El minuto de juego y resultado del caso Lopera
La instrucción del caso que se sigue en el juzgado número 6 de Sevilla, del que es titular Mercedes Alaya, está prácticamente cerrada. Sólo resta un fleco que podría solucionarse en los días hábiles que quedan de diciembre o ya en enero. Entonces, la instructora, como ya ha anunciado a las partes, incoará sumario, un procedimiento ordinario y habitual cuando se tratan los delitos más graves, con penas superiores a nueve años, por lo que se espera un auto de procesamiento contra Manuel Ruiz de Loperay demás colaboradores (siete imputados más) en este caso de tan largo alcance ya que se ha analizado su gestión en el Betis y la interposición de sus sociedades Tegasa y Encadesa desde 1993 hasta 2008 y se le acusa de presunta apropiación indebida y delito societario continuado.
Hasta este momento las medidas cautelares estarán vigentes sin mayores inquietudes, según fuentes judiciales. Restará, eso sí, por conocer la posición de la Fiscalía de Sevilla en función del escrito final de Alaya. Será determinante saber si el Ministerio Fiscal acusará acogiendo las tesis de la juez en su totalidad o en parte o incluso solicitando el archivo de la causa. El caso, precisamente, se inicia cuando el 24 de marzo de 2008 la propia Fiscalía hace suya una denuncia de Béticos por el Villamarín (BXV) ante la Fiscalía General del Estado contra Lopera por presunto delito societario por «descapitalizar» el club, aunque su posición ha ido variando con el tiempo y han sido frecuentes sus adhesiones a las tesis de la defensa, sobre todo en lo referente a las medidas cautelares, principalmente la administración judicial de las acciones del Betis propiedad de Farusa desde el verano de 2010 que actualmente le dan el poder a José Antonio Bosch y su consejo. En cualquier caso, la Fiscalía aún tiene tiempo para pronunciarse y no ha dado información alguna a las partes personadas en las que indique su posición definitiva.
En primavera, el caso debe llegar a la Audiencia Provincial. De ahí surge el rumor de que el gobierno del club puede volver a Manuel Ruiz de Lopera en esa fecha. Pero nada más lejos de la realidad, al menos con la información que se tiene hasta el momento. La Audiencia ha respaldado prácticamente todas las actuaciones de Alaya durante su instrucción y, aunque será una sección diferente la que asuma el caso y lo juzgue posteriormente, resultaría una sorpresa mayúscula que deshiciera la administración del club, ya que podría desamparar a la «víctima», el Betis, durante el proceso definitivo del juicio. Hasta ahora, Alaya se ha basado en las investigaciones del Grupo de Delitos Societarios de la Guardia Civil, las declaraciones de los imputados (ya concluidas recientemente con las de Lopera y el exvicepresidente bético Ángel Martín) y, sobre todo, en dos contundentes informes periciales en los que se cifra en 24.978.000 euros el perjuicio sufrido por el Betis a causa de la interposición de Tegasa y Encadesa, controladas por Lopera, en la gestión del club. El denodado esfuerzo de BXV, Por Nuestro Betis y la Liga de Juristas Béticos ha acercado esta situación. Mientras, la inquietud de Lopera y su entorno por alimentar un posible regreso coincide con ciertos pronósticos de exconsejeros como Manuel Castaño, que en 2010 dijeron que «en dos o tres meses, estaremos de vuelta» y se encontraron con el respaldo absoluto de la Audiencia Provincial de Sevilla a las medidas adoptadas por Alaya en una instrucción que no cumplirá, por poco, los seis años.
http://www.alfinaldelapalmera.com/no...so-lopera.html
Hasta este momento las medidas cautelares estarán vigentes sin mayores inquietudes, según fuentes judiciales. Restará, eso sí, por conocer la posición de la Fiscalía de Sevilla en función del escrito final de Alaya. Será determinante saber si el Ministerio Fiscal acusará acogiendo las tesis de la juez en su totalidad o en parte o incluso solicitando el archivo de la causa. El caso, precisamente, se inicia cuando el 24 de marzo de 2008 la propia Fiscalía hace suya una denuncia de Béticos por el Villamarín (BXV) ante la Fiscalía General del Estado contra Lopera por presunto delito societario por «descapitalizar» el club, aunque su posición ha ido variando con el tiempo y han sido frecuentes sus adhesiones a las tesis de la defensa, sobre todo en lo referente a las medidas cautelares, principalmente la administración judicial de las acciones del Betis propiedad de Farusa desde el verano de 2010 que actualmente le dan el poder a José Antonio Bosch y su consejo. En cualquier caso, la Fiscalía aún tiene tiempo para pronunciarse y no ha dado información alguna a las partes personadas en las que indique su posición definitiva.
En primavera, el caso debe llegar a la Audiencia Provincial. De ahí surge el rumor de que el gobierno del club puede volver a Manuel Ruiz de Lopera en esa fecha. Pero nada más lejos de la realidad, al menos con la información que se tiene hasta el momento. La Audiencia ha respaldado prácticamente todas las actuaciones de Alaya durante su instrucción y, aunque será una sección diferente la que asuma el caso y lo juzgue posteriormente, resultaría una sorpresa mayúscula que deshiciera la administración del club, ya que podría desamparar a la «víctima», el Betis, durante el proceso definitivo del juicio. Hasta ahora, Alaya se ha basado en las investigaciones del Grupo de Delitos Societarios de la Guardia Civil, las declaraciones de los imputados (ya concluidas recientemente con las de Lopera y el exvicepresidente bético Ángel Martín) y, sobre todo, en dos contundentes informes periciales en los que se cifra en 24.978.000 euros el perjuicio sufrido por el Betis a causa de la interposición de Tegasa y Encadesa, controladas por Lopera, en la gestión del club. El denodado esfuerzo de BXV, Por Nuestro Betis y la Liga de Juristas Béticos ha acercado esta situación. Mientras, la inquietud de Lopera y su entorno por alimentar un posible regreso coincide con ciertos pronósticos de exconsejeros como Manuel Castaño, que en 2010 dijeron que «en dos o tres meses, estaremos de vuelta» y se encontraron con el respaldo absoluto de la Audiencia Provincial de Sevilla a las medidas adoptadas por Alaya en una instrucción que no cumplirá, por poco, los seis años.
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