La Liga de Juristas, sola ante Lopera

Javier Merida

Manuel Ruiz de Lopera, si nada lo remedia hoy -es posible porque su defensa ya tenía la agenda completa- deberá acudir mañana de nuevo al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para declarar, en calidad de imputado, según ha solicitado a la juez Mercedes Alaya la Liga de Juristas Béticos, la única de las plataformas que ejerce la acusación particular que lo ha considerado necesario.

Todo arranca de cuando el pasado 18 de noviembre de 2013 fue llamada a declarar Ana María Ruiz Peña, administradora única de Farusa cuando se produjeron los presuntos delitos en el Betis por parte de Lopera. Aunque la acusada se acogió a su derecho a no declarar, en el auto de la juez puede leerse: "Es más, cuando ya se había iniciado el procedimiento y se había emitido la primera parte del informe pericial, Ana María Ruiz Peña, como administradora única de Farusa, siguiendo indicaciones del sr. Ruiz de Lopera, trató de transmitir las acciones que poseía del Real Betis, paquete mayoritario, en virtud de la escritura de compraventa de 6 de julio de 2010, para evitar que las mismas (teniendo en cuenta que ya se conocía indiciariamente que 20.662 acciones no le pertenecían) pudieran ser controladas por el Juzgado y garantizar la vuelta del sr. Ruiz de Lopera cuando él quisiera".

Este párrafo es el que ha servido a Adolfo Cuéllar, presidente de la Liga de Juristas para solicitar, el pasado 3 de diciembre, que se amplíe la imputación a Lopera, "por los mismos hechos expuestos, ya que si la autora inmediata de la pretendida transmisión de las acciones del Betis a Bitton Sport fue Ana María Ruiz Peña, del propio relato de imputación, consta que el autor de esas instrucciones con capacidad para ello, fue Lopera, a quien hasta la fecha no se le han imputado esos mismos hechos".

La juez, a la fecha muy solícita con las acusaciones particulares no lo dudó e inmediatamente citó a Lopera para una nueva declaración, lo que a juicio de su defensa no es más que una maniobra de dilación para mantener más tiempo en el poder al consejo de administración que comanda José Antonio Bosch. Los abogados de Lopera se preguntan por qué la juez no autorizó a la UCO de la Guardia Civil investigar quién cobró los cheques de Luis Oliver, como ellos solicitaron, ni por qué Lopera no ha sido citado a declarar en la causa paralela sobre este asunto que instruye el juez de refuerzo Rogelio Reyes y sí debe presentarse mañana ante Alaya por esta misma causa.

La defensa sustenta su postura en la mantenida por el propio Betis y el resto de acusaciones particulares. El club, en un escrito del 2 de diciembre, dijo a la juez: "En conclusión, creemos que la compraventa mercantil a que nos referimos no encaja en ningún delito distinto a los ya imputados". Béticos por el Villamarín, el mismo día 2, coligió: "La transmisión de las acciones del Real Betis propiedad de Farusa a Bitton Sport, suscrita por Ana María Ruiz Peña (siguiendo instrucciones de Manuel Ruiz de Lopera) debe entenderse como el último de los actos comisivos del delito societario en continuidad delictiva".

Es decir, ni el club ni BxV solicitan una ampliación de la imputación, mientras que Por Nuestro Betis, la otra asociación que ejerce la acusación particular ni se ha presentado por escrito, de ahí que extrañe la actuación de la Liga de Juristas y, en el caso de la defensa de Lopera, incluso que Alaya acceda.