castro sede profesional en Sevilla.
Para intentar demostrar que Oliver era un testaferro de Lopera, Alaya ordenó a la Guardia Civil que investigase vínculos entre ambos. Estas pesquisas resultaron baldías ya que no se encontró ningún nexo societario entre ambos. El relato de la magistrada, afirma la querella, era “pura fantasía” y se ha revelado “completamente falso”. “El único motivo real de ordenar dicha paralización reside en evitar la consumación de la compraventa y con ello asegurarse el control” del Betis, sostiene el escrito, que recuerda que la fiscalía se ha opuesto hasta en 15 ocasiones a las medidas cautelares que la juez impuso en el Betis y que impidieron a Oliver la compra del club.
Tras ver cómo la operación se frenaba, Oliver intentó personarse en la causa como parte afectada, algo a lo que se negó Alaya de forma reiterada y que le causó “indefensión”, argumenta el escrito del abogado Alfonso Contreras. A esta decisión se suman otras como eximir a las acusaciones particulares (Béticos por el Villamarín, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos) de una fianza para ser parte en la causa, decisión a la que también se opuso la fiscalía.
Tras no hallar vínculos entre Lopera y Bitton Sport, Alaya ordenó a los administradores judiciales que investigaran la etapa en la que Oliver estuvo en el Consejo de Administración del Betis, entre julio y diciembre de 2010. Tras recibir el informe de los administradores (la querella cuestiona que se les otorgase el papel de policía judicial), Alaya abrió una causa secreta contra Oliver en la que ordenó el pinchazo del teléfono del empresario. La causa fue abierta en febrero de 2011 y la fiscalía ignoró durante meses su existencia. Cuando lo supo también recurrió el pinchazo telefónico.
Alaya ordenó a la Guardia Civil pinchar el teléfono de Oliver el 5 de octubre de 2011 con el argumento de que era una persona de “difícil localización” y por tener una orden de busca y captura de un juzgado de Santander. Pocos días después, la Guardia Civil comunicó a la magistrada que no existía esta orden de busca y que había habido un “error en la base de datos”. Pero Alaya ordenó que los pinchazos siguieran por la “difícil localización” de Oliver por sus “continuos viajes al extranjero y en el interior del país”. La intervención telefónica estuvo vigente hasta el 2 de noviembre, tiempo en el que Alaya interceptó 11 conversaciones de Oliver con su abogado.
La querella hace hincapié en que la Guardia Civil sabía perfectamente dónde estaba Oliver en cualquier momento (en un informe detalla viajes a Madrid, Zaragoza o Bilbao) y que para la localización no hace falta el pinchazo. “Basta con localizar la señal que emite la terminal telefónica para saber su localización, como es notorio, sin que sea necesario oír las conversaciones”, reza el escrito, que subraya que la magistrada dictó esta orden “a sabiendas de la previsible eventualidad” de que Oliver “se pusiera en comunicación son su abogado y escuchar ilegalmente 11 conversaciones” con este.
Otra parte troncal de la querella es el procesamiento de Oliver en el caso Betis, al que también se ha opuesto la fiscalía. Alaya sostuvo durante meses que el empresario era un testaferro de Lopera, pero cuando la Guardia Civil no encontró ningún vínculo, cambió de criterio. Finalmente, Alaya ha procesado al empresario por comprar, en grado de tentativa, parte de las acciones que Lopera tenía en el Betis “a sabiendas de que eran litigiosas", porque la juez tenía dudas de las acciones que compró en 1992. El letrado de Oliver subraya que en el Código Penal no existe el “absurdo delito” de la compra de acciones litigiosas y añade: “Es una mera argucia para asegurar el mantenimiento de las medidas cautelares” y mantener el control del Betis.
Un magistrado de la Audiencia, apartado del caso

