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Ollero se libera por su cuenta
Ollero, en la ciudad deportiva del Betis. K.H.
ANTONIO FÉLIX Sevilla
Actualizado: 28/11/2014 08:13 horas El nuevo presidente del Betis, Juan Carlos Ollero, da por «cerrada» la investigación que le atañe en el caso ERE, relativa a su etapa como alto cargo en el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). El dirigente entiende que el hecho de que la juez Mercedes Alaya remitiera la causa al Tribunal Supremo sin imputarle, le saca definitivamente del proceso, después de que la Guardia Civil le tomara declaración «como imputado» por los «supuestos delitos contra la Hacienda Pública, malversación y prevaricación». Sin embargo, el Supremo ya ha acordado que se quedará con la parte que afecta a los aforados y devolverá a la juez el resto para que prosiga con sus pesquisas. Ollero da por seguro que no será incluido en las mismas.
El presidente bético envió un comunicado a través del servicio de prensa del club, en el que, en primer lugar, ratificaba la información publicada por EL MUNDO, respecto a las dos testificales a las que le requirió la Guardia Civil. A la segunda compareció acompañado ya de su abogado, Adolfo Cuéllar. Ollero omite en su nota que esa segunda declaración fue en calidad de «imputado», como refleja el extracto que acompaña a esta información.
Como informó también este periódico, Ollero llama la atención sobre el hecho de que, desde su última comparecencia ante los agentes de la UCO (julio de 2013), la juez Alaya no le haya citado ni, mucho menos, imputado ningún delito. Y, como novedad, sostiene que eso jamás ocurrirá.
«Por el juzgado competente se han dictado resoluciones judiciales por las que se deja cerrada la investigación sobre IFA/IDEA, sin resultado de ninguna imputación en relación a mi persona. A estos efectos pueden consultarse todas esas resoluciones, especialmente la exposición razonada dictada por el Juzgado de Instrucción 6 el 31 de julio de 2014, por la que remite la totalidad de la causa al Tribunal Supremo».
Esa disposición, en concreto, es un argumentario de 275 páginas en el que la juez Alaya detalla el expolio de los ERE al Tribunal Supremo, tras determinar la imputación de aforados como los expresidentes de la Junta Manuel Chaves o José Antonio Griñán. El Supremo ya ha resuelto quedarse con esa parte (aforados) de la causa, y ha devuelto el resto a Alaya para que siga con sus pesquisas.
Extracto de su segunda declaración ante la UCO, en la que se le informa de su condición de imputado.
Y éstas continúan, a pesar de que Ollero da por «cerrada» la investigación de su caso. Una interpretación con la que no están de acuerdo otras partes. Varias fuentes personadas en los ERE argumentaron ayer a este periódico lo contrario. «Ningún paso está descartado hasta que la juez cierre la instrucción». Asimismo, mostraron su extrañeza por la seguridad del presidente del Betis de no ser encausado, pese a no haber recibido ninguna comunicación de Alaya, como él mismo reconoce en su nota.
Precisamente, la extensa exposición razonada con la que Alaya trasmitió la causa al Supremo no dejaba de resultar inquietante para el presidente bético, a pesar de no ser imputado judicial, sino sólo policialmente.
La magistrada desgrana al Supremo la trama para desviar el dinero público de los ERE, y en la que destaca el papel del IFA, al que acusa de «falsear» sus presupuestos («elaboraba el informe el director de Finanzas, bajo las directrices del (...) director general») e «inventar la existencia de pérdidas» para recibir las millonarias transferencias de la Consejería de Empleo que luego se desviaban para los ERE irregulares que garantizaban la paz social.
«Todas estas modificaciones (...) tendrían un denominador común que las hizo palmariamente contrarias a la Ley: la aplicación presupuestaria de destino no resultaba adecuada a la clasificación del gasto», dice Alaya, que cita entre quienes presuntamente conocían esto a «los directores generales de IFA».
Ollero fue director general del IFA «desde mediados de 2001 hasta marzo de 2002», cuando fichó por Cajasol. Trabajó en «el proceso previo» de dos casos palmarios de fraude para Alaya, el ERE en Santana Motor y el de Hijos de Andrés Molina.
Ante la Guardia Civil se defendió alegando que su cargo estaba «vacío de contenido», que ni «llegó a ocupar su despacho», y que estaba subordinado a su presidente, Antonio Fernández, éste sí imputado. Según el presidente del Betis, ahí acaba su implicación en un caso, para él, cerrado.
