el posible descenso lo complica aún más
La juez Alaya, Oliver, Gordillo, Lopera y los movimientos para controlar el Betis

Jose Felix Diaz.

La juez Alaya, Oliver, Gordillo, Lopera y los movimientos para controlar el Betis - Noticias de Liga




La historia empieza cuando Luis Oliver compra presuntamente el 51 por ciento de las acciones del Real Betis, todas ellas de titularidad de Lopera, en aproximadamente 16 millones de euros. De esta cantidad, abona más de la mitad al contado y el resto mediante pagarés y otros efectos cambiarios que aún están pendientes. En ese momento es cuando interviene la mediática juez Alaya, prohibiendo la inscripción de la venta en el Consejo Superior de Deportes. Reconocida bética, como su marido Jorge Castro, su primera decisión es situar a Rafael Gordillo en la presidencia del club.

Pero para ello hacía falta una acción previa que la justificara. Esta acción es diseñada por la familia Cuéllar, fundadora de lo que se denomina Liga de Juristas Béticos. Los Cuéllar son una conocida familia descendiente de una estirpe jurídica, cuyo padre Adolfo Cuéllar fuera concejal del Ayuntamiento de Sevilla en la etapa del alcalde socialista Manuel del Valle. De hecho, Adolfo Cuéllar fue elegido cabeza de lista en Sevilla por el Partido Comunista de España. Manuel del Valle tenía entonces mayoría relativa y Cuéllar pactó mantener a Del Valle (después sustituido por Yáñez) en la alcaldía. Aquella aventura acabó con la expulsión de Cuéllar del PCE y su adscripción al Grupo Mixto. De hecho, Del Valle no volvió a ser candidato por el PSOE, a pesar de haber pertenecido al histórico despacho laboralista de Felipe González.

Junto a éstos, también promovieron acciones judiciales las denominadas ‘Plataforma Por nuestro Betis y Béticos por el Villamarín’. Esta última está encabezada por Cayetano García de la Borbolla, cercano al eterno aspirante al Betis y a la Alcaldía de Sevilla José 'Pepote' Rodríguez de la Borbolla. A ellos hay que sumar a los integrantes de la ‘Fundación Heliópolis’ que han intentado, como sea, llegar a un acuerdo con Lopera para conseguir ser titulares finales de las embargadas acciones. Los grandes personajes de la Fundación son los citados Rafael Gordillo y Pepote, que fuera presidente de la Junta de Andalucía, y radicalmente enfrentado con la actual presidenta Susana Díaz, a la que acusa -en privado- de no tener pedigrí.

Pues bien, el Plan estaba bien urdido. Forzar a Lopera a entregar sus acciones a un precio irrisorio y que recayeran en la citada Fundación desde la que se gobernaría el Betis. Esta Fundación había sido creada 'ad hoc' por el administrador nombrado por la jueza Alaya, José Antonio Bosch.

Cuatro años después el Betis -que se las prometía muy felices- está a punto de bajar a Segunda. Pero, ¿qué es lo que ha fallado?

1. El administrador judicial. José Antonio Bosch, aunque natural de Madrid, se afincó en Sevilla y protagonizó uno de esos pleitos que dan juego en la capital hispalense. El Colegio de Abogados de Sevilla está consagrado a la Inmaculada Concepción. A Bosch no se le ocurrió otra cosa que demandar que el Colegio cesara en la admonición mariana. Perdió el pleito y sus aspiraciones en el Colegio de Abogados hispalense. Bosch ya como administrador judicial decidió demandar a la Junta saliente del Betis, entre ellos, al también abogado Rodríguez Sacristán, que fuera presidente de la entidad en tiempos de Oliver.

El resultado fue el mismo. El Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda por defectos formales. Para entonces Sacristán ya había tomado nota y pidió en la penúltima Junta de Accionistas del Betis determinada información por escrito alusiva a algunas ‘autocontrataciones’ por parte del citado Bosch.

La Junta Directiva del Betis, presidida entonces por Guillén, no se atrevió a silenciar dicha información y contestó, entre otros, sobre determinados emolumentos percibidos por el bufete de Bosch de la nueva empresa médica del Betis dirigida por Pepe Millán. Bosch hubo de dimitir. Pero la dimisión llegó demasiado tarde. Mel para entonces había sido destituido por Bosch como entrenador del Betis.

2. Las medidas cautelares acordadas por la juez Alaya ya se dilatan más de cuatro años. A pesar del nombramiento de un nuevo administrador, el cordobés Estepa, la Audiencia podría levantar dichas medidas en breve.

3. El Betis se encuentra prácticamente en Segunda. Pese a ello, el recientemente elegido presidente, Manuel Domínguez, pretende nombrar nuevo director deportivo y nuevo director financiero, ambos de larga duración.

Para intentar perpetuar esta situación, la Fundación tiene un Plan B para cuando las medidas cautelares se levanten. El plan oculto de la Fundación consiste en activar esa demanda mercantil por la que pretenden la nulidad de una gran parte las acciones suscritas por Lopera, que sostienen que no fueron desembolsadas en metálico y las financió el propio Betis. Estos títulos (más de 55.000) fueron resultado de la "autocartera" del Betis, lo que es un ilícito mercantil. Esos títulos serían devueltos al Betis y controlados desde la Fundación que preside Rafael Gordillo, que las administraría, evitando la llegada de un nuevo presidente para la entidad.

En este supuesto, el Betis no saldría de su situación interina y resultaría baladí el cese de las medidas cautelares adoptadas por Alaya. El Betis quedaría en manos de otro juez, en este caso, de lo Mercantil.

Todo atado y bien atado. Salvo un pequeño detalle. El Betis estará en Segunda. Frente a este plan B hay quienes tienen dibujadas acciones de responsabilidad patrimonial frente a todos los que han dirigido en estos cuatro años el club. El descenso, según ellos, tiene contenido y responsabilidad patrimonial que ha devaluado lo que era el Betis antes de la intervención judicial. El club verdiblanco es de los pocos clubes en Primera que arrastran 35.000 espectadores por partido, dando color y sabor al Benito Villamarín.

Pero lo que todos parecen olvidar, en una situación inesperada (se sabe cuándo se baja, pero no cuando se sube), es que la mesa tiene cuatro patas y solo hemos hablado de tres. Veremos si la juez lee bien los datos y "revoluciona" el Betis en junio, antes de que el transcurrir de la Segunda División pueda fracturar el patrimonio más importante del club que es el inmaterial de sus socios y la paz y estabilidad de la histórica entidad verdiblanca.