La Audiencia de Sevilla ha respaldado hasta ahora buena parte de las actuaciones de la juez Mercedes Alaya en el caso Betis y ha rechazado los recursos interpuestos por las defensas de los imputados y de la fiscalía. Sin embargo, esta semana la Audiencia ha apoyado al abogado del ex consejero delegado del club Manuel Ruiz de Lopera, para apartar al magistrado Juan Antonio Calle, por pérdida de imparcialidad, y que había sido el ponente que había resuelto la mayoría de los recursos.
Ruiz de Lopera promovió una recusación contra este juez dado que es sobrino del vicepresidente de una de las acusaciones particulares en la causa, la Asociación Liga de Juristas Béticos. La recusación contó con el apoyo de la Fiscalía de Sevilla, circunstancia inhabitual y que cuenta con el antecedente del respaldo del ministerio público a la recusación de Alaya en el caso Mercasevilla ya que su marido fue auditor varios años de la empresa municipal. En aquella ocasión, la Audiencia no vio motivos para apartar a Alaya de la investigación del caso Mercasevilla.
“Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado (…) concurre una causa legal de pérdida de imparcialidad, aún cuando subjetivamente el juez estuviese plenamente capacitado para decidir imparcialmente”, fija la Sección Tercera de la Audiencia en un auto del 15 de mayo.

Re: el TSJA investiga una querella contra alaya por el betis.

Llegar al fondo de todo este asunto, es una necesidad y un derecho para todos los Béticos, es mi opinión, ahora bien, si lo que dice la publicación del Pais, es cierta, yo me siento doblemente engañada, que ya lo estaba, pero ahora, bastante más. Dicen que esa querella será admitida, no lo se, no llego hasta ahí, pero si el caso, las decepciones harán mella en el corazón de algunos, entre los que me encuentro.

Re: el TSJA investiga una querella contra alaya por el betis.

¿como va este tema? creo que es vital para el futuro del betis. ¿que pasaria si se declarara culpable de prevaricacion? ¿habria que repetir la instruccion?

Re: el TSJA investiga una querella contra alaya por el betis.

Hoy en diario de sevillano hay un extenso articulo sobre el tema. No lo escribe Mérida.


La querella contra Alaya denuncia delitos en 26 resoluciones

El ex consejero del Betis Luis Oliver acusa a la juez de actuar con "un incomprensible protagonismo" para hacerse con el "control absoluto" del club con medidas arbitrarias

Desde la orden de paralización de la venta de las acciones del Betis hasta el nombramiento de los administradores judiciales, pasando por pinchazos telefónicos de los que no se dio traslado inmediato a la Fiscalía o por el mantenimiento durante más de cuatro años y medio de unas medidas cautelares que el Ministerio Público ha pedido que se levante en más de 15 ocasiones. La querella que el ex consejero delegado del Real Betis Luis Oliver ha presentado contra la juez Mercedes Alaya denuncia en sus 192 folios hasta 26 resoluciones presuntamente prevaricadoras -autos, providencias y ordenes verbales a la Guardia Civil-, mediante las cuales la magistrada ha venido ostentando el "control absoluto" del Betis a pesar de la "radical ilegalidad" de las medidas cautelares adoptadas en su momento y que permanecen en la actualidad.

La querella recuerda que la instrucción de la causa por el delito societario contra el máximo accionista del Betis Manuel Ruiz de Lopera se inició en 2008 y que no fue hasta más de dos años después, en concreto, el 6 de julio de 2010 cuando Bitton Sport, la empresa de Luis Oliver, adquiere las 59.925 acciones del Real Betis propiedad de Farusa, la empresa de la familia de Lopera, y que representa algo más del 51% del capital social.

