Optimismo 'fundado' en ambos bandos



Manuel Ruiz de Lopera y sus abogados creen que, a mediados de marzo como muy tarde, la Audiencia Provincial levantará las medidas cautelares. Béticos por el Villamarín confía en que la Fiscalía dé un giro.

Javier Mérida, sevilla | Actualizado 04.02.2015

l auto de fecha 30 de enero de 2015, que se dio a conocer a las partes en la atardecida del lunes, por el que la juez Mercedes Alaya da por concluido el sumario incoado a Manuel Ruiz de Lopera ha inundado de optimismo a las partes, tanto al acusado como a la mayoría de las asociaciones de béticos demandantes.

Con su auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla pone fin a siete años de trabajo, concretamente desde que el grupo Béticos por el Villamarín (BxV) denunciase al máximo accionista del Betis en la Fiscalía de Madrid a raíz de la lectura minuciosa de un auto seguido contra Lopera por otra causa.

Fue entonces, cuando tras dar traslado ésta, la Fiscalía de Sevilla hizo suya la denuncia el 24 de marzo de 2008. Dos años después, el 16 de julio de 2010, Alaya dictó su auto de medidas cautelares, aún en vigor, que significó el fin de la etapa de Lopera en el Betis y la judicialización de la entidad verdiblanca.

Hoy, todas las partes ven el fin más próximo, quizá para el final del próximo otoño, aunque, lógicamente, ambas se muestran convencidas de que la Justicia les acabará otorgando la razón.

Con todo, el escenario que se abre a partir de este auto no es simple, ya que caben varias posibilidades y, sobre todo, depende en gran medida de la postura que tome la Fiscalía. Margarita Viera, a la fecha, se ha mostrado siempre muy cautelosa y ha caminado varios peldaños por debajo de Alaya, casi más próxima a los argumentos de los acusados en diversos asuntos.

La primera labor de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla es resolver los dos recursos pendientes que aún hay sobre el auto de procesamiento -la propia Fiscalía lo recurre en parte, no en su totalidad como la defensa- y sobre el levantamiento o no de las medidas cautelares, que han solicitado en ocasiones tanto la Fiscalía como la defensa. En principio, según estimaciones de los juristas, la sala lo resolvería entre finales de este mes y mediados de marzo.

El motivo del posible retraso es que antes se debe solventar la recusación del magistrado ponente Juan Antonio Calle Peña, formulada por Lopera y a la que se adhirió la Fiscalía, toda vez que este juez es sobrino de Juan Calle Martínez, directivo de la Liga de Juristas Béticos (LJB), otra de las plataformas demandantes.

Una vez resueltos estos preámbulos, la Audiencia dictaría un auto por el que mantendría las medidas cautelares o no y estimaría totalmente, en parte o negaría las acusaciones formuladas por los demandantes y que ya la Fiscalía sólo mantiene en algunos puntos.

Por supuesto, si levantase las medidas cautelares, el efecto sería inmediato, ya que el propio auto conminaría al administrador judicial actual, Francisco Estepa, a convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas en la que Lopera volvería a llevar la voz cantante.

Si no lo hace y estima, aunque sea en parte, el auto de Alaya una vez resueltos los recursos, se abriría el juicio oral, que sería señalado para noviembre de 2015, aproximadamente. Ocurre aquí que las plataformas demandantes, por cuestiones pecuniarias, sólo llegarían en principio hasta donde lo haga la Fiscalía. Es decir, que si ésta acaba por no acusar, no habría juicio y todo podría quedar en una fuerte multa económica para los imputados, toda vez que Viera no acaba de ver muy claros los informes periciales en los que se basa Alaya y por los que Lopera, a través de sus empresas, se habría apropiado indebidamente de unos 25 millones de euros del Betis.

Lopera se reunió este martes con la gente de su entorno, algunos de ellos abogados, para almorzar, como es costumbre una vez al mes y, lógicamente, analizaron el auto de Alaya y el abanico de posibilidades que se abre. Personas que vieron y estuvieron con el máximo accionista en Sanlúcar la Mayor, donde se llevó a cabo la comida, indicaron que éste se mostró en todo momento confiado en su inocencia y sonriente, como se lo ha podido ver cada vez que ha tenido que ir a los juzgados a declarar.

Otra de las claves residirá en la celebración del juicio mercantil para dictaminar la culpabilidad del concurso, una vez que el juez denegara la pasada semana un nuevo aplazamiento por el embarazo de la abogada de los demandados. Éste, aplazado por dos veces, se fía para los días 4, 5, 6, 12 y 13 de marzo, aunque hay cuestiones prejudiciales civiles y penales por resolver que podrían motivar un nuevo aplazamiento. "Y no admitir una suspensión por embarazo atenta contra un derecho fundamental y es causa legal de suspensión", argumenta Manuel Castaño, ex consejero y abogado, acusado en este asunto concursal.

Adolfo Cuéllar, presidente de la LJB, vaticina su confianza en que el caso llegue a juicio, aunque lo ve todo a más largo plazo. "Es un asunto complejo. Son muchos los años transcurridos y la verdad es que la mayor parte de la investigación se ha resuelto mediante informes periciales contundentes. Mi criterio es subjetivo porque soy parte en el procedimiento. Lopera defenderá su inocencia, pero hay indicios sólidos para pensar que debe celebrarse un juicio para depurar responsabilidades, aunque no antes de un año", sostiene el afamado jurista sevillano.

Optimismo 'fundado' en ambos bandos




Pd. No se va a mover ni un varal.

Pd (2) Si Lopera vendió a OLiver, porque no lo nombra, raro,raro