El Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil cree que Luis Oliver y Ángel León utilizaron el club en beneficio propio

Tomás Furest / Sevilla / 30 may 2013

Si a Lopera se le está juzgando penalmente por presunta apropiación indebida de casi 30 millones de euros en 18 años, según los peritos judiciales, a Luis Oliver y Ángel Vergara les está reclamando el Betis, en la Acción Social de Responsabilidad que ha interpuesto contra ellos, junto con Pepe León, Jaime Rodríguez Sacristán y Manolo Castaño, 1.318.231,60 euros que presuntamente habrían sacado irregularmente del club en menos de cinco meses y medio. Su manera de proceder fue tan burda que el Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil no tiene dudas de que utilizaron el club en beneficio propio. La jueza Mercedes Alaya ha abierto una pieza separada en el caso Lopera para investigar lo ocurrido en el Betis entre el 7 de julio y el 13 de diciembre de 2010. Los administradores concursales piden para ellos, además de la misma indemnización económica, 10 años de inhabilitación.
Cuando Oliver y Vergara llegaron al Betis todo el mundo sabía lo que habían hecho en el Jerez. Su fama les precedía. Sin embargo, contaron con la colaboración inestimable del consejo de administración, que les abrió las puertas de par en par a pesar de que la jueza Alaya no tardó en anular la supuesta venta del paquete mayoritario de acciones a BITTON SPORT. Algunos consejeros acabaron dimitiendo al ver las barbaridades que se estaban haciendo, pero otros los apoyaron hasta el último día y hasta les facilitaron la compra de algunas acciones para justificar su entrada por cooptación en el consejo. Sus nombramientos jamás fueron reflejados en el Registro Mercantil de Sevilla.
A Vergara y Castaño les otorga el consejo expresas facultades bancarias, mientras que Oliver y León se encargan del área deportiva. Así pues, Oliver se dedica a los fichajes y los traspasos utilizando empresas de su entorno y Vergara, a contratar empresas de servicio para, supuestamente, ayudarles a gestionar el nuevo Betis. La Guardia Civil asegura en su informe que casi todas estas empresas tienen el mismo domicilio social que BITTON SPORT y que en todas ellas aparecen casi siempre los mismos personajes.
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Oliver inicia su actividad de manera frenética. Ficha y traspasa y presume de haber sido el gran artífice del ascenso a Primera al final de esa temporada, la 2010/2011. No comparten su opinión los administradores concursales, que critican duramente su gestión. Hacen especial hincapié en el hecho de que fichara a varios jugadores sabiendo que el club iba a entrar en concurso de acreedores y que no los iba a pagar en los plazos pactados. Es el caso, especialmente, de Salva Sevilla, Jorge Molina y Rubén Castro, causándole un gran daño tanto al Betis, al aumentar su deuda en 3.671.000 euros, como a los clubes vendedores, Córdoba, Elche y Deportivo, respectivamente, a los que sólo se les pagó el primer pagaré, en el caso de los delanteros, y dos en el del centrocampista. Esta conducta la consideran los concursales dolosa y es uno de los motivos que les ha llevado a pedir la culpabilidad del concurso de acreedores.
En el fichaje de Rubén Castro, además, existe una extraña transferencia de 90.000 euros a una asesoría llamada Domínguez por parte del intermediario que intervino en esta operación, Plácido Robla Díez, agente FIFA y socio de la empresa Sport Transfer Management S.L, que había recibido 120.000 euros por esta operación y que también cobró por el traspaso de Sergio García 590.000 euros, de los que transfirió 489.000 euros a Bastogne Corporación, que a su vez recibió 354.000 euros por el de Mehmet Aurelio. Así lo reconoció en su declaración ante la Guardia Civil como imputado Plácido Robla, quien afirmó que tanto el importe de las facturas como las transferencias a otras empresas las había hecho por orden de Luis Oliver.
La Guardia Civil, que intervino por orden judicial el teléfono de Oliver, detectó conversaciones de este con Robla tras salir el agente FIFA de declarar del Juzgado. “Qué quieres que haga”, le dijo a Oliver, que por otra parte instruyó a otras personas que fueron llamadas a declarar sobre lo que tenían que decir en cada momento. Todo formaba parte, según los investigadores, de un plan para desviar fondos del Betis hacia empresas vinculadas a Oliver y Vergara, lo que conlleva a tomarle declaración a Oliver en calidad de detenido, asistido por su abogado, Alfonso Contreras, el 15 de noviembre de 2011.

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