Las acusaciones particulares reaccionaron, "como si una perfecta maniobra orquestada tuviera lugar", afirmando que la compraventa de las acciones es "simulada" y que Oliver es un "mero testaferro de Lopera, por lo que debía de evitarse la transmisión del paquete de acciones, evitando su tramitación por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Es aquí donde la querella cuestiona la primera de las decisiones de Alaya, el auto de 16 de julio de 2010 en el que la instructora acordó una serie de medidas cautelares, entre las que se incluye una orden al Consejo Superior de Deportes (CSD) para que no autorizara la transmisión de las acciones o suspendiera cautelarmente la decisión sobre dicha transmisión hasta que recaiga una sentencia firme en el procedimiento penal. Sin esa orden, explica la querella de Oliver, la venta estaría ya autorizada por el CSD y por tanto la administración judicial sobre las acciones de Farusa "carecería de objeto alguno, convirtiendo en irrelevantes las otras medidas de prohibición de disponer, prohibición de ejercicio de derechos políticos y administración judicial".
Esa venta simulada, según la querella, es "pura fantasía", porque Oliver "no es ni ha sido nunca testaferro o mandatario" de Lopera, a quien "ni siquiera conocía antes de la compraventa" y todo se enmarca en la "fanstamagoría de un concierto imaginario" del que no existe en los autos el "más mínimo indicio, evidencia o circunstancia que permita construir esa disparatada hipótesis".

El único motivo real de ordenar la paralización de la venta de las acciones reside en "evitar la consumación de la compraventa y con ello asegurarse el control del Real Betis que ilegítimamente ejercen sus delegados auxiliares", en alusión a los administradores judiciales.

El 3 de agosto de 2010, Alaya nombró precisamente a tres administradores judiciales (Rafael Gordillo, Luis Carlos Ruiz de Huidobro, y José Manuel Gómez Porrúa, éste último sustituido tras su fallecimiento por el abogado José Antonio Bosch), de los cuales luego se quedó sólo Bosch, que fue "cesado tras ciertas irregularidades", y por último se designó al abogado Francisco Estepa, "letrado del marido de la juez y persona próxima a éste", que administra el club verdiblanco desde el 20 de enero de 2014. Alaya designó "a su antojo" a los administradores judiciales, "prescindiendo total y absolutamente de los procedimientos legales prevenidos al efecto".

Los autos de 16 de julio y 3 de agosto, continúa la denuncia de Oliver, suponen el "comienzo de un iter delictivo en el que, en suma, se posterga por la querellada de manera reiterada la validez del Derecho y de su imperio, quebrantando gravemente la función judicial al sustituir la voluntad de la ley por la suya propia".

Alaya no pretendía evitar supuestos abusos de Lopera "sino hacerse con el poder del Betis, controlar la mayoría accionarial y decidir el presente y futuro del club, asumiendo objetivos ajenos a la causa que instruye", afirma el escrito de Oliver, que añade que "todo es un perfecto sinsentido; una contradicción tras otra; una permanente arbitrariedad, que sólo persigue la toma del control de una entidad deportiva de gran significado social, por parte de un órgano judicial que, con incomprensible protagonismo, pretende atribuirse la capacidad de decidir el futuro de una sociedad anónima deportiva sin justificación alguna para ello, asumiendo como propios los objetivos extrajurídicos de las minorías acusadoras".

El querellante sostiene asimismo que Alaya utilizó a los administradores judiciales como "policía judicial" y ordenó la intervención "ilegal" del teléfono de Oliver, llegando a grabar hasta 11 conversaciones que mantuvo con su abogado, unos pinchazos de los que no se dio traslado a la Fiscalía hasta "19 días" después de haberse ordenado, tiempo en el que se procedió a su ejecución "sin conocimiento alguno del fiscal ni por tanto control ordinamental de la medida". Esta investigación sobre Oliver se tramitó en secreto "durante más de siete meses" y el pinchazo telefónico se acordó sobre una motivación "absurda", después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informara a la juez de que Oliver era una persona "de difícil localización", que se encontraba en paradero desconocido y que tenía una orden de busca y captura por un juzgado de Santander, una requisitoria incierta -la Guardia Civil informó después que hubo un "error en la base de datos"- según el querellante, que añade que bastaba con localizar la señal del móvil para saber su localización sin necesidad de proceder a oír las conversaciones.

