El próximo 28 de junio, a las 12 horas, llega el momento de la verdad para los clubes de fútbol. Es la fecha límite que tienen para pagar sus deudas con jugadores y técnicos. Si no lo hacen, descenderán de categoría, según establece el Reglamento de la Federación de Clubes de Fútbol. Tampoco se salvarán los clubes que estén en concurso, como ocurría hasta ahora, ya que una disposición de la reforma concursal lo impide.

La burbuja del fútbol se va deshaciendo poco a poco. Los clubes cada vez encuentran menos comprensión por parte de la Administración española, que ya no puede hacer la vista gorda ante estas deudas –lo que le pondría bajo sospecha de dar ayudas de Estado– ni ante las autoridades del fútbol internacional. Parafraseando a Arsène Wenger, entrenador del Arsenal, la consigna que está calando es que "hay que terminar con el dóping financiero".

El Reglamento de 2010 llevó a los clubes a destinar sus escasos recursos al pago de los salarios en vez de liquidar deudas con otros trabajadores, con proveedores o incluso con la Seguridad Social o Hacienda.




Grandes morosos


El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que va a lanzar, antes de abril, una reforma de la Ley General Tributaria y de la Ley de Protección de Datos que le permita publicar una lista de grandes defraudadores y morosos, a imagen de la que cuelgan algunos países anglosajones. Los clubes de fútbol son firmes candidatos a liderar la lista de grandes morosos. Si en 2011 la deuda de los clubes de Primera División con la Administración, sin contar la que tienen con la Seguridad Social, era de 409,96 millones de euros (ver cuadro adjunto), en marzo de 2012 los clubes de fútbol profesional mantenían una deuda con la Agencia Tributaria de 752,29 millones de euros, según los datos que el Gobierno facilitó en respuesta a la pregunta parlamentaria realizada por Izquierda Unida (IU). El Gobierno dividió esta deuda en tres categorías: los clubes de Primera División debían 489,93 millones; los de Segunda, 184,18 millones, y los englobados en la categoría No quinielas, 78,18 millones. A 30 de abril de 2008, la deuda ascendía a 607,35 millones. Es decir, que en cuatro años la deuda de los clubes de fútbol aumentó en casi 145 millones de euros, en concreto, 144,93 millones.

Sin embargo, esta sanción federativa no soportó la prueba del concurso. Los jueces resolvían que la pérdida de categoría no podía aplicarse al club en concurso por resultar incompatible con los principios de la Ley Concursal. Hasta que entró en vigor la reforma en enero de 2012. La Disposición Adicional 2ª bis de la reforma concursal establece un régimen especial para entidades deportivas por el que en el caso de que entren en concurso, deben regirse por el Reglamento y bajar de categoría si no pagan a jugadores ya técnicos.

La hora de la verdad llega y hay varios clubes que se encuentran en un momento delicado. El Deportivo de La Coruña acaba de presentar concurso y Hacienda le ha embargado las taquillas. Está en riesgo de descenso a Segunda División B a partir del 28 de junio de 2013.

El Málaga CF, por su parte, ha sido sancionado por la UEFA, de acuerdo con su Reglamento de Financial Fairplay de 2009, y se le prohíbe participar en competiciones europeas durante cuatro temporadas aunque se clasifique.

No es la situación del Atlético de Madrid, que debe más de 99 millones de euros a Hacienda, lo que no le ha impedido fichar a Radamel Falcao por 40 millones. El Málaga ha esgrimido este tipo de casos ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS), ya que considera que sufre un trato injusto.

El RCD Español ha superado la demanda de concurso necesario que presentó su exportero Carlos Kameni y negocia con Hacienda una refinanciación de 30 millones.

El club pionero en la nueva normativa concursal ha sido el Lleida. La administración concursal propone culpar a Hacienda y a la Seguridad Social de complicidad por haberle permitido operar en situación de insolvencia durante seis temporadas, por lo que podrían perder el crédito de 15 millones que se les debe.

A todo esto se suman las líneas maestras del Proyecto de Ley de Insolvencias en el Deporte que el PP se comprometió a aprobar, que indican que la insolvencia se castigará, además de con la bajada de categoría, con la suspensión de licencia y de fichajes.

Desde Sala & Serra Abogados alaban "la actitud de las Administraciones, que empiezan a instar el apremio por las deudas del club (independientemente de qué institución se trate), en la medida en que implica un cambio de actitud del Gobierno frente a entidades que, hasta ahora, han gozado de un trato privilegiado de facto por parte del sector público que consideramos absolutamente injustificado".

La insolvencia del fútbol muestra, en opinión de los expertos, el fracaso del marco definido por la Ley del Deporte de 1990, del que forma parte la omisión del Consejo Superior de Deportes y de la Liga de Fútbol Profesional de su cometido como controladores.

Así, Miquel Àngel Alonso Latorre, socio de Roca Junyent, cree que "no puede confiarse en que los clubes puedan resolver por sí solos el conflicto entre la gestión económica prudente y la ambición propia de la gestión deportiva ya que, a diferencia de lo que ocurre en cualquier otra compañía, el socio de una entidad deportiva no espera de sus gestores resultados económicos en forma de dividendos sino resultados deportivos en forma de títulos o permanencia en la categoría, aunque sea a costa del endeudamiento desaforado".

Por consiguiente, remacha Alonso Latorre, "la solución a la crisis del fútbol profesional pasa por una redefinición del modelo que establezca un sistema de supervisión efectivo e inmediato de las finanzas y que garantice que el presupuesto se ajuste a sus ingresos y no descanse en los acreedores, públicos y privados, vayan a ser tolerantes con su deuda".

http://www.expansion.com/2013/02/19/...ml?cid=SIN8901