La Fiscalía de Sevilla considera a las empresas Bitton Sport, Bastogne Corporation, Sport Transfer Management, Orión Consultoría y Gestión, Lucerna Technology e Iusvelázquez «cómplices» de algunas de las conductas que han dado lugar al «agravamiento doloso de la insolvencia» del Betis. La fiscal Valle Ávila considera que esas personas jurídicas están relacionadas con la salida fraudulenta de bienes y derechos del patrimonio de esa sociedad deportiva ya que «han cooperado con determinados administradores a la realización de actos que han fundado la calificación del concurso como culpable».

De Bitton Sport, en cuyo nombre se realizaron los nombramientos de Luis Oliver y Ángel Vergara como consejeros del Betis, le achaca la contratación de Deleytax Auditores para la realización de una «due diligence» previa a la adquisición de las acciones propiedad de Farusa, a cuenta de la cual el Betis abonó 35.400 euros. A Bastogne Corporation la considera cómplice como entidad que facturó y cobró del Betis por servicios inexistentes, por un importe de 354.000 euros, en relación al traspaso del jugador Mehmet Aurelio. En cuanto a Sport Transfer Management, la Fiscalía entiende que cooperó en la insolvencia del equipo porque facturó y cobró al Real Betis Balompié servicios inexistentes por un importe de 590.000 euros en relación al traspaso del jugador Sergio García. Asimismo, a las empresas Orión Consultoría y Gestión y Lucerna Technology les acusa de facturar y cobrar al Betis por servicios inexistentes 227.415 y 36.516 euros, respectivamente. En lo que se refiere a Iusvelázquez, la Fiscalía considera cómplice en la medida en que fue contratada para preparar el concurso y cobró por ello 152.000 euros, resultando que el concurso ha sido declarado «culpable por la inexactitud grave en los documentos acompañados a la solicitud» de declaración de insolvencia. Entre esos errores se destaca no incluir acreedores por 15,5 millones de euros. De hecho, se presentó una relación de acreedores que sumaban créditos por 59,5 millones, cuando los créditos detectados por la Administración Concursal arrojan un valor de 75,1 millones de euros, con lo que la desviación es del 26,21%.