Ya va siendo hora de señalar al máximo culpable de todo este caos, un cordobés que está partiendo al Betis en 1000 pedazos y cuyo origen no debemos olvidar:
A finales de 2012 y comienzos de 2013, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Posadas (Córdoba), Álvaro Carbonell, imputó a los cinco administradores concursales de la farmacéutica cordobesa Laboratorios Pérez Giménez y al ex director financiero por apropiación indebida, revelación de secretos, amenazas y coacciones. Entre los imputados se encontraba Francisco Estepa y el auditor Jorge Castro, marido de la juez Mercedes Alaya.
El administrador único, Sergio Martínez, se querelló contra los administradores concursales designados por el juzgado de lo Mercantil de Córdoba, tras entrar la sociedad en concurso voluntario de acreedores. En su querella, Sergio Martínez acusó a los administradores, con un escrito apoyado en conversaciones grabadas durante meses con dispositivos ocultos, de obstaculizar la viabilidad de la empresa al impedir la entrada de nuevos inversores o la firma de contratos con terceros. Sin embargo, el juez de lo Mercantil 1 de Córdoba, Fernando Caballero, suspendió la capacidad de maniobra de Martínez y concedió la gestión económica de la sociedad a los administradores concursales.
Francisco Estepa y el caso "Pérez Giménez" - Al final de la Palmera
A finales de 2012 y comienzos de 2013, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Posadas (Córdoba), Álvaro Carbonell, imputó a los cinco administradores concursales de la farmacéutica cordobesa Laboratorios Pérez Giménez y al ex director financiero por apropiación indebida, revelación de secretos, amenazas y coacciones. Entre los imputados se encontraba Francisco Estepa y el auditor Jorge Castro, marido de la juez Mercedes Alaya.
El administrador único, Sergio Martínez, se querelló contra los administradores concursales designados por el juzgado de lo Mercantil de Córdoba, tras entrar la sociedad en concurso voluntario de acreedores. En su querella, Sergio Martínez acusó a los administradores, con un escrito apoyado en conversaciones grabadas durante meses con dispositivos ocultos, de obstaculizar la viabilidad de la empresa al impedir la entrada de nuevos inversores o la firma de contratos con terceros. Sin embargo, el juez de lo Mercantil 1 de Córdoba, Fernando Caballero, suspendió la capacidad de maniobra de Martínez y concedió la gestión económica de la sociedad a los administradores concursales.
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