El 31,38 por ciento de las acciones de Farusa, a juicio la semana que viene - Al final de la Palmera
Por MATEO GONZÁLEZ, 18 de marzo de 2015 3:47 h.
El lunes y el martes de la semana próxima, el Juzgado de lo Mercantil 1, de nuevo, evaluará otra situación más que relevante en el presente y el futuro del Real Betis. Se trata de la demanda civil en la que se pide la nulidad de la suscripción del 31,38 por ciento de acciones del Betis incluido en el paquete mayoritario de Farusa (51,34, intervenido por la juez Alaya con la designación de Estepa como administrador) desde junio de 1992. Un grupo de 17 accionistas béticos presentó esta demanda en mayo de 2012 y los días 24 y 25 de marzo se debatirá en sede judicial quién tiene la razón en un pleito en el que están citados Farusa, José León, los herederos de Manuel Morales y el propio Manuel Ruiz de Lopera. Se trata de un juicio que puede determinar el gobierno de la entidad, puesto que se solicita que se declaren nulas esas acciones, se reduzca el capital del club y que luego puedan ser puestas a disposición de los béticos por su valor nominal. Una democratización de las participaciones del Betis ante la presumible irregularidad en la compra de esas acciones por parte de Lopera en el 92, algo que viene denunciando Hugo Galera casi desde esa misma fecha. El reparto de este 31,38 por ciento de acciones entre los béticos arrebataría la mayoría absoluta a Lopera y le daría una oportunidad a los seguidores heliopolitanos que no pudieron suscribir participaciones, por edad, voluntad o condiciones económicas, hace ya 23 años.
La base de la reclamación se sustenta en los famosos 308 millones de pesetas (1,85 millones de euros) que llegaron al Betis como crédito por parte de las cajas de ahorros en 1992 y que, presuntamente, Farusa utilizó para titular a su nombre este 31,38 por ciento de las acciones, según consta en el primer informe pericial presentado ante Alaya. Farusa está acusada de no pagar esas 30.869 acciones, adquiridas mediante la subrogación del préstamo de las cajas. Las otras 6.000 participaciones bajo sospecha eran de José Léon y Manuel Morales. Farusa las hizo suyas en 1995. En el proceso de conversión de los clubes en sociedades anónimas se especificaba que se debía desembolsar el capital y Lopera lo hizo a través de pagarés para hacerse con el control del club. Ahí radica el motivo de la demanda. Otra cosa es que Farusa abonara posteriormente esas cantidades, pero en el momento de la constitución de la sociedad anónima deportiva se sospecha que no fue así. La defensa de Farusa ha solicitado la suspensión de la vista por prejudicialidad al considerar que el caso se ha tratado en el Juzgado de Instrucción 6.
Y es que varios autos de Alaya despertaron la conciencia de estos accionistas béticos para lanzarse a presentar esta demanda basándose en las investigaciones efectuadas por la instructora hasta que la Audiencia Provincial anulara en febrero de 2010 su intención de ampliar el estudio del caso hasta el 92. Tras aquella sentencia se comenzó a idear este proceso paralelo. Los autos de Alaya son evidentes, sobre todo los publicados antes de esa resolución de la Audiencia en la que le limitaba la investigación. En septiembre de 2009 estudiaba los contratos de conversión del Betis en SAD, en los que detectaba «irregularidades por parte de Farusa en la suscripción y desembolso de las 30.869 acciones que adquirió a 30 de junio de 1992». Añadiendo que Lopera «se irrogó los derechos políticos de las mencionadas acciones cuando presuntamente no había desembolsado ni en esa fecha, ni en fechas muy posteriores el importe de las mismas». Los accionistas, además, sospechan que otras 11.424 acciones fueron abonadas por Farusa con tres pagarés procedentes de cuentas del club. Este capítulo derivará en otra demanda inmediata si este proceso acaba en una sentencia contra Lopera.
Ante el juez Eduardo Gómez, el mismo que ha de decidir sobre la calificación del concurso, está previsto que desfilen consejeros del Betis de aquella época, algunos de los cuales están también personados. Además, se presentarán dos informes periciales, uno pedido por los accionistas que interpusieron la demanda y otro, por Farusa, que ha elaborado Julio César Calvo Malvar, el mismo que intervino en el juicio por la calificación del concurso a instancias de Lopera y del que se espera otro análisis pedido por Oliver. «El perejil de todas las salsas contra el Betis», llegó a decir uno de los intervinientes en aquella vista.
Además, a través de esta demanda se solicitó una administración judicial para el 31,38 por ciento en el caso de que se levantaran las medidas cautelares de Alaya sobre el 51,34, que aún siguen vigentes. El guión del juicio señala que comenzará con los interrogatorios, continuará con las dos periciales, las testificales y finalizará el martes con las conclusiones.
