La maraña judicial del Betis
El Betis funciona a pesar de su judicialización. El aficionado apenas nota lo que hay alrededor de su equipo porque éste funciona deportivamente, ha recuperado la paz social, cuenta con una estructura normalizada, adecenta sus cuentas y mira hacia el futuro con optimismo. Sin embargo, quienes hoy llevan el club están en una situación provisional. Impuestos por un juzgado, la posibilidad de la recuperación para Farusa de los derechos políticos de las acciones está siempre latente y ahora se revitaliza con el presumible cambio de instructor del caso principal. Además, hay otras vías por lo Mercantil a causa de la adquisición de acciones y el concurso de acreedores, así como el embargo de las acciones de la propia Farusa por parte del Benfica por impagos en el traspaso de Nelson. Una maraña judicial que hay que tener clara para conocer cuál será el futuro del Betis.
Alaya y la administración judicial. Es la vía penal. Se lleva en el Juzgado de lo Instrucción número 6, que conduce Mercedes Alaya con una acusación contra Lopera por delito societario continuado y apropiación indebida. Su prolongada baja ha impedido que la investigación esté concluida. La juez dictó en 2010 las medidas cautelares que sostienen el gobierno actual en el Betis, con José Antonio Bosch como administrador. Los dos informes periciales acerca de las prácticas de Lopera con sus sociedades (Tegasa, Encadesa) para gestionar el Betis y beneficiarse de ello son demoledores:_25 millones de perjuicios para el club. A Alaya le impidieron investigar el proceso de adquisición de las acciones en 1992. Fue el único revés por parte de la Audiencia, que ha bendecido casi todas sus actuaciones. Incluidas las medidas cautelares, algo que se había pronosticado de manera contraria a finales de enero de 2011, cuando fueron ratificadas. La permanencia de las mismas por más de dos años y medio es lo que provoca nerviosismo, ya que tanto la defensa como la Fiscalía se han opuesto a las mismas desde antes de que fueran impuestas. El Ministerio Fiscal, tras impulsar la denuncia en 2008, cambió su parecer y lleva tiempo coincidiendo con las tesis de Lopera. La instrucción está prácticamente concluida ya que sólo resta que se ratifique el segundo informe, atender a la recurrente petición de la Fiscalía y poco más. La coincidencia en el mismo juzgado con otras causas muy densas y relevantes (ERE fraudulentos) ha provocado una demora exagerada. Una vez que todo esto se supere, el caso se traslada a la Audiencia Provincial, que se encargará de celebrar el juicio. Será este organismo entonces quien decida si las medidas se levantan o no, si no lo hace antes quien se encargue de suplir a Alaya (hoy se decide), algo que se considera improbable por la cercanía del fin de la instrucción, el beneficio para la entidad de estas medidas, la alarma social que supondría y el peligro para el concurso que provocaría devolver la gestión a quienes no demostraron ser fiables en el pago, lo que podría conllevar la desaparición. Tampoco está claro quién «regresaría», si Lopera u Oliver, ya que la venta a Bitton también tiene su proceso judicial. Eso sí, no se discute la propiedad de las acciones de Farusa, sino el perjuicio que ésta, de la mano de las sociedades controladas por Lopera, ha causado al Betis. Las penas serían de cárcel y de restitución para el club de cantidades muy superiores al daño efectuado.
La propiedad de las acciones. Es la vía civil y está en el Juzgado de lo Mercantil número 1. Un grupo de accionistas béticos presentó una demanda para discutir que el 31% de las acciones del Betis que son propiedad de Farusa hubieran sido desembolsadas en su momento (1992). Sospechan que Lopera urdió una maniobra para hacerse con el control del club utilizando fondos del Betis, como el famoso préstamo de 1,8 millones de euros de las cajas de ahorros. Ha sido admitida a trámite y se han aprobado otras medidas cautelares (aunque se espera el fallo de la Audiencia ante el recurso de la defensa), pero permanecen en la suplencia. Se nombraría a un administrador judicial para que controlara el citado 31% si la intervención dictada por Alaya y que tiene a Bosch controlando el club llega a su fin. Este caso sí atenta contra el dominio absoluto del Betis por parte de Lopera. Lo que solicitan estos béticos, además, es que esas acciones, si se demuestra que Lopera no lo abonó, sean repartidas. Eso sí, Farusa, en principio, seguiría como el máximo accionista con el 20 por ciento restante, aunque esa cantidad también puede ser discutida.
