Escrito por Mateo González
Miércoles 09 de Mayo de 2012 02:00

Betis: Lopera en una imagen de archivo

Lopera en una imagen de archivo
Varios accionistas béticos, en coordinación con las asociaciones Béticos por el Villamarín, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos, querellantes en el proceso abierto contra Manuel Ruiz de Lopera en el Juzgado de Instrucción número 6, van a presentar antes de finales de este mes una demanda civil contra el exconsejero delegado del Betis con la intención de reclamar la nulidad de la suscripción de parte de las acciones de las que se hizo cargo la sociedad Farusa el 30 de junio de 1992 y que le dio el poder del club. Los títulos que se discuten representan en torno al 30 por ciento de las de la entidad y esta pretendida nulidad dividiría el paquete mayoritario, compuesto por el 51,34 por ciento. La pretensión de estos béticos es demostrar que Lopera en su día no desembolsó las cantidades que por ley debía para obtener dicho paquete. Y se basan, principalmente, en las constantes apreciaciones e indicios de la juez Mercedes Alaya durante la instrucción del caso contra Lopera por presunto delito societario y apropiación indebida, en las que se refiere a estos hechos aunque la Audiencia Provincial anulara en febrero de 2010 su intención de ampliar la investigación al 92. Por lo que el que ahora se proyecta es un proceso paralelo que concluiría con la atomización y democratización de las acciones, puesto que se situarían en autocartera para ser repartidas de nuevo entre los béticos.



La semana pasada se produjo una reunión decisiva entre estos accionistas y algunos representantes de las plataformas mencionadas con el objeto de estar coordinados para la presentación de esta demanda, que supone la verdadera batalla en la situación referente al club. Y es que la intervención judicial tiene fecha de caducidad al ser medidas cautelares y está pendiente de lo que se dictamine en un juicio pero no se pone en cuestión la propiedad de las acciones, que es lo que garantiza el real gobierno de la entidad. Con esta nueva vía, preparada desde hace meses en un trabajo descomunal por parte de un grupo de juristas, se pretende quebrar ese paquete mayoritario definitivamente. Lo que nunca estará en cuestión, eso sí, es el proceso de conversión del club en sociedad anónima.





Farusa tiene en su poder, aunque ahora intervenidas judicialmente e incluso embargadas por el Benfica, 55.350 acciones y la batalla de esta demanda civil se orienta hacia 30.869 que supuestamente se abonaron con un crédito suscrito por el club con las cajas de ahorro del que se encargó Farusa para amortizar a unos plazos posteriormente incumplidos.





Los autos de Alaya son evidentes en este sentido, sobre todo los previos a esa resolución de la Audiencia de 2010 en la que le parcelaba la investigación. En septiembre de 2009 estudiaba los contratos de conversión del Betis en SAD, en los que detectaba «irregularidades por parte de Farusa en la suscripción y desembolso de las 30.869 acciones que adquirió a 30 de junio de 1992». Añadiendo que Lopera «se irrogó los derechos políticos de las mencionadas acciones cuando presuntamente no había desembolsado ni en esa fecha, ni en fechas muy posteriores el importe de las mismas».





Fue clave en este sentido el préstamo de 1,85 millones de euros de dos cajas de ahorro sindicado por Lopera, Hugo Galera y varios directivos. Con esa operación se pretendía llegar al capital mínimo para la conversión del club en SAD. Se llevó a cabo esta operación porque Lopera prometió subrogarse en solitario el citado crédito de las cajas, abonar él mismo la cantidad y aparecer como el «salvador». Pero las investigaciones judiciales rechazan esa subrogación. «Con ese paquete de acciones de Farusa, que se amplió hasta 55.350, unido a las propias, D. Manuel Ruiz de Lopera se convierte en accionista mayoritario y rector desde ese momento de los designios del Real Betis Balompié», señalaba entonces Alaya.





Esta demanda civil lleva preparándose desde hace tiempo y un año atrás se daba como ultimada, pero diversas matizaciones han surgido para buscar los consensos finales. Se espera que, con ello, la próxima semana se iniciará un nuevo camino paralelo al proceso de instrucción que se lleva por parte de Alaya y relevante porque se discute la propiedad de las acciones, la verdadera parte del león.

Fuente: La demanda civil contra la compra de acciones de Lopera en el 92 es inminente