La Fiscalía respalda la compraventa entre Oliver y Lopera: “Ni Oliver ni Bitton pueden ser imputados”
Insta a que el auto sea declarado nulo
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Por REDACCIÓN, 12 de mayo de 2014 12:47 h.
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En unas fechas en las que la situación institucional del Real Betis Balompié pasa por momentos delicados por el descenso de categoría del primer equipo a la Segunda división, la situación judicial que afecta al club y tiene en vilo a toda la afición también está ofreciendo novedades en los últimos días y puede tener su colofón en breve. El pasado viernes, la juez titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, emitió un auto de procesamiento contra Manuel Ruiz de Lopera, Mercedes Ferraro, Guillermo Molina, Ana María Ruiz Peña, María Teresa González, Javier Páez, Ángel Martín y Luis Oliver, a los que ha citado a declarar el próximo 28 de mayo.
Pues bien, hoy se ha conocido, según citan en Betis.com.es, que la Fiscalía de Sevilla respalda el proceso de compraventa de acciones entre Luis Oliver y Manuel Ruiz de Lopera y expresa que ni Oliver ni la empresa Bitton Sport SL pueden ser imputados. En concreto, el auto de la Fiscalía explica que “la Magistrado no puede llamar a este procedimiento a Luis Oliver ni a Bitton Sport SL y el auto debe ser declarado nulo”. Además, la Fiscalía se pregunta “por qué se imputa al Administrador o representante legal de Bitton Sport y qué hechos concurren que constituyan indicios de los delitos que se mencionan en la resolución recurrida. La instructora mediante la Providencia Impugnada, no razona, ni describe, ni detalla hechos nuevos sobrevenidos desde entonces, que la aparten de lo ordenado por la Audiencia Provincial en aquellas resoluciones y que la obliguen a proceder de oficio contra el Administrador de Bitton Sport S.L.”.
Recordemos que, en el auto de procesamiento emitido el pasado viernes, Alaya seguía acusando a Lopera de “enriquecerse a costa del Betis en virtud de un plan preconcebido desde que fuera vicepresidente del club. El Betis fue una fuente inagotable de negocio para Lopera”, mantenía la magistrado. Con todo, se prevé que que en aproximadamente un mes la Audiencia resuelva y que se puedan incluso levantar las medidas cautelares impuestas desde hace mucho tiempo, dentro de lo cual cabe la posibilidad hasta de devolverle a Lopera el control de sus acciones. Otras opciones posibles serían la celebración de un juicio, ante la existencia de indicios de delito, dejando activas las medidas cautelares, o incluso la absolución de los acusados si se demuestra que no hubo conducta delictiva.
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Pues bien, hoy se ha conocido, según citan en Betis.com.es, que la Fiscalía de Sevilla respalda el proceso de compraventa de acciones entre Luis Oliver y Manuel Ruiz de Lopera y expresa que ni Oliver ni la empresa Bitton Sport SL pueden ser imputados. En concreto, el auto de la Fiscalía explica que “la Magistrado no puede llamar a este procedimiento a Luis Oliver ni a Bitton Sport SL y el auto debe ser declarado nulo”. Además, la Fiscalía se pregunta “por qué se imputa al Administrador o representante legal de Bitton Sport y qué hechos concurren que constituyan indicios de los delitos que se mencionan en la resolución recurrida. La instructora mediante la Providencia Impugnada, no razona, ni describe, ni detalla hechos nuevos sobrevenidos desde entonces, que la aparten de lo ordenado por la Audiencia Provincial en aquellas resoluciones y que la obliguen a proceder de oficio contra el Administrador de Bitton Sport S.L.”.
Recordemos que, en el auto de procesamiento emitido el pasado viernes, Alaya seguía acusando a Lopera de “enriquecerse a costa del Betis en virtud de un plan preconcebido desde que fuera vicepresidente del club. El Betis fue una fuente inagotable de negocio para Lopera”, mantenía la magistrado. Con todo, se prevé que que en aproximadamente un mes la Audiencia resuelva y que se puedan incluso levantar las medidas cautelares impuestas desde hace mucho tiempo, dentro de lo cual cabe la posibilidad hasta de devolverle a Lopera el control de sus acciones. Otras opciones posibles serían la celebración de un juicio, ante la existencia de indicios de delito, dejando activas las medidas cautelares, o incluso la absolución de los acusados si se demuestra que no hubo conducta delictiva.
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