ABC puede ofrecerles todos los detalles del informe que los administradores concursales del Betis —Antonio González, Francisco Tato y Gerardo Narbona— entregaron el pasado diez de abril en el que calificaron el concurso del club como culpable por la gestión de los administradores de la entidad desde el 13 de enero de 2009 a la misma fecha de 2011. En esta horquilla temporal se retratan dos etapas concretas: las de Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver. Bien diferenciadas pero definidas como «mala», «más que negligente abrumadoramente nefasta» o «insostenible» por parte de los evaluadores, que solicitan castigos severos para sus responsables: dieciséis consejeros y la sociedad Farusa. Esta petición de penas ya fue avanzada por ABC hace semanas y distinguen entre los grados de responsabilidad y permanencia en los cargos señalando con mayor gravedad a José León (quince años de inhabilitación y 29.515.375,84 millones de euros), Manuel Ruiz de Lopera y Farusa (también quince años y 23.069.385,51 euros). En un segundo escalón, Ángel Vergara, Luis Oliver, Manuel Castaño y Jaime Rodríguez-Sacristán (diez años y 6.445.990,33 euros para cada uno).

Luego ocho años de inhabilitación y sin reintegración económica para Francisco Nuchera (por su participación como consejero agravada por sus ausencias), así como para Eduardo Peña, Juan Carlos Roldán, Luis Rementería y Joaquín Zulategui, que se incorporaron en la última etapa «conscientes» de que eran instrumentalizados para sostenerla ante la falta de consejeros. En el caso de Rufino González, Luis Navarro, Antonio Álvarez, José María Blanco y Ángel Martín, sólo cinco años por «su participación o conocimiento indirecto en la gestión de la sociedad», sobre todo en la etapa de Lopera. Dos consejeros de estos años se libran de cargos y son Diego García León y Gregorio Conejo, de quienes se valora «la voluntad decidida de abandonar la gestión de la sociedad en fecha muy reciente en relación al inicio del periodo analizado». Todas las cantidades económicas tienen carácter solidario en función de los tiempos en los que ocuparon cargos de relevancia los afectados. De esta manera, 23.069.385,51 millones se remiten a la etapa del 13 de enero de 2009 al 7 de julio de 2010 y se harían cargo de manera solidaria Lopera, Farusa y León. Mientras, 6.445.990,33 deben ser abonados solidariamente por León, Castaño, Rodríguez-Sacristán, Oliver y Vergara. La solidaridad se refiere a que cada euro que uno abone no lo tiene que pagar otro afectado. No es acumulativo. Al Betis, pues, se le llegaría a reintegrar como máximo 29.155.375,84 euros en este contexto si el Juzgado de lo Mercantil número 1 estima todas las conclusiones de este escrito.

El informe es realmente extenso (276 páginas) y ofrece detalles muy significativos del proceder irresponsable, cuanto menos, de ambos consejos de administración para alcanzar el grado de insolvencia que conllevó la entrada en el concurso de acreedores de la sociedad. Los administradores concursales adjuntan 175 documentos (contratos, actas de consejos, documentos de la Agencia Tributaria, etc.) y evidencian, aunque no incluyen en las cantidades referidas anteriormente los 1.318.231,60 que están inmersos en la acción social de responsabilidad que denunció el Betis en su día contra muchos de estos gestores para que no sea juzgado dos veces. Los administradores desmontan la teoría de que la mala gestión llegó «por el azar deportivo», sino por el «absoluto desequilibrio y desproporción en la razonable estructura de ingresos y gastos de la entidad». Todo ello ha derivado en la situación de insolvencia por un modelo de gestión que desestructura los ingresos y gastos de gestión de una forma «más que imprudente, temeraria», que «desprecian» los cánones elementales de la actividad empresarial.

Apuntan los concursales que los resultados negativos de este periodo en las cuentas del Betis son de 50.253.094,08 euros. Advirtiendo que «debieron haberse puesto los medios necesarios para corregir los desequilibrios» pero no se pusieron, sino que con el descenso «se agravaron aún más», haciendo hincapié en los costes de personal deportivo, multiplicados y muy lejos de los ingresos de la entidad, gastando más de lo presupuestado y aumentando el pasivo. Todo ello condujo a la insolvencia de manera dolosa. Y ponen como ejemplo positivo la gestión de la 2011-12 para corregir los desequilibrios con importantes resultados positivos.

Se destacan varios apartados en el informe sobre la agravación de la insolvencia. En primer lugar, por la contratación con terceros en momentos inmediatamente anteriores a la solicitud o declaración del concurso: los fichajes de Jorge Molina (2,4 millones de euros), Rubén Castro (1,7) y Salva Sevilla (236.000 euros). Además, se afea la «falta de ética» al perjudicar a las entidades afectadas, dos de las cuales (Deportivo y Córdoba) entraron en concurso. Además, se pone de manifiesto la mala gestión de los recursos financieros por los recargos de apremio de 2.346.694,07 euros de la deuda con la Agencia Tributaria. En segundo lugar, el pago anticipado de deuda a la Agencia Tributaria garantizada por Lopera: algo que los concursales señalan que se hizo antes de la venta a Bitton al estar avaladas por Lopera, Farusa y otras sociedades de éste. La cantidad es de 2.052.351,81 euros.

«Desviación de fondos»

En otros apartados se refiere a la irregularidad contable relevante (falta de provisiones), la inexactitud grave en los documentos que acompañan a la solicitud del concurso (listado de acreedores con una diferencia de quince millones de euros con la real, algo que sorprende a los administradores por la cuantía de la prestación de los servicios de la consultora Orion), actos que retrasan o impiden la eficacia de la previsible ejecución (la opaca Patrimonial Real Betis)… Y la fotografía del perjuicio de la etapa de Oliver y el movimiento de cantidades importantes de dinero con la «salida fraudulenta de bienes y derechos del patrimonio del Betis». En este punto está la rescisión y venta de Mehmet Aurelio y Sergio García, se aporta la contratación de la consultora Orión (227.000 euros) de manera «inexplicable» por su «desproporción» por la composición de la empresa y estar sus emolumentos «fuera de mercado», así como la de Deleytax Auditores, «una desviación de fondos del Betis realizada de forma fraudulenta» ya que se contrataron sus trabajos a través de uno de los compradores antes incluso de ser consejero del Betis. El club pagó 35.400 euros a esta empresa, así como a Lucerna Technology, que ofrecía «servicios inexistentes». A todo esto le añaden la «imputación de gastos ajenos a la entidad», con «cargos indiscriminados» en concepto de «alojamineto, desplazamientos, móviles y manutención por un total de 74.900,08 euros que realmente correspondían a Oliver o personas vinculadas a éste y a actividades ajenas al Betis». Por ejemplo: constantes billetes de Ave a Zaragoza, otro a Roma, alojamiento en suites cargada a cuentas de desplazamientos de escalafones inferiores, alquiler de coches, hoteles que no coinciden con desplazamientos del equipo, catering… Todo lo anterior suma 1.318.231,60 euros, que están en la acción social de responsabilidad. Los administradores concursales concluyen afirmando «con contundencia» que la responsabilidad alcanza a todos los consejeros (con las dos excepciones mencionadas anteriormente). Su solicitud ya está hecha, y ahora debe ser el Juzgado de lo Mercantil el que tome la decisión final.

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