Sobre las acusaciones particulares que ejercen las asociaciones -Por Nuestro Betis, Liga de Juristas Béticos y Béticos por el Villamarín-, la querella atribuye a Alaya un supuesto "trato de favor" a estas entidades que instaron la adopción de medidas cautelares y a las que la juez "no sólo dispensó de la preceptiva prestación de caución o fianza -en contra del criterio del Ministerio Público-, lo que es inaudito, dada la gravedad del alcance de dichas medidas (hace casi cinco años que controlan el Real Betis gracias a ellas) sino además reuniéndose con dichas acusaciones a espaldas y en ausencia del Fiscal y las defensas".

Como culminación, la querella cita el "disparatado procesamiento" de Luis Oliver como cómplice del delito societario que se imputa a Lopera y que, continúa, pretende encubrir la verdadera razón: "que sólo procesando en estos autos a Oliver es posible mantener vigente al menos por ahora la medida cautelar de paralización del expediente de autorización tramitado ante el Consejo Superior de Deportes, medida que tendría que haber alzado necesariamente la querellada al concluir dicho sumario, pues nada tiene que ver Oliver con los hechos en él investigados".

El denunciante ve "muy serios indicios" contra la magistrada

a querella de Luis Oliver contra la juez Mercedes Alaya considera que existen "muy serios indicios" de por parte de la magistrada "se hayan tomado, a sabiendas y de manera injusta, decisiones que entrañan la comisión de un solo delito continuado o de varios delitos de prevaricación". La decisión de paralizar la "consumación de la compraventa de las acciones" de Farusa a Bitton Sport, así como la de otorgar a los administradores "todas las facultades y derechos relevantes que emanan de dichas acciones", mediante varias resoluciones -autos de 16 de julio, 3 de agosto, 7 de septiembre y 8 de septiembre de 2010, y la providencia de 30 de junio de 2010- "apuntan sin luar a dudas a la posibile comisión de un delito continuado de prevaricación". Los administradores judiciales "gobiernan a su antojo" el club con "menoscabo de los legítimos titulares de los derechos" y esa administración judicial "descansa en resoluciones injustas, que consideramos prevaricadoras, que se fundan en motivaciones irreales y contradictorias, sobre las que el Ministerio Público se ha pronunciado reiteradamente tachándolas de contrarias a Derecho", asevera la querella.



La querella contra Alaya denuncia delitos en 26 resoluciones

Re: el TSJA investiga una querella contra alaya por el betis.

Yo cada vez tengo más clarito, que todo esto ha sido por Un Betis de Los Beticos.

Re: el TSJA investiga una querella contra alaya por el betis.

Alaya no pretendía evitar supuestos abusos de Lopera "sino hacerse con el poder del Betis, controlar la mayoría accionarial y decidir el presente y futuro del club, asumiendo objetivos ajenos a la causa que instruye", afirma el escrito de Oliver

esto es en serio?

Re: el TSJA investiga una querella contra alaya por el betis.

Y después, hacerse con toda la galaxia.

Re: el TSJA investiga una querella contra alaya por el betis.

Estoy perdido en temas jurídicos, la verdad. Pero me parece que Alaya ha levantado mucha mierdª en muchos sitios, y ahora buscan cómo desprestigiarla...

Re: el TSJA investiga una querella contra alaya por el betis.

Yo creo que esa querella, podría haberse evitado, pero bueno, yo no soy juez, a ver que pasa...

Re: el TSJA investiga una querella contra alaya por el betis.

Cierto.

A mí no me gustaría desprestigiarla, pero no me importaría nada mancillarla.

Re: el TSJA investiga una querella contra alaya por el betis.

Alaya es una extraterreste, cuidado con ella

fijarse bien, se mantendrá joven durante muchos años, al igual que Jordi Hurtado. al tiempo.

Re: el TSJA investiga una querella contra alaya por el betis.

No se si es serio o no lo es, lo que si es cierto es que a alaya le tienen muchas ganas desde muchos sitio y esperan que meta la pata en cualquier asunto. Solo espero que no haya metido la pata en este porque mira como terminó el juez elpidio por unos emails de blesa que se filtraron...

Re: el TSJA investiga una querella contra alaya por el betis.

Junto con el añorado Perquis y el deseado N'Diaye...

Permítame felicitarle por su buen gusto.