Lopera puede enfrentarse la apertura de un nuevo proceso penal por tentativa de estafa
TOMÁS FUREST / Sevilla / 29 May 2013
Manuel Ruiz de Lopera fue condenado en 2006 a dos penas de siete meses y medio de cárcel y multa de casi dos millones de euros por dos delitos fiscales que cometió para reducir indebidamente el pago del impuesto de sociedades. Lejos de asustarse, Lopera siguió intentando engañar a la Agencia Tributaria, lo que podría acarrearle la apertura de un nuevo proceso penal. El juez del Mercantil 1, a la vista de la documentación aportada por los administradores concursales para que se declare culpable el concurso de acreedores del Betis, podría ordenar la deducción de testimonio para que se le investigue, vía penal, por presunto intento de estafa. Y es que Lopera, según la Guardia Civil, en calidad de consejero delegado del club, se dedicó a realizar dobles contratos cuando traspasaba o cedía jugadores para engañar a Hacienda, que también podría denunciarlo, al igual que la Fiscalía. La denuncia también podría ir contra el Betis.
El todavía máximo accionista del Betis tiene pendientes varias causas, una por presunto delito societario y/o de apropiación indebida que investiga el Juzgado de Instrucción 6, otra demanda abierta en el Mercantil 1 por presunta adquisición irregular en 1992 de parte de las acciones del Real Betis, y la ya reseñada en este mismo juzgado, aunque no la lleva el mismo juez, en la que los administradores concursales le piden 15 años de inhabilitación y que indemnice al Betis, de manera solidaria con otros imputados, con 23.069.385,51 euros por la mala administración de la sociedad en sus dos últimos años de mandato, que no están siendo investigados por la jueza Mercedes Alaya.
El 12 de junio de 2007, Lopera llega a un acuerdo con Hacienda para el pago aplazado de una deuda de 13.244.657,80 euros, más 4.090.422,05 euros de intereses de demora. Es decir, 17.335.079,85 euros. Este acuerdo estaba condicionado a la cesión en garantía en escritura pública a favor de la Agencia Tributaria de los derechos federativos de la totalidad de los jugadores que integraban la plantilla profesional del Betis en esos momentos, temporada 2007/2008, y los que se pudieran incorporar posteriormente. En dicho acuerdo de concesión se establecía que el Betis debía poner a disposición de Hacienda el 30% obtenido por la transmisión a terceros de los derechos federativos de cualquier jugador perteneciente a la plantilla profesional desde el día siguiente a la notificación del acuerdo y durante la vigencia de la suspensión, así como el mismo porcentaje de las indemnizaciones que el club percibiera por rescisión unilateral de contrato a instancia de cualquiera de dichos jugadores.
La escritura de cesión se realiza, sin el consentimiento de los jugadores, el 2 de agosto de 2007 y en ella se hace una relación y valoración por parte de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) de los jugadores que había entonces en la plantilla, entre los que se encontraban, por ejemplo, Edu, Capi, Doblas, Arzu, Juanito, Odonkor, Mark González, Rivera, Pavone, Xisco, Assunçao o Sobis. Se realizan nuevas escrituras de cesión de derechos cuando se incorporan Emaná, Sergio García, Monzón, Mehmet Aurelio, Nelson, Iriney, Goitia, Oliveira, Nacho y otros.
El Betis se comprometía a pagarle a Hacienda ese 30% por las cesiones o traspasos de los jugadores en el momento de cobrar
El Betis se comprometía a pagarle a Hacienda ese 30% por las cesiones o traspasos de los jugadores en el momento de cobrar. Cuando el cobro se aplazaba se daban unos pagarés con las fechas de cobro, todo con la supervisión de la Liga LNFP, que recibía los contratos de venta o cesión y se encargaba de hacer llegar el dinero a Hacienda.
Se cumple rigurosamente en el caso del traspaso de Wagner al Sao Paulo y de la cesión de Miguel Ángel al Málaga, pero se empieza a engañar a la LNFP y a Hacienda con Sobis.