Ese es el mes de la alegría...
Por MATEO GONZÁLEZ, 18 de marzo de 2015 3:47 h.
El lunes y el martes de la semana próxima, el Juzgado de lo Mercantil 1, de nuevo, evaluará otra situación más que relevante en el presente y el futuro del Real Betis. Se trata de la demanda civil en la que se pide la nulidad de la suscripción del 31,38 por ciento de acciones del Betis incluido en el paquete mayoritario de Farusa (51,34, intervenido por la juez Alaya con la designación de Estepa como administrador) desde junio de 1992. Un grupo de 17 accionistas béticos presentó esta demanda en mayo de 2012 y los días 24 y 25 de marzo se debatirá en sede judicial quién tiene la razón en un pleito en el que están citados Farusa, José León, los herederos de Manuel Morales y el propio Manuel Ruiz de Lopera. Se trata de un juicio que puede determinar el gobierno de la entidad, puesto que se solicita que se declaren nulas esas acciones, se reduzca el capital del club y que luego puedan ser puestas a disposición de los béticos por su valor nominal. Una democratización de las participaciones del Betis ante la presumible irregularidad en la compra de esas acciones por parte de Lopera en el 92, algo que viene denunciando Hugo Galera casi desde esa misma fecha. El reparto de este 31,38 por ciento de acciones entre los béticos arrebataría la mayoría absoluta a Lopera y le daría una oportunidad a los seguidores heliopolitanos que no pudieron suscribir participaciones, por edad, voluntad o condiciones económicas, hace ya 23 años.
La base de la reclamación se sustenta en los famosos 308 millones de pesetas (1,85 millones de euros) que llegaron al Betis como crédito por parte de las cajas de ahorros en 1992 y que, presuntamente, Farusa utilizó para titular a su nombre este 31,38 por ciento de las acciones, según consta en el primer informe pericial presentado ante Alaya. Farusa está acusada de no pagar esas 30.869 acciones, adquiridas mediante la subrogación del préstamo de las cajas. Las otras 6.000 participaciones bajo sospecha eran de José Léon y Manuel Morales. Farusa las hizo suyas en 1995. En el proceso de conversión de los clubes en sociedades anónimas se especificaba que se debía desembolsar el capital y Lopera lo hizo a través de pagarés para hacerse con el control del club. Ahí radica el motivo de la demanda. Otra cosa es que Farusa abonara posteriormente esas cantidades, pero en el momento de la constitución de la sociedad anónima deportiva se sospecha que no fue así. La defensa de Farusa ha solicitado la suspensión de la vista por prejudicialidad al considerar que el caso se ha tratado en el Juzgado de Instrucción 6.
Y es que varios autos de Alaya despertaron la conciencia de estos accionistas béticos para lanzarse a presentar esta demanda basándose en las investigaciones efectuadas por la instructora hasta que la Audiencia Provincial anulara en febrero de 2010 su intención de ampliar el estudio del caso hasta el 92. Tras aquella sentencia se comenzó a idear este proceso paralelo. Los autos de Alaya son evidentes, sobre todo los publicados antes de esa resolución de la Audiencia en la que le limitaba la investigación. En septiembre de 2009 estudiaba los contratos de conversión del Betis en SAD, en los que detectaba «irregularidades por parte de Farusa en la suscripción y desembolso de las 30.869 acciones que adquirió a 30 de junio de 1992». Añadiendo que Lopera «se irrogó los derechos políticos de las mencionadas acciones cuando presuntamente no había desembolsado ni en esa fecha, ni en fechas muy posteriores el importe de las mismas». Los accionistas, además, sospechan que otras 11.424 acciones fueron abonadas por Farusa con tres pagarés procedentes de cuentas del club. Este capítulo derivará en otra demanda inmediata si este proceso acaba en una sentencia contra Lopera.
Ante el juez Eduardo Gómez, el mismo que ha de decidir sobre la calificación del concurso, está previsto que desfilen consejeros del Betis de aquella época, algunos de los cuales están también personados. Además, se presentarán dos informes periciales, uno pedido por los accionistas que interpusieron la demanda y otro, por Farusa, que ha elaborado Julio César Calvo Malvar, el mismo que intervino en el juicio por la calificación del concurso a instancias de Lopera y del que se espera otro análisis pedido por Oliver. «El perejil de todas las salsas contra el Betis», llegó a decir uno de los intervinientes en aquella vista.
Además, a través de esta demanda se solicitó una administración judicial para el 31,38 por ciento en el caso de que se levantaran las medidas cautelares de Alaya sobre el 51,34, que aún siguen vigentes. El guión del juicio señala que comenzará con los interrogatorios, continuará con las dos periciales, las testificales y finalizará el martes con las conclusiones.
Ese es el mes de la alegría...
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