Ollero se libera por su cuenta | Andaluca | EL MUNDO
Ollero se libera por su cuenta
- El presidente del Betis considera cerrada la investigación que le atañe en el 'caso ERE', pese a que Alaya continúa con esa instrucción
- Omite que declaró ante la UCO como «imputado»
Ollero, en la ciudad deportiva del Betis. K.H. ANTONIO FÉLIX Sevilla
Actualizado: 28/11/2014 08:13 horas El nuevo presidente del Betis, Juan Carlos Ollero, da por «cerrada» la investigación que le atañe en el caso ERE, relativa a su etapa como alto cargo en el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). El dirigente entiende que el hecho de que la juez Mercedes Alaya remitiera la causa al Tribunal Supremo sin imputarle, le saca definitivamente del proceso, después de que la Guardia Civil le tomara declaración «como imputado» por los «supuestos delitos contra la Hacienda Pública, malversación y prevaricación». Sin embargo, el Supremo ya ha acordado que se quedará con la parte que afecta a los aforados y devolverá a la juez el resto para que prosiga con sus pesquisas. Ollero da por seguro que no será incluido en las mismas.
El presidente bético envió un comunicado a través del servicio de prensa del club, en el que, en primer lugar, ratificaba la información publicada por EL MUNDO, respecto a las dos testificales a las que le requirió la Guardia Civil. A la segunda compareció acompañado ya de su abogado, Adolfo Cuéllar. Ollero omite en su nota que esa segunda declaración fue en calidad de «imputado», como refleja el extracto que acompaña a esta información.
Como informó también este periódico, Ollero llama la atención sobre el hecho de que, desde su última comparecencia ante los agentes de la UCO (julio de 2013), la juez Alaya no le haya citado ni, mucho menos, imputado ningún delito. Y, como novedad, sostiene que eso jamás ocurrirá.
«Por el juzgado competente se han dictado resoluciones judiciales por las que se deja cerrada la investigación sobre IFA/IDEA, sin resultado de ninguna imputación en relación a mi persona. A estos efectos pueden consultarse todas esas resoluciones, especialmente la exposición razonada dictada por el Juzgado de Instrucción 6 el 31 de julio de 2014, por la que remite la totalidad de la causa al Tribunal Supremo».
Esa disposición, en concreto, es un argumentario de 275 páginas en el que la juez Alaya detalla el expolio de los ERE al Tribunal Supremo, tras determinar la imputación de aforados como los expresidentes de la Junta Manuel Chaves o José Antonio Griñán. El Supremo ya ha resuelto quedarse con esa parte (aforados) de la causa, y ha devuelto el resto a Alaya para que siga con sus pesquisas.
Extracto de su segunda declaración ante la UCO, en la que se le informa de su condición de imputado. Y éstas continúan, a pesar de que Ollero da por «cerrada» la investigación de su caso. Una interpretación con la que no están de acuerdo otras partes. Varias fuentes personadas en los ERE argumentaron ayer a este periódico lo contrario. «Ningún paso está descartado hasta que la juez cierre la instrucción». Asimismo, mostraron su extrañeza por la seguridad del presidente del Betis de no ser encausado, pese a no haber recibido ninguna comunicación de Alaya, como él mismo reconoce en su nota.
Precisamente, la extensa exposición razonada con la que Alaya trasmitió la causa al Supremo no dejaba de resultar inquietante para el presidente bético, a pesar de no ser imputado judicial, sino sólo policialmente.
La magistrada desgrana al Supremo la trama para desviar el dinero público de los ERE, y en la que destaca el papel del IFA, al que acusa de «falsear» sus presupuestos («elaboraba el informe el director de Finanzas, bajo las directrices del (...) director general») e «inventar la existencia de pérdidas» para recibir las millonarias transferencias de la Consejería de Empleo que luego se desviaban para los ERE irregulares que garantizaban la paz social.
«Todas estas modificaciones (...) tendrían un denominador común que las hizo palmariamente contrarias a la Ley: la aplicación presupuestaria de destino no resultaba adecuada a la clasificación del gasto», dice Alaya, que cita entre quienes presuntamente conocían esto a «los directores generales de IFA».
Ollero fue director general del IFA «desde mediados de 2001 hasta marzo de 2002», cuando fichó por Cajasol. Trabajó en «el proceso previo» de dos casos palmarios de fraude para Alaya, el ERE en Santana Motor y el de Hijos de Andrés Molina.
Ante la Guardia Civil se defendió alegando que su cargo estaba «vacío de contenido», que ni «llegó a ocupar su despacho», y que estaba subordinado a su presidente, Antonio Fernández, éste sí imputado. Según el presidente del Betis, ahí acaba su implicación en un caso, para él, cerrado.
Ollero se libera por su cuenta | Andaluca | EL MUNDO
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