El 4 de septiembre de 2008 el Betis traspasa a Sobis al Al Jazira por 10.500.000 euros. A la LNFP le comunica que recibirá el dinero en 10 pagos de 1.050.000 euros entre 0ctubre de ese mismo año y marzo de 2011. Sin embargo, los administradores concursales han descubierto que “sorpresivamente, al día siguiente, con fecha 5 de septiembre de 2008, las partes formalizan una adenda a dicho contrato, en cuya virtud se altera el modo de pago del precio por la venta del jugador, que se dispone mediante transferencia bancaria, que tuvo lugar el día 19 de agosto de 2008”. Dicha adenda no fue comunicada a la LFP ni a Hacienda, manteniéndose frente a ambas el pago del 30% del precio por la venta del jugador conforme a lo convenido en el contrato inicial. El Betis dejó de pagar los cuatro últimos pagarés. Se los reclamó la LNFP pero, ya en época de Oliver, contestó que no podía atenderlos por falta de tesorería. Lo mismo ocurre, aunque con algunas variantes, con Bruno, Mark González, Oliveira, Illic y Pavone. Quedan sin atender pagarés por valor de 5.257.000 euros.
Los concursales son muy duros al calificar la conducta de los dirigentes del club
Cuando Hacienda detecta el impago de los pagarés le reclama al Betis el pago de la deuda pendiente el 7 de octubre de 2010, con un recargo de 2.475.797,16 euros. Tanto el club como los administradores concursales reclaman por un defecto de forma en la comunicación de la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico Administrativo Central les da la razón en noviembre de 2011, pese a lo cual los concursales son muy duros al calificar la conducta de los dirigentes del club: “Queda sentado que RBB había incumplido su obligación de ingresar el 30% del importe obtenido por la cesión a terceros de los derechos federativos de los jugadores, por lo que, de no haber mediado este error de forma, se habría ocasionado a la concursada con este comportamiento un quebranto adicional de 2.475.797,16 euros. No puede esta circunstancia evitar de ningún modo ni alcance que la conducta de RBB frente a la LNFP y frente a la AEAT sea extremadamente dolosa, de engaño premeditado”.
Para los administradores concursales, parece evidente que “el Betis dejó de atender a estos vencimientos ante la prevista y decidida voluntad de solicitar su declaración de concurso de acreedores, conocedora de que el efecto de la previsible ejecución que la AEAT pondría en marcha a la vista de estos incumplimientos, quedaría igualmente suspendido con la declaración de concurso”.
Lopera hacía dobles contratos para engañar a Hacienda | Andaluces Diario
TOMÁS FUREST / Sevilla / 29 May 2013
Manuel Ruiz de Lopera fue condenado en 2006 a dos penas de siete meses y medio de cárcel y multa de casi dos millones de euros por dos delitos fiscales que cometió para reducir indebidamente el pago del impuesto de sociedades. Lejos de asustarse, Lopera siguió intentando engañar a la Agencia Tributaria, lo que podría acarrearle la apertura de un nuevo proceso penal. El juez del Mercantil 1, a la vista de la documentación aportada por los administradores concursales para que se declare culpable el concurso de acreedores del Betis, podría ordenar la deducción de testimonio para que se le investigue, vía penal, por presunto intento de estafa. Y es que Lopera, según la Guardia Civil, en calidad de consejero delegado del club, se dedicó a realizar dobles contratos cuando traspasaba o cedía jugadores para engañar a Hacienda, que también podría denunciarlo, al igual que la Fiscalía. La denuncia también podría ir contra el Betis.
El todavía máximo accionista del Betis tiene pendientes varias causas, una por presunto delito societario y/o de apropiación indebida que investiga el Juzgado de Instrucción 6, otra demanda abierta en el Mercantil 1 por presunta adquisición irregular en 1992 de parte de las acciones del Real Betis, y la ya reseñada en este mismo juzgado, aunque no la lleva el mismo juez, en la que los administradores concursales le piden 15 años de inhabilitación y que indemnice al Betis, de manera solidaria con otros imputados, con 23.069.385,51 euros por la mala administración de la sociedad en sus dos últimos años de mandato, que no están siendo investigados por la jueza Mercedes Alaya.
El 12 de junio de 2007, Lopera llega a un acuerdo con Hacienda para el pago aplazado de una deuda de 13.244.657,80 euros, más 4.090.422,05 euros de intereses de demora. Es decir, 17.335.079,85 euros. Este acuerdo estaba condicionado a la cesión en garantía en escritura pública a favor de la Agencia Tributaria de los derechos federativos de la totalidad de los jugadores que integraban la plantilla profesional del Betis en esos momentos, temporada 2007/2008, y los que se pudieran incorporar posteriormente. En dicho acuerdo de concesión se establecía que el Betis debía poner a disposición de Hacienda el 30% obtenido por la transmisión a terceros de los derechos federativos de cualquier jugador perteneciente a la plantilla profesional desde el día siguiente a la notificación del acuerdo y durante la vigencia de la suspensión, así como el mismo porcentaje de las indemnizaciones que el club percibiera por rescisión unilateral de contrato a instancia de cualquiera de dichos jugadores.
