El Poder Judicial investiga a Alaya por su actuación en el


El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una investigación a la juez Mercedes Alaya a raíz de una queja presentada por el ex consejero delegado del Betis Manuel Ruiz de Lopera que salpica al marido de la magistrada, el auditor Jorge Castro. La queja cuestiona la discrecionalidad en la designación de los administradores judiciales del Betis, club, que lleva intervenido por Alaya desde 2010.

Ese año, Alaya embargó de forma cautelar a Lopera las acciones que tenía en el Betis (el paquete mayoritario) al entender que se había beneficiado de la gestión del equipo. Desde entonces, la juez ha designado a cinco administradores judiciales para controlar el patrimonio del club. El anterior, el abogado José Antonio Bosch, dimitió por irregularidades en su gestión y el actual es Francisco Estepa, donde se concentra la queja de Lopera, que entiende que hay un trato de favor de la magistrada a una persona próxima a su marido. El Poder Judicial ha abierto una información previa y ha pedido a la juez un informe para que aclare el nombramiento, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Estepa, que es abogado, y el marido de Alaya, máximo responsable en Andalucía de la empresa auditora BDO, son administradores concursales y coincidieron en el concurso de acreedores de Laboratorios Pérez Giménez, empresa asentada en Córdoba. En varios recursos, la defensa de Lopera planteó dudas sobre la designación de Estepa como administrador judicial del Betis por sus vínculos con Jorge Castro, sin obtener respuesta de la juez. Finalmente, esta respondió en un auto el pasado 23 de octubre. En esa resolución, la magistrada sostenía que la relación entre su marido y el administrador judicial del Betis estaba basada en “bulos periodísticos”. Y añadía que la única relación era la “normal coincidencia” de que ambos “desarrollan su actividad profesional como administradores concursales, como otros miles de profesionales”.

Sin embargo, esta relación va más allá de la mera coincidencia en una de las pocas profesiones que ha ido al alza en los últimos años por la multiplicación de los concursos de acreedores como consecuencia de la crisis. Estepa y Castro, además de coincidir como administradores concursales en Laboratorios Pérez Giménez, tuvieron una relación de abogado-cliente tras una querella que se presentó contra ellos por la gestión que hicieron en la empresa cordobesa. Estepa se defendió a sí mismo y fue el abogado de Castro en el procedimiento que se abrió por esta querella, que finalmente fue archivada.

En su queja ante el Poder Judicial, Lopera subraya que la defensa de Castro por Estepa desmiente el auto de la juez. El exmandatario bético sostiene que las afirmaciones que Alaya hizo en esa resolución son “falsas” y ponen manifiesto el “anormal funcionamiento” de su juzgado.

Además de esa relación de abogado-cliente, hay otro dato que corrobora este vínculo: Castro y Estepa comparten despacho profesional en Sevilla. Según consta en el Boletín Oficial del Estado del pasado 25 de junio, Estepa (abogado de Córdoba) tiene su despacho en Sevilla en la sede de BDO dirigida por Castro. De hecho, comparten el número de fax, aunque el teléfono que facilita Estepa como contacto es de Córdoba. “Eso es lo más común entre los administradores concursales cuando estás en todas las provincias”, alega Estepa sobre el hecho de compartir oficina con Castro mientras Alaya le designaba administrador judicial. “Mi única relación con Jorge Castro es a través de Pérez Giménez. No sé dónde vive ni me interesa. No lo considero amigo, tenemos una relación profesional”, añade. Castro coincide en señalar que prestar sus oficinas al letrado “es una práctica habitual entre abogados a efectos de notificaciones”. El auditor admite que departe con él cada 15 días sobre Pérez Giménez: “Hablo con Paco cada dos semanas, muy poquito. Y del Betis cero, porque sabe que soy bético y a mí me duele el Betis”.

Además de en el club sevillano, Alaya también nombró a Estepa administrador judicial de la firma Fitonovo, epicentro del caso Madeja, sobre el pago de comisiones a políticos y funcionarios a cambio de contratos públicos.

El anterior administrador judicial del Betis nombrado por Alaya, el abogado José Antonio Bosch, dimitió por irregularidades en su gestión.Tras llegar al cargo, el bufete de Bosch hizo negocios con proveedores del club. Mientras, un juez investiga a dos de los tres administradores concursales del Betis por fraude fiscal al facturar sus honorarios a través de una sociedad cuando debían haber tributado como personas físicas.

Fuentes del Consejo del Poder Judicial señalaron que el promotor de la acción disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha solicitado a Alaya un informe sobre la designación de Estepa. Tras recibir el informe, el instructor decidirá si archiva la información previa o abre expediente, que sería elevado a la comisión disciplinaria del Poder Judicial.