La calificación del concurso. El Betis ha vivido condicionado por una administración concursal que fijó un plan de viabilidad que ha de cumplir a rajatabla la entidad para no tener riesgo de liquidación. Ocho años con un calendario de pagos inflexible. La sexta fase del concurso es la calificación. Un grupo de accionistas béticos y Por Nuestro Betis han presentado alegaciones en las que consideran que debe ser como culpable y no fortuito. La diferencia es sensible, ya que en el primer caso se considera que los administradores del club en los dos años previos a la declaración del concurso (del 17 de enero de 2009 a la misma fecha de 2011, es decir, los consejos de Lopera y Oliver) perjudicaron al club y deberían responder económicamente ante el mismo (más de 25 millones se les solicita en una de las alegaciones) y conllevaría la inhabilitación de los culpables (Lopera, Oliver, Castaño, etc.) para conducir sociedades de dos a quince años. Y si es fortuito es que se entiende que la dinámica de la gestión de la entidad ha llevado al concurso sin mala fe. Los administradores tienen que decidir ya y luego, la Fiscalía. Si alguno considera que es culpable, habrá una vista en la que se decidirá.
El embargo de Farusa por el Benfica. Es el caso más discreto. El impago de 2,2 millones del traspaso de Nelson provocó que el Juzgado de Primera Instancia número 9 decretara el embargo de la sociedad que tiene el paquete mayoritario del Betis.
La maraña judicial del Betis
El Betis funciona a pesar de su judicialización. El aficionado apenas nota lo que hay alrededor de su equipo porque éste funciona deportivamente, ha recuperado la paz social, cuenta con una estructura normalizada, adecenta sus cuentas y mira hacia el futuro con optimismo. Sin embargo, quienes hoy llevan el club están en una situación provisional. Impuestos por un juzgado, la posibilidad de la recuperación para Farusa de los derechos políticos de las acciones está siempre latente y ahora se revitaliza con el presumible cambio de instructor del caso principal. Además, hay otras vías por lo Mercantil a causa de la adquisición de acciones y el concurso de acreedores, así como el embargo de las acciones de la propia Farusa por parte del Benfica por impagos en el traspaso de Nelson. Una maraña judicial que hay que tener clara para conocer cuál será el futuro del Betis.
Alaya y la administración judicial. Es la vía penal. Se lleva en el Juzgado de lo Instrucción número 6, que conduce Mercedes Alaya con una acusación contra Lopera por delito societario continuado y apropiación indebida. Su prolongada baja ha impedido que la investigación esté concluida. La juez dictó en 2010 las medidas cautelares que sostienen el gobierno actual en el Betis, con José Antonio Bosch como administrador. Los dos informes periciales acerca de las prácticas de Lopera con sus sociedades (Tegasa, Encadesa) para gestionar el Betis y beneficiarse de ello son demoledores:_25 millones de perjuicios para el club. A Alaya le impidieron investigar el proceso de adquisición de las acciones en 1992. Fue el único revés por parte de la Audiencia, que ha bendecido casi todas sus actuaciones. Incluidas las medidas cautelares, algo que se había pronosticado de manera contraria a finales de enero de 2011, cuando fueron ratificadas. La permanencia de las mismas por más de dos años y medio es lo que provoca nerviosismo, ya que tanto la defensa como la Fiscalía se han opuesto a las mismas desde antes de que fueran impuestas. El Ministerio Fiscal, tras impulsar la denuncia en 2008, cambió su parecer y lleva tiempo coincidiendo con las tesis de Lopera. La instrucción está prácticamente concluida ya que sólo resta que se ratifique el segundo informe, atender a la recurrente petición de la Fiscalía y poco más. La coincidencia en el mismo juzgado con otras causas muy densas y relevantes (ERE fraudulentos) ha provocado una demora exagerada. Una vez que todo esto se supere, el caso se traslada a la Audiencia Provincial, que se encargará de celebrar el juicio. Será este organismo entonces quien decida si las medidas se levantan o no, si no lo hace antes quien se encargue de suplir a Alaya (hoy se decide), algo que se considera improbable por la cercanía del fin de la instrucción, el beneficio para la entidad de estas medidas, la alarma social que supondría y el peligro para el concurso que provocaría devolver la gestión a quienes no demostraron ser fiables en el pago, lo que podría conllevar la desaparición. Tampoco está claro quién «regresaría», si Lopera u Oliver, ya que la venta a Bitton también tiene su proceso judicial. Eso sí, no se discute la propiedad de las acciones de Farusa, sino el perjuicio que ésta, de la mano de las sociedades controladas por Lopera, ha causado al Betis. Las penas serían de cárcel y de restitución para el club de cantidades muy superiores al daño efectuado.
La propiedad de las acciones. Es la vía civil y está en el Juzgado de lo Mercantil número 1. Un grupo de accionistas béticos presentó una demanda para discutir que el 31% de las acciones del Betis que son propiedad de Farusa hubieran sido desembolsadas en su momento (1992). Sospechan que Lopera urdió una maniobra para hacerse con el control del club utilizando fondos del Betis, como el famoso préstamo de 1,8 millones de euros de las cajas de ahorros. Ha sido admitida a trámite y se han aprobado otras medidas cautelares (aunque se espera el fallo de la Audiencia ante el recurso de la defensa), pero permanecen en la suplencia. Se nombraría a un administrador judicial para que controlara el citado 31% si la intervención dictada por Alaya y que tiene a Bosch controlando el club llega a su fin. Este caso sí atenta contra el dominio absoluto del Betis por parte de Lopera. Lo que solicitan estos béticos, además, es que esas acciones, si se demuestra que Lopera no lo abonó, sean repartidas. Eso sí, Farusa, en principio, seguiría como el máximo accionista con el 20 por ciento restante, aunque esa cantidad también puede ser discutida.
La calificación del concurso. El Betis ha vivido condicionado por una administración concursal que fijó un plan de viabilidad que ha de cumplir a rajatabla la entidad para no tener riesgo de liquidación. Ocho años con un calendario de pagos inflexible. La sexta fase del concurso es la calificación. Un grupo de accionistas béticos y Por Nuestro Betis han presentado alegaciones en las que consideran que debe ser como culpable y no fortuito. La diferencia es sensible, ya que en el primer caso se considera que los administradores del club en los dos años previos a la declaración del concurso (del 17 de enero de 2009 a la misma fecha de 2011, es decir, los consejos de Lopera y Oliver) perjudicaron al club y deberían responder económicamente ante el mismo (más de 25 millones se les solicita en una de las alegaciones) y conllevaría la inhabilitación de los culpables (Lopera, Oliver, Castaño, etc.) para conducir sociedades de dos a quince años. Y si es fortuito es que se entiende que la dinámica de la gestión de la entidad ha llevado al concurso sin mala fe. Los administradores tienen que decidir ya y luego, la Fiscalía. Si alguno considera que es culpable, habrá una vista en la que se decidirá.
El embargo de Farusa por el Benfica. Es el caso más discreto. El impago de 2,2 millones del traspaso de Nelson provocó que el Juzgado de Primera Instancia número 9 decretara el embargo de la sociedad que tiene el paquete mayoritario del Betis.
La maraña judicial del Betis
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