La escritura de cesión se realiza, sin el consentimiento de los jugadores, el 2 de agosto de 2007 y en ella se hace una relación y valoración por parte de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) de los jugadores que había entonces en la plantilla, entre los que se encontraban, por ejemplo, Edu, Capi, Doblas, Arzu, Juanito, Odonkor, Mark González, Rivera, Pavone, Xisco, Assunçao o Sobis. Se realizan nuevas escrituras de cesión de derechos cuando se incorporan Emaná, Sergio García, Monzón, Mehmet Aurelio, Nelson, Iriney, Goitia, Oliveira, Nacho y otros.
El Betis se comprometía a pagarle a Hacienda ese 30% por las cesiones o traspasos de los jugadores en el momento de cobrar
El Betis se comprometía a pagarle a Hacienda ese 30% por las cesiones o traspasos de los jugadores en el momento de cobrar. Cuando el cobro se aplazaba se daban unos pagarés con las fechas de cobro, todo con la supervisión de la Liga LNFP, que recibía los contratos de venta o cesión y se encargaba de hacer llegar el dinero a Hacienda.
Se cumple rigurosamente en el caso del traspaso de Wagner al Sao Paulo y de la cesión de Miguel Ángel al Málaga, pero se empieza a engañar a la LNFP y a Hacienda con Sobis.
El 4 de septiembre de 2008 el Betis traspasa a Sobis al Al Jazira por 10.500.000 euros. A la LNFP le comunica que recibirá el dinero en 10 pagos de 1.050.000 euros entre 0ctubre de ese mismo año y marzo de 2011. Sin embargo, los administradores concursales han descubierto que “sorpresivamente, al día siguiente, con fecha 5 de septiembre de 2008, las partes formalizan una adenda a dicho contrato, en cuya virtud se altera el modo de pago del precio por la venta del jugador, que se dispone mediante transferencia bancaria, que tuvo lugar el día 19 de agosto de 2008”. Dicha adenda no fue comunicada a la LFP ni a Hacienda, manteniéndose frente a ambas el pago del 30% del precio por la venta del jugador conforme a lo convenido en el contrato inicial. El Betis dejó de pagar los cuatro últimos pagarés. Se los reclamó la LNFP pero, ya en época de Oliver, contestó que no podía atenderlos por falta de tesorería. Lo mismo ocurre, aunque con algunas variantes, con Bruno, Mark González, Oliveira, Illic y Pavone. Quedan sin atender pagarés por valor de 5.257.000 euros.
Los concursales son muy duros al calificar la conducta de los dirigentes del club
Cuando Hacienda detecta el impago de los pagarés le reclama al Betis el pago de la deuda pendiente el 7 de octubre de 2010, con un recargo de 2.475.797,16 euros. Tanto el club como los administradores concursales reclaman por un defecto de forma en la comunicación de la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico Administrativo Central les da la razón en noviembre de 2011, pese a lo cual los concursales son muy duros al calificar la conducta de los dirigentes del club: “Queda sentado que RBB había incumplido su obligación de ingresar el 30% del importe obtenido por la cesión a terceros de los derechos federativos de los jugadores, por lo que, de no haber mediado este error de forma, se habría ocasionado a la concursada con este comportamiento un quebranto adicional de 2.475.797,16 euros. No puede esta circunstancia evitar de ningún modo ni alcance que la conducta de RBB frente a la LNFP y frente a la AEAT sea extremadamente dolosa, de engaño premeditado”.
Para los administradores concursales, parece evidente que “el Betis dejó de atender a estos vencimientos ante la prevista y decidida voluntad de solicitar su declaración de concurso de acreedores, conocedora de que el efecto de la previsible ejecución que la AEAT pondría en marcha a la vista de estos incumplimientos, quedaría igualmente suspendido con la declaración de concurso”.
Lopera hacía dobles contratos para engañar a Hacienda | Andaluces Diario
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