Lopera pide a Bosch que explique sus contratos y donativos | El Correo de Andalucia
Manuel Ruiz de Lopera, exmáximo accionista del Betis, ha pedido que el saliente administrador judicial, José Antonio Bosch, explique los contratos bajo su mandato, los préstamos a jugadores y los donativos por “liberalidad”.
La empresa Familia Ruiz Avalo (Farusa), propiedad de Lopera, dice a la juez que investiga su gestión en el club que es necesario explicar esos extremos ya que la administración judicial ha sumido al Betis en un “prolongado y pernicioso limbo jurídico” y un “perfecto caos institucional”.
Entre otros, pide que Bosch explique los 681.849 euros que gastó en el ejercicio 2012-2013 en “invitaciones, atenciones y donativos” que no guardan conexión con las actividades propias del club deportivo.
El escrito, al que ha tenido acceso Efe, recuerda que Lopera ha sido imputado por la juez Mercedes Alaya por gastos similares, tales como la edición de un cd, la compra de gafas con el escudo del club y de insignias para regalar a los aficionados.
Esos 681.849 euros gastados por Bosch no fueron considerados deducibles del impuesto sobre sociedades, y por lo tanto no guardan conexión con las actividades propias del Real Betis, según el escrito de la empresa de Lopera.
Añade el texto que en junio del 2013 el Betis tenía contabilizado un crédito de 320.000 euros por “préstamos a jugadores del primer equipo” que aparentemente no devengan intereses, por lo que cree que deben ser explicados ya que Lopera está imputado por no haber cobrado intereses en un préstamo que concedió al ex entrenador Lorenzo Serra Ferrer por importe de 3.360.000 pesetas.
En anteriores escritos, el saliente administrador judicial hizo saber que su función no era informar directamente a Farusa sino a la juez instructora, y se declaró dispuesto a entregar esa información en caso de que lo solicitara a través del juzgado.
Bosch fue cesado en enero pasado y ahora el escrito de Lopera dice que sus informes de rendición de cuentas “carecen de contenido sustancial” y se limitan a enumerar una serie de reuniones sin aportar información sobre los asuntos abordados o las decisiones tomadas.
Esta petición se ha producido en la pieza de responsabilidad civil de la causa contra Lopera y no influirá en la vertiente penal del caso, en la que la semana pasada la juez instructora dio por concluida la investigación por presunto delito societario en la gestión del club.
Farusa reprocha también no haber recibido contestación a ni uno solo de sus requerimientos de información, pero al mismo tiempo los administradores judiciales se han reunido en numerosas ocasiones con las plataformas de oposición que ahora acusan a Lopera.
Otro aspecto sobre el que desea información es el de la Fundación Real Betis, el intento de crear patronos vitalicios y “cederles gratuitamente la denominación o marca de la entidad deportiva”.
También requiere datos sobre lo que denomina “formidable carrusel de contrataciones” llevado a cabo en el Betis bajo el mandato de Bosch, trabajadores que tras su cese han quedado en una “posición de fuerza” con cláusulas altas para finiquitar sus contratos.
Manuel Ruiz de Lopera, exmáximo accionista del Betis, ha pedido que el saliente administrador judicial, José Antonio Bosch, explique los contratos bajo su mandato, los préstamos a jugadores y los donativos por “liberalidad”.
La empresa Familia Ruiz Avalo (Farusa), propiedad de Lopera, dice a la juez que investiga su gestión en el club que es necesario explicar esos extremos ya que la administración judicial ha sumido al Betis en un “prolongado y pernicioso limbo jurídico” y un “perfecto caos institucional”.
Entre otros, pide que Bosch explique los 681.849 euros que gastó en el ejercicio 2012-2013 en “invitaciones, atenciones y donativos” que no guardan conexión con las actividades propias del club deportivo.
El escrito, al que ha tenido acceso Efe, recuerda que Lopera ha sido imputado por la juez Mercedes Alaya por gastos similares, tales como la edición de un cd, la compra de gafas con el escudo del club y de insignias para regalar a los aficionados.
Esos 681.849 euros gastados por Bosch no fueron considerados deducibles del impuesto sobre sociedades, y por lo tanto no guardan conexión con las actividades propias del Real Betis, según el escrito de la empresa de Lopera.
Añade el texto que en junio del 2013 el Betis tenía contabilizado un crédito de 320.000 euros por “préstamos a jugadores del primer equipo” que aparentemente no devengan intereses, por lo que cree que deben ser explicados ya que Lopera está imputado por no haber cobrado intereses en un préstamo que concedió al ex entrenador Lorenzo Serra Ferrer por importe de 3.360.000 pesetas.
En anteriores escritos, el saliente administrador judicial hizo saber que su función no era informar directamente a Farusa sino a la juez instructora, y se declaró dispuesto a entregar esa información en caso de que lo solicitara a través del juzgado.
Bosch fue cesado en enero pasado y ahora el escrito de Lopera dice que sus informes de rendición de cuentas “carecen de contenido sustancial” y se limitan a enumerar una serie de reuniones sin aportar información sobre los asuntos abordados o las decisiones tomadas.
Esta petición se ha producido en la pieza de responsabilidad civil de la causa contra Lopera y no influirá en la vertiente penal del caso, en la que la semana pasada la juez instructora dio por concluida la investigación por presunto delito societario en la gestión del club.
Farusa reprocha también no haber recibido contestación a ni uno solo de sus requerimientos de información, pero al mismo tiempo los administradores judiciales se han reunido en numerosas ocasiones con las plataformas de oposición que ahora acusan a Lopera.
Otro aspecto sobre el que desea información es el de la Fundación Real Betis, el intento de crear patronos vitalicios y “cederles gratuitamente la denominación o marca de la entidad deportiva”.
También requiere datos sobre lo que denomina “formidable carrusel de contrataciones” llevado a cabo en el Betis bajo el mandato de Bosch, trabajadores que tras su cese han quedado en una “posición de fuerza” con cláusulas altas para finiquitar sus contratos.
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