El expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera ha remitido una segunda queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el “anormal” funcionamiento del juzgado de Mercedes Alaya al no incluir un informe pericial favorable a sus intereses en la causa que se instruye contra él desde 2008. La queja, a la que ha tenido acceso EFE, es la segunda que Lopera presenta este mes también ante el CGPJ, y se basa en que el juzgado no unió o hizo una “extracción irregular” del informe del economista Luis Ruiz de Huidobro, fechado el 30 de diciembre de 2010 y cuyo contenido no se unió al procedimiento para el que se elaboró, según asegura.
La primera queja fue porque uno de los jueces de la Audiencia Provincial de Sevilla es pariente de un directivo de una de las asociaciones que ejerce la acusación particular. Al no incluir el informe en la causa hasta 2011 y hacerlo solo tras las numerosas protestas, señala Lopera, se “hurtó” su conocimiento al fiscal y a las partes personadas y, sin embargo, se incorporó a otro procedimiento abierto el 17 de febrero de 2011.
Ese informe, agrega el expresidente bético, tenía por objeto la revisión de la información contable del Real Betis a 13 de diciembre de 2010, “y resulta muy favorable a mi defensa” porque el perito no detectó ninguna irregularidad en su gestión antes de que en julio de 2010 se dictaran las medidas cautelares. El informe “desmentía uno de los fundamentos sobre los que el juzgado justificó” las medidas cautelares respecto a la necesidad de evitar la “continuidad delictiva” de Lopera como administrador del club, según recoge la queja.
Además, ese informe destacaba que la actuación de Lopera al frente del Betis “se desarrolló con unos criterios más austeros” que el de sus sucesores y desmentía la “afirmación troncal” de la causa judicial relativa a que su gestión incurrió en “gastos innecesarios”, enfatiza el expresidente bético. Así, destaca que el informe de Huidobro recogía que en consultoría financiera se pasaron de 14.518 euros a 258.909, en el apartado de asesoramiento jurídico se apreciaba un “considerable incremento” y que los gatos de intermediación experimentaron un aumento “ostensible”.
Tras criticar las causas alegadas por el juzgado para no incluir el informe, Lopera subraya que se habían denunciado, sin obtener respuesta, otras incidencias consistentes en “la obstaculización del acceso a la causa de datos o circunstancias favorables a mi persona”. Por todo ello, Lopera concluye que las incidencias que denuncia “pudieran dejar al descubierto un anormal funcionamiento” del juzgado que dirige Alaya al no incluir o hacerlo de forma irregular un informe “por razones todavía desconocidas”. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla mantiene desde marzo de 2008 actuaciones penales contra Ruiz de Lopera y algunos de sus más directos colaboradores por un presunto delito societario cometido durante su periodo como administrador del Real Betis (1992-2010).
Queja de Lopera por cómo funciona el juzgado de Alaya - Al final de la Palmera
La primera queja fue porque uno de los jueces de la Audiencia Provincial de Sevilla es pariente de un directivo de una de las asociaciones que ejerce la acusación particular. Al no incluir el informe en la causa hasta 2011 y hacerlo solo tras las numerosas protestas, señala Lopera, se “hurtó” su conocimiento al fiscal y a las partes personadas y, sin embargo, se incorporó a otro procedimiento abierto el 17 de febrero de 2011.
Ese informe, agrega el expresidente bético, tenía por objeto la revisión de la información contable del Real Betis a 13 de diciembre de 2010, “y resulta muy favorable a mi defensa” porque el perito no detectó ninguna irregularidad en su gestión antes de que en julio de 2010 se dictaran las medidas cautelares. El informe “desmentía uno de los fundamentos sobre los que el juzgado justificó” las medidas cautelares respecto a la necesidad de evitar la “continuidad delictiva” de Lopera como administrador del club, según recoge la queja.
Además, ese informe destacaba que la actuación de Lopera al frente del Betis “se desarrolló con unos criterios más austeros” que el de sus sucesores y desmentía la “afirmación troncal” de la causa judicial relativa a que su gestión incurrió en “gastos innecesarios”, enfatiza el expresidente bético. Así, destaca que el informe de Huidobro recogía que en consultoría financiera se pasaron de 14.518 euros a 258.909, en el apartado de asesoramiento jurídico se apreciaba un “considerable incremento” y que los gatos de intermediación experimentaron un aumento “ostensible”.
Tras criticar las causas alegadas por el juzgado para no incluir el informe, Lopera subraya que se habían denunciado, sin obtener respuesta, otras incidencias consistentes en “la obstaculización del acceso a la causa de datos o circunstancias favorables a mi persona”. Por todo ello, Lopera concluye que las incidencias que denuncia “pudieran dejar al descubierto un anormal funcionamiento” del juzgado que dirige Alaya al no incluir o hacerlo de forma irregular un informe “por razones todavía desconocidas”. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla mantiene desde marzo de 2008 actuaciones penales contra Ruiz de Lopera y algunos de sus más directos colaboradores por un presunto delito societario cometido durante su periodo como administrador del Real Betis (1992-2010).
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