Los concursales piden que Lopera, Oliver y sus consejeros devuelvan cien millones
| Escrito por M.J. Pereira / M. González |
| Jueves 11 de Abril de 2013 22:37 |
 Lopera junto al que fuera su ConsejoEl informe en el que se detalla la calificación del concurso de acreedores del Betis como culpable es demoledor contra Manuel Ruiz de Lopera, Luis Oliver y quienes integraron sus consejos de administración, ya que se solicita la restitución de 100,3 millones de euros e inhabilitaciones que alcanzan los quince años para los máximos responsables, según ha podido conocer ABC. La propuesta de responsabilidades civiles y las peticiones de inhabilitación son contundentes por la mala gestión de la sociedad anónima en los dos años previos a la declaración del concurso, al que se llegó con una deuda estimada de unos 90 millones de euros, es decir, desde el 12 de enero de 2009 hasta la misma fecha de 2011. En esos años, el equipo verdiblanco descendió a Segunda división en junio de 2009 y mantuvo una plantilla inasumible por su coste en esa categoría, además de no conseguir el ascenso e invertir de nuevo cantidades importantes tanto en fichajes como rescisiones en el verano de 2010, ya con Luis Oliver al frente. Salen realmente mal parados en esta propuesta los máximos dirigentes en esta etapa: Manuel Ruiz de Lopera, Farusa (representada hasta finales de 2009 por Luis Salcedo), José León, Jaime Rodríguez-Sacristán, Manuel Castaño, Luis Oliver y Ángel Vergara. Todos ellos son considerados responsables de la entrada en concurso del Betis y soportan las propuestas más onerosas así como las inhabilitaciones más contundentes. Pero tampoco se libran en el escrito de Antonio González, Francisco Tato y Gerardo Narbona los diez consejeros restantes que aparecieron en este tramo, entre los que se encuentran Rufino González, Luis Rementería y Joaquín Zulategui, entre otros. El desglose de los 100,3 millones de euros que aparecen en esta relación es una fotografía de los responsables de la deriva económica del club hacia un concurso sin paliativos y que embarga el futuro inmediato de la entidad con un plan de viabilidad que se prolongará durante ocho años. A José León, presidente del Betis en la fecha de inicio de este marco (12 de enero de 2009) hasta que anuncia su dimisión el primero de octubre de 2010 (aunque no es efectiva hasta la junta de accionistas del 13 de diciembre de ese año), se le solicita por parte de los administradores concursales en su escrito que reintegre 29,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil y quince años de inhabilitación para ejercer como administradores de cualquier compañía. Contra Manuel Ruiz de Lopera, consejero delegado del Betis desde aquel 12 de enero de 2009 hasta el traspaso de poderes a Luis Oliver el 7 de julio de 2010, proponen que devuelva al club 23 millones de euros y que sea inhabilitado también por quince años, cantidades y fechas similares Farusa, que estuvo representada en el consejo de administración bético durante el tiempo que Lopera rigió sus designios y que tuvo como representante hasta finales de 2009 a Luis Salcedo. En el segundo escalón en la contundencia de las responsabilidades que se piden a los gestores del Betis de esos dos años previos a la admisión del concurso se encuentran Jaime Rodríguez-Sacristán, Manuel Castaño, Luis Oliver y Ángel Vergara. En el primer caso, a Rodríguez-Sacristán, consejero en la etapa de Lopera desde el 12 de enero de 2009 hasta el 14 de julio de 2010 y con el mismo cargo hasta la dimisión de León en octubre de ese año, cuando tomó el cargo de presidente del Betis (cargo que abandonó en la asamblea de diciembre de 2010 cuando entró Rafael Gordillo como máximo dirigente), le piden seis millones de euros y diez años de inhabilitación, exactamente lo mismo que a Manuel Castaño, que ocupó el mismo cargo de consejero en las directivas de las dos etapas. Mientras, con Luis Oliver y Ángel Vergara, que ocuparon cargos en el consejo bético desde que el 7 de julio de 2010 se escenificó el traspaso de poderes por la venta de las acciones de Farusa a Bitton Sport hasta la junta de diciembre de 2010, la cantidad crece hasta los 6,4 millones y se mantiene la propuesta de inhabilitación por diez años para cada uno de ellos. Para el resto de consejeros se calibran solicitudes de inhabilitación para ejercer cargos en cualquier compañía que alcanzan los 19,5 años a repartir entre ellos. Cada caso tiene su propia consideración. Por ejemplo, Luis Rementería y Joaquín Zulategui, que ingresaron en el club en la última etapa de Oliver, han recibido propuestas de inhabilitación durante ocho años, mientras que Rufino González, que estuvo en los consejos de Lopera y Oliver hasta que dimitió en octubre de 2010 también aparece en este listado. Todas estas propuestas de los administradores concursales del Betis han de ser ahora validadas o rechazadas por el Ministerio Fiscal, que probablemente solicite una prórroga a los diez días que tiene para emitir su opinión para estudiar bien todos los casos y pronunciarse. Posteriormente se conocerá la versión de los afectados y el asunto está abocado a acabar en una vista en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, cuyo titular es el magistrado Eduardo Gómez López. La contundencia del escrito es tal que ha sorprendido por las cuantías ya que un grupo de accionistas béticos y la plataforma Por Nuestro Betis habían solicitado a finales de 2012 en sus alegaciones que se castigara económicamente a Lopera y Oliver, principalmente, con la restitución de hasta 25 millones de euros, una cantidad multiplicada ahora por los administradores concursales en su resolución. Las inhabilitaciones de quince años para ejercer en cualquier sociedad son las máximas aplicables. Si estas propuestas salen adelante significarían un cambio absoluto en el panorama accionarial del Betis y condicionarían de manera definitiva el gobierno de la entidad, ya que su trascendencia es significativa por las cantidades así como la posibilidad de dejar sin margen de maniobra a quienes tenían aspiraciones de regresar al club para retomar su mando. Los concursales piden que Lopera, Oliver y sus consejeros devuelvan